Revocan domiciliaria a exconcejales en el Caso Chocolate Rigau
El regreso a la normalidad: cuando el sistema se corrige a sí mismo
Hay postales que definen una época. La de un hombre, Julio “Chocolate” Rigau, parado frente a un cajero automático con 49 tarjetas de débito ajenas y una lista con sus claves, es una de ellas. No por lo espectacular, sino por lo brutalmente sincero. Fue el instante en que un secreto a voces, un murmullo constante en los pasillos del poder, se convirtió en una pila de plástico y evidencia. Lo que siguió fue una coreografía ya conocida: la sorpresa inicial, la indignación mediática y el lento pero inexorable avance de una causa judicial que prometía tirar de un hilo hasta deshacer el pullover completo.
Ese hilo condujo, como era de esperarse, a nombres de mayor peso. Figuras como Claudio “el Turco” Albini y su hijo Facundo, señalados como los cerebros detrás del puntero que iba al cajero. La investigación los ubicó como presuntos jefes de una asociación ilícita dedicada a defraudar a la administración pública. En este contexto, la justicia, en su primera instancia, había mostrado su faceta más comprensiva, otorgándoles la prisión domiciliaria. Un beneficio que, para el ciudadano de a pie, suele sonar a un privilegio. Una forma de transitar un proceso penal con las comodidades del hogar, lejos de la realidad menos amable del sistema penitenciario. La justificación, como casi siempre, se anclaba en cuestiones de salud y edad, argumentos que resuenan con un eco de nobleza, pero que en ciertos contextos, invitan a una reflexión un poco más profunda.
El laberinto de la Justicia y el confort del hogar
La prisión domiciliaria no es un derecho adquirido, sino una excepción a la regla. Una herramienta que el sistema prevé para situaciones específicas, donde la cárcel común podría representar un riesgo desproporcionado para el imputado. Sin embargo, su aplicación a menudo genera un debate silencioso sobre la equidad. La decisión inicial del juez de garantías de conceder este beneficio a los Albini se basó en informes que acreditaban ciertas condiciones de salud. Era, en apariencia, una decisión técnica y humana.
Pero la Cámara de Apelaciones y Casación Penal introdujo una perspectiva diferente, una que parece más anclada en la tierra. En un fallo reciente, los jueces decidieron revocar esa medida. Su argumento es de una lógica aplastante: la gravedad de los delitos imputados, el rol central que se les atribuye en la organización y, fundamentalmente, el riesgo de que en libertad —incluso domiciliaria— pudieran entorpecer la investigación o planear una fuga. De pronto, la balanza se inclinó. El tribunal consideró que los problemas de salud podían ser atendidos perfectamente dentro del servicio penitenciario. Fue un golpe de realismo, un recordatorio de que el estatus de “presunto jefe” de una red de corrupción conlleva ciertas responsabilidades procesales que no se disuelven con un diagnóstico médico.
La incómoda realidad de la asociación ilícita
Es fundamental entender qué significa la figura de “asociación ilícita”. No hablamos de un grupo de amigos que comete un error. Hablamos de una estructura organizada con permanencia en el tiempo, con roles definidos y un objetivo común: delinquir. En el “Caso Chocolate”, la acusación fiscal pinta el cuadro de una empresa criminal montada dentro del propio Estado. Un mecanismo donde se designaban “ñoquis” —empleados que no trabajaban—, se les retenían sus tarjetas de débito y se extraía sistemáticamente su sueldo mes a mes.
Esta maquinaria, según la investigación, movió cifras millonarias. El dinero, que debía pagar el sueldo de un trabajador, terminaba en los bolsillos de los organizadores de la red. Por eso, la decisión de la Cámara no solo afecta la situación personal de los imputados; también envía un mensaje. Sostiene que liderar una organización de esta naturaleza es un factor de riesgo procesal en sí mismo. La capacidad de coordinación, los contactos y los recursos que se presumen en quien dirige una red así, son elementos que la justicia debe ponderar a la hora de decidir si una persona puede esperar su juicio desde el living de su casa o desde una celda. Una verdad incómoda, pero necesaria para comprender la dimensión del caso.
Lecciones no aprendidas y el futuro de una causa emblemática
Que se revoque una prisión domiciliaria no debería ser una noticia extraordinaria. Debería ser la consecuencia lógica de una evaluación de riesgos. Sin embargo, en el contexto actual, se percibe como una victoria. Una señal de que el sistema, a veces, funciona como debe ser. Este caso, que empezó con un hombre y una pila de tarjetas, se ha convertido en un símbolo de una forma de hacer política y administrar lo público que se creía endémica e intocable. La investigación ha demostrado una pasmosa facilidad para montar un esquema de fraude masivo, utilizando las propias herramientas del Estado.
El camino judicial es largo. Esta decisión es apenas un capítulo. Pero uno significativo. Obliga a reflexionar sobre la delgada línea que separa la clemencia judicial del privilegio. Pone sobre la mesa que la impunidad no solo se construye con sentencias absolutorias, sino también con procesos penales transitados en condiciones de confort que la mayoría de los ciudadanos no podría ni soñar. El “Caso Chocolate” sigue su curso, pero esta corrección procesal nos recuerda algo elemental: que la ley, para ser creíble, debe aspirar a ser la misma para todos. Incluso para aquellos que, hasta ayer, parecían tener las claves para burlarla.
