Procesamiento de Alberto Fernández por el caso Seguros
Crónica de un desenlace anunciado
Hay noticias que, más que sorprender, confirman una sospecha latente, una de esas verdades incómodas que flotan en el aire hasta que un papel oficial les da entidad. El procesamiento del expresidente Alberto Fernández por el juez Julián Ercolini es una de ellas. La figura es contundente: presunta administración fraudulenta y cohecho en la causa por los seguros de los créditos a jubilados. Para que quede claro el calibre de la cuestión, el embargo preventivo sobre sus bienes se fijó en la módica suma de 20 mil millones de pesos. Una pila de dinero que, según la justicia, representa el perjuicio ocasionado al Estado.
Todo comenzó, como suelen comenzar estas historias, con una buena intención plasmada en el Boletín Oficial. En diciembre de 2021, el entonces presidente firmó el Decreto 823/2021. La norma, a simple vista, parecía impecable: obligaba a que todos los créditos otorgados por organismos públicos, como los de la ANSES a jubilados y pensionados, tuvieran un seguro de vida contratado con Nación Seguros, una empresa del propio Estado. La lógica era aplastante: ¿para qué darle el negocio a aseguradoras privadas si el Estado podía hacerlo por sí mismo? Un acto de soberanía comercial, dirían algunos. Un diseño perfecto, pensarían otros, pero para un propósito diferente.
El noble arte de la intermediación
Aquí es donde la trama se pone interesante, donde la prosa burocrática del decreto revela su potencial poético. Resulta que Nación Seguros, la flamante beneficiaria del monopolio estatal, decidió que no podía, o no quería, hacerse cargo de toda la operación. En un giro de generosidad empresarial, optó por subcontratar a una serie de ‘brokers’ o productores de seguros privados. Estos intermediarios, verdaderos especialistas en el arte de estar en el lugar correcto en el momento adecuado, se llevaban una jugosa comisión por… bueno, por intermediar. Es decir, por hacer algo que la propia aseguradora estatal, en teoría, estaba perfectamente capacitada para realizar. Un servicio tan esencial como invisible.
El mecanismo era de una simpleza genial. El jubilado sacaba su crédito. El Estado, a través de ANSES, le descontaba el costo del seguro. El dinero iba a Nación Seguros, que a su vez le pagaba una comisión a un broker amigo. Todos contentos, excepto, quizás, el erario público, que veía cómo una parte del dinero se fugaba en una triangulación que no parecía aportar ningún valor real. El fiscal del caso, Carlos Rívolo, lo describió como un esquema de ‘intermediarios innecesarios’ que solo servía para ‘repartir una parte de la prima entre amigos’. Una descripción técnica, casi aséptica, para un negocio redondo.
Amigos son los amigos
Por supuesto, la elección de estos intermediarios no fue producto del azar. El azar, en política, rara vez tiene tanta puntería. El nombre que resuena con más fuerza en el expediente es el de Héctor Martínez Sosa, un broker de seguros con una conexión tan directa con el poder que resulta casi una obviedad. Martínez Sosa es el esposo de María Cantero, la secretaria personal que acompañó a Alberto Fernández durante más de veinte años. Una coincidencia formidable. Otro de los grandes ganadores del esquema fue Pablo Torres García, otro nombre conocido en el circuito de los negocios con el Estado.
La justicia ahora investiga si el expresidente estaba al tanto de que su firma en un decreto terminaría beneficiando de manera tan directa al círculo íntimo de sus colaboradores. Fernández, por su parte, afirma que su única intención era fortalecer a la aseguradora estatal y que jamás instruyó a quién contratar. Se presenta como víctima de una operación montada a sus espaldas. Una narrativa que choca contra la lógica más elemental: la que sugiere que en las altas esferas del poder, los detalles millonarios rara vez se pasan por alto. Es la eterna tensión entre la ingenuidad y la responsabilidad, entre no saber y no querer saber.
La cuenta, por favor
El auto de procesamiento del juez Ercolini es lapidario. No solo procesa al expresidente, sino también a los principales actores de la presunta maniobra, incluyendo a Martínez Sosa y al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano. Las acusaciones son específicas: administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho. En criollo: usar el poder para gestionar los recursos del Estado de manera perjudicial y, a cambio, recibir o permitir que otros reciban un beneficio indebido. Es el ABC de la corrupción, presentado con la formalidad del lenguaje jurídico.
Más allá del futuro legal de los implicados, el caso Seguros es un retrato fiel de una forma de ejercer el poder. Expone cómo las estructuras del Estado pueden ser utilizadas como un vehículo para el beneficio privado, con una arquitectura tan bien diseñada que casi parece legal. No se trata de un robo a mano armada, sino de un desvío silencioso y burocrático de fondos públicos, amparado en decretos y contratos. El verdadero perjuicio no es solo el dinero que falta en las arcas del Estado; es la erosión de la confianza, la confirmación de que las reglas, a veces, no son iguales para todos. Es la constatación de que, efectivamente, pasaron cosas. Y la cuenta, como siempre, la pagamos entre todos.
