Investigación a un Juez por Acoso Sexual y Laboral
El Santuario de la Justicia y sus Peculiares Dinámicas
Uno tiende a imaginar los pasillos de un tribunal como un espacio solemne, casi sagrado, donde la ley se interpreta con una objetividad imperturbable y la conducta de sus operarios es intachable. Una fantasía reconfortante. Sin embargo, de vez en cuando, la realidad se encarga de recordarnos que debajo de las togas y detrás de los escritorios de caoba hay personas, con toda la pila de complejidades y flaquezas que eso implica. Y el poder, especialmente el poder casi absoluto que ostenta un juez, puede ser un pésimo consejero.
El caso que nos ocupa es un ejemplo de manual. Un Juez de Garantías, Rafael Sal Lari, se encuentra en el centro de una investigación que perfora esa imagen de probidad. No se trata de una cuestión de interpretación jurídica ni de un fallo polémico. Las acusaciones son mucho más terrenales y, por eso mismo, más perturbadoras. Hablamos de presunto acoso sexual y laboral, de maltrato sistemático y de abuso de autoridad. Las denuncias provienen de quienes vivieron el día a día en su juzgado: empleadas, funcionarias y pasantes que describen un ambiente de trabajo que dista mucho de ser el ideal republicano.
Las acusaciones, que comenzaron a tomar forma entre 2018 y 2019, pintan un panorama desolador. Relatan un patrón de comportamiento donde los límites entre lo profesional y lo personal se habrían desdibujado por completo, siempre en detrimento de las subalternas. Es la crónica de un poder que, presuntamente, dejó de estar al servicio de la ley para ponerse al servicio de los caprichos de una sola persona.
La Anatomía del Abuso: Cuando el «Che» se Vuelve Siniestro
El maltrato laboral es una construcción sutil y progresiva. Rara vez empieza con un grito o un portazo; más bien se teje con comentarios insidiosos, con “chistes” que no causan gracia a nadie salvo al emisor, con miradas que incomodan y con pedidos que exceden las tareas asignadas. Las denuncias contra Sal Lari describen justamente eso: un repertorio de conductas que, sumadas, habrían creado un clima de hostigamiento constante. Se habla de comentarios sobre la apariencia física, de invitaciones inoportunas, de contactos físicos no consentidos y de una manipulación emocional que ponía a las víctimas en una posición de vulnerabilidad extrema.
El acoso sexual en el ámbito laboral se nutre de la asimetría de poder. No es un flirteo entre iguales; es el ejercicio de una dominación. El superior jerárquico tiene en sus manos el futuro profesional del subalterno: su calificación, su continuidad en el puesto, su carrera. Ese poder de facto se convierte en un arma de coacción implícita. Cada negativa, cada gesto de rechazo, puede tener consecuencias tangibles. Por eso el silencio suele ser la norma. Denunciar al jefe, y más a un juez, es un acto de una valentía enorme, casi un salto al vacío.
El Mecanismo Lento de la Autodepuración
Frente a acusaciones de esta gravedad, uno esperaría una reacción institucional fulminante. Pero el Poder Judicial tiene sus propios tiempos, especialmente cuando el espejo le devuelve una imagen incómoda. El proceso se canaliza a través de un Jury de Enjuiciamiento, un mecanismo constitucional previsto para evaluar la conducta de los magistrados. La Suprema Corte de Justicia provincial, tras recibir las denuncias y una investigación preliminar, dio luz verde para iniciar el proceso. Pero el término “iniciar” es clave. Desde que se activa hasta que llega a una conclusión pueden pasar años.
El jurado está compuesto por legisladores, abogados y un miembro de la propia Corte. Un tribunal de pares y representantes políticos que debe decidir si la conducta del juez amerita su destitución. Mientras tanto, el magistrado puede seguir en su cargo, a veces con una licencia, otras no. La defensa, como es lógico, utiliza todas las herramientas procesales a su alcance para dilatar, cuestionar y sembrar dudas. Y el sistema, tan riguroso para el ciudadano de a pie que se demora en pagar una multa, se muestra de una paciencia franciscana. Es la justicia observándose a sí misma, y parece que no tiene ningún apuro en encontrar lo que no quiere ver.
La Defensa: Una Narrativa de Inocencia Incomprendida
En este tipo de casos, la estrategia de defensa suele seguir un libreto predecible. Primero, la negación rotunda de los hechos. Segundo, la descalificación de las denunciantes, a quienes se suele acusar de actuar por despecho, por intereses ocultos o de formar parte de una conspiración para manchar el buen nombre y honor del acusado. Se argumenta que los gestos fueron malinterpretados, que se trata de un hombre “de otra generación” con modales “campechanos” o que todo es una campaña de desprestigio orquestada por enemigos que no soportan su brillantez e independencia. Un relato que busca trasladar la culpa a las víctimas y presentar al victimario como un perseguido.
Más allá del resultado final de este caso particular, lo que se expone es una falla sistémica. Revela la inmensa dificultad que existe para controlar eficazmente a quienes detentan una porción enorme de poder estatal. El problema no es un solo juez, sino un diseño institucional que, en la práctica, otorga una sensación de impunidad. El corporativismo judicial, el temor a denunciar y la lentitud de los procesos de remoción crean el caldo de cultivo perfecto para que estos abusos se perpetúen en el tiempo.
Al final, queda una reflexión amarga sobre la propia idea de justicia. Cuando aquellos encargados de impartirla son acusados de quebrantar las normas más básicas de convivencia y respeto, la confianza en todo el sistema se resquebraja. Y uno se pregunta, con genuina preocupación, quién vigila a los vigilantes. La respuesta, a menudo, es un silencio largo y burocrático, tan denso como el expediente de un auto que duerme en un estante.
