La Corte Suprema y los reclamos millonarios de las provincias
Una tradición de familia
Parece una escena recurrente en esas familias donde la herencia del abuelo se vuelve un campo de batalla. Todos se sientan a la mesa, sonríen para la foto, pero en el fondo saben que la discusión es por quién se queda con el campo y quién con el departamento de dos ambientes. Aquí, la familia es el país, la mesa de negociación es la arena política y, cuando el diálogo se agota, el abogado de la familia termina siendo, como siempre, la Corte Suprema de Justicia. Sobre su escritorio no hay testamentos amarillentos, sino expedientes voluminosos que contienen la misma pregunta de siempre: ¿quién se queda con la plata?
El corazón de este melodrama interminable es un concepto que suena técnico pero es brutalmente simple: la coparticipación federal de impuestos. Imagínese que el Estado Nacional es el gran recaudador. Se queda con la tajada más grande de los impuestos que todos pagamos, como el IVA de la leche o Ganancias del sueldo. La promesa, sellada en pactos y hasta en la Constitución, es que después de juntar toda esa pila de dinero, debe repartir una porción generosa entre sus socios fundadores, las provincias. Ellas, después de todo, son preexistentes a la Nación. Le dieron forma y poder, a cambio de que el administrador central no se quedara con todo el vuelto.
Lo maravilloso del sistema es que, concebido para garantizar la unión y el desarrollo equitativo, se ha convertido en la más perfecta maquinaria de generar conflicto. Es un diseño exquisito. Las provincias argumentan, con una lógica aplastante, que el administrador central hace décadas que aplica el “corta y reparte” a su antojo, usando la billetera para premiar a los amigos y castigar a los díscolos.
La letra chica del pacto fiscal
Los reclamos que llegan a la Corte son variados en su forma, pero idénticos en su fondo. Uno de los capítulos más célebres fue cuando el gobierno central, en un rapto de generosidad preelectoral, decidió bajar impuestos coparticipables como el IVA y Ganancias. Una medida que sonaba fantástica para el bolsillo del ciudadano, pero que para los gobernadores fue un recorte directo a sus arcas. El gobierno nacional estaba siendo generoso con plata ajena. La Corte, en su momento, les dio la razón a las provincias, sentando un precedente: la chequera nacional tiene límites, y esos límites los marca el acuerdo federal. No se puede invitar una ronda de copas y pasarle la cuenta a los demás comensales.
Otro mecanismo, aún más sutil, es el de las detracciones y los fondos específicos. Antes de poner la gran torta de recaudación sobre la mesa para repartirla, el Estado Nacional le pega unos “mordiscos” para financiar gastos propios. Crea asignaciones específicas para tal o cual programa, fondos para subsidiar esto o aquello, y lo que queda para repartir, la masa coparticipable, es considerablemente más chica. Es como si el encargado de dividir la pizza se comiera primero todos los bordes con el argumento de que “los bordes no son pizza”. Durante décadas, todos han visto cómo esos fondos se usan para alimentar burocracias o para sostener desequilibrios que el propio sistema genera, como el de un área metropolitana desproporcionadamente grande.
La contabilidad como campo de batalla
Aquí es donde la discusión abandona la política de tribuna y se sumerge en el fango de la contabilidad creativa. La disputa no es solo por el porcentaje que le toca a cada uno, sino por la definición misma de qué es el 100%. El gobierno central argumenta que ciertos gastos son de interés nacional y, por lo tanto, deben pagarse antes de repartir. Las provincias replican que casi todo el gasto tiene impacto federal y que esa distinción es una excusa para licuar sus ingresos. Es una discusión casi filosófica disfrazada de balance contable.
Los números son tan astronómicos que pierden sentido. Se habla de miles de millones, de puntos del PBI, de deudas que se actualizan con tasas que nadie entiende del todo. Pero detrás de esos ceros hay una realidad tangible: un hospital que no se construye, una ruta que no se pavimenta, un policía que no tiene auto. Cada peso que se desvía en la cima de la pirámide es un recurso que no llega a la base. La ironía es que, mientras los más altos juristas del país debaten sobre tecnicismos fiscales, la necesidad en el llano no entiende de jurisprudencia.
El árbitro que nadie quiere, pero todos necesitan
En este escenario, la Corte Suprema queda en la posición más incómoda posible. No es un mero intérprete de la ley; es un árbitro en una disputa de poder con consecuencias económicas devastadoras. Si falla a favor de todas las provincias, podría quebrar al Estado Nacional, que ya opera con un déficit crónico. Si falla a favor de la Nación, estaría convalidando un centralismo que ahoga a las provincias y perpetúa un sistema de dependencia financiera que muchos consideran la raíz de todos los males.
La verdadera revelación, esa que todos saben pero pocos dicen en voz alta, es que la Corte solo está poniendo parches en un motor fundido. El problema de fondo es una ley de coparticipación que data de 1988 y que fue diseñada para ser provisoria. La reforma constitucional de 1994 ordenó, con bombos y platillos, la sanción de un nuevo régimen basado en “criterios objetivos de reparto”. Pasaron casi tres décadas y esa ley jamás se discutió seriamente. ¿La razón? Ningún gobierno, ningún gobernador, ningún legislador, ha querido ceder un centímetro en la negociación más importante de todas: la del poder real, el que emana del control de la caja.
Así, los fallos de la Corte, por más salomónicos que intenten ser, no son una solución. Son una tregua. Un respiro hasta la siguiente crisis, hasta el próximo decreto, hasta la nueva demanda. El desfile de gobernadores por los pasillos del Palacio de Tribunales no es una anomalía del sistema; es el sistema mismo funcionando a la perfección. La interminable batalla judicial es, en realidad, el diálogo político que nunca tuvimos.
