Directivos de Grido a juicio por asociación ilícita fiscal
Crónica de un sobreseimiento anunciado… y revocado
Parecía una de esas batallas legales de las que se sale con la camisa limpia y una buena anécdota para contar en las reuniones de directorio. En 2017, un juez federal había dictado el sobreseimiento para los directivos de la familia Santiago y otros socios, acusados de capitanear una gigantesca maniobra de evasión. La causa, iniciada en 2012, parecía haber llegado a un callejón sin salida para los acusadores. La defensa celebraba, los titulares hablaban del fin del caso y todo indicaba que el asunto quedaría archivado como un mal recuerdo, un susto de varios años que finalmente se disipaba.
Pero la AFIP, en su rol de querellante y con la tenacidad que caracteriza a cualquier buen acreedor, no se dio por vencida. Apeló la decisión. Y aquí es donde la trama se pone interesante. La Cámara Federal de Apelaciones, tras tomarse su tiempo para analizar el expediente, decidió que las pruebas eran más que suficientes, no solo para seguir investigando, sino para elevar la causa a juicio. La decisión, en términos simples, fue un ‘vean de nuevo la película, que parece que se perdieron la mejor parte’. Así, lo que era un caso cerrado se convirtió en un proceso judicial con fecha de inicio, colocando a los directivos de la firma, incluidos Lucas, Sebastián y Celeste Santiago, de nuevo en el centro de la tormenta legal.
El ingenioso arte de la contabilidad creativa
Para entender la magnitud de la acusación, hay que bajar al llano. No estamos hablando de un error en una declaración jurada o de un IVA mal liquidado. La denuncia de la AFIP, que ahora la Cámara convalida para llevar a juicio, describe un sistema. Una arquitectura financiera presuntamente diseñada para ocultar una porción significativa de las ganancias. El mecanismo, según los investigadores, era metódico y se apoyaba en la vasta red de franquicias de la compañía.
La operatoria consistía, supuestamente, en cobrar un canon ‘en negro’ a los franquiciados. Ese dinero no ingresaba a los libros contables oficiales de la empresa madre. En su lugar, se habría creado una especie de ‘caja negra’ o contabilidad paralela donde se acumulaban estos ingresos no declarados. Para mover y justificar esa pila de plata, se habrían utilizado sociedades fantasma y facturación apócrifa, un clásico del rubro. En esencia, se habría montado un circuito financiero paralelo al oficial, con el único propósito de pagar menos impuestos, principalmente IVA y Ganancias. Una ingeniería que, de comprobarse, revela una planificación y una sofisticación que van más allá del simple descuido.
No es solo evadir, es organizarse para hacerlo
Aquí reside el núcleo de la gravedad del asunto y la razón por la cual el caso es tan resonante. La figura de la asociación ilícita fiscal es un agravante. Una cosa es un contribuyente, o incluso una empresa, que comete evasión. La ley lo castiga, por supuesto. Pero otra muy distinta es cuando la justicia sospecha que un grupo de personas se organizó, se puso de acuerdo y montó una estructura con el propósito deliberado y sistemático de cometer delitos tributarios.
La ley exige probar que existió esa ‘societas delinquere’, esa voluntad conjunta de delinquir. No alcanza con demostrar la evasión; hay que demostrar el pacto, la división de roles, la permanencia en el tiempo. Por eso el sobreseimiento inicial de 2017: el juez de primera instancia consideró que no había elementos para probar esa organización. Ahora, la Cámara Federal opina exactamente lo contrario. Cree que hay indicios suficientes para sostener que los directivos no actuaron por separado, sino como un bloque organizado para defraudar al Estado. Es la diferencia entre chocar el auto por una distracción y armar una banda para robar autos. Ambas cosas están mal, pero la segunda revela un plan y una intención que la ley castiga con mucha más dureza.
Cuando el postre viene con una cuenta judicial
El camino que queda es largo. Que la causa se eleve a juicio oral no implica una condena. Significa que un tribunal deberá escuchar a todas las partes, analizar las pruebas de nuevo y decidir si los acusados son culpables o inocentes, siempre bajo el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, para los directivos de una de las empresas más exitosas y populares del país, es un escenario que sin duda preferirían evitar. Es la materialización de un fantasma que creían extinguido.
El caso, que involucra a la familia fundadora y a otros socios como Diego, Raúl y Marcelo Lucas, es un recordatorio de una verdad incómoda: el éxito a gran escala atrae una lupa de igual tamaño. La misma estructura de franquicias que permitió una expansión formidable es la que, según la acusación, sirvió de vehículo para la presunta evasión. La justicia ahora tiene la tarea de desentrañar si las prácticas comerciales que llevaron a la cima a la compañía cruzaron la delgada línea roja de la legalidad fiscal.
Lo único cierto, por ahora, es que después de un postre que duró casi siete años, llegó la cuenta. Y parece que será detallada, extensa y se discutirá en una mesa mucho más formal: un tribunal federal.
