Amparo colectivo por el aumento del transporte público de 2024
Cuando la formalidad no es un capricho
Diciembre llegó con su habitual repertorio de balances y proyecciones, pero también con una novedad que de nueva tenía poco: un aumento considerable en la tarifa del transporte público. Un golpe seco y directo al presupuesto de millones de personas. Sin embargo, esta vez la resignación fue reemplazada por una acción concreta: la presentación de un amparo colectivo. Para quien no esté familiarizado, un amparo es una garantía constitucional que protege derechos. Cuando el acto de una autoridad afecta de manera idéntica a una pila de gente —como, digamos, subir el precio del boleto que todos usan—, la acción se vuelve colectiva.
El primer argumento del reclamo es de una simpleza casi ofensiva: la falta de una audiencia pública previa. La ley, en su infinita sabiduría y a menudo ignorada prosa, establece que para modificar las tarifas de un servicio público esencial es obligatorio convocar a estas audiencias. No se trata de un acto de relaciones públicas ni de una terapia grupal para canalizar el descontento. Es un requisito legal vinculante. Su propósito es garantizar que la decisión no sea un capricho unilateral del funcionario de turno, sino el resultado de un proceso transparente donde los usuarios y las asociaciones de consumidores puedan opinar, preguntar y, sobre todo, revisar los fundamentos del aumento. Omitir este paso es, en la práctica, decir que la opinión de los afectados es irrelevante. Es saltarse el único mecanismo de participación ciudadana previsto para estas decisiones, convirtiendo un proceso que debería ser público en una negociación a puertas cerradas.
El curioso concepto de “razonabilidad”
Superada la valla formal, el amparo se adentra en un terreno más subjetivo pero no menos crucial: el de la razonabilidad. Una tarifa no solo debe ser legal en su forma, sino también razonable en su fondo. ¿Y qué significa que un aumento sea razonable? Ciertamente, no se define por la voluntad de quien firma el decreto. Un criterio básico de razonabilidad exige que el ajuste guarde proporción con otras variables económicas, como la inflación general y, fundamentalmente, la evolución de los salarios. Si el boleto aumenta un 150% en un año donde los sueldos, con suerte, se ajustaron un 70%, la tarifa deja de ser razonable para convertirse en confiscatoria. Te saca una porción desmedida de tus ingresos.
El transporte público no es un bien de lujo. No es opcional como comprar un auto nuevo o irse de vacaciones. Para la gran mayoría, es la única manera de llegar al trabajo, al hospital o al centro de estudios. Imponer un precio que lo vuelva prohibitivo es, en los hechos, limitar el derecho a trabajar, a la salud y a la educación. El Estado, al regular un servicio público, tiene la obligación de velar por su accesibilidad. Cuando el costo de viajar consume una parte asfixiante del salario mínimo, el servicio pierde su función social. Se convierte en un obstáculo más en la carrera de obstáculos que es la vida cotidiana.
La caja negra de los costos
El tercer pilar del reclamo es, quizás, el más revelador: la absoluta opacidad en la estructura de costos que justifica el nuevo precio. El cálculo de una tarifa de transporte es un ecosistema complejo que incluye costos operativos (combustible, mantenimiento, salarios), amortización de las unidades, la tasa de ganancia de las empresas y, por supuesto, los multimillonarios subsidios estatales. El problema es que esta ecuación se presenta al público como una caja negra. No hay un desglose claro, público y auditable de cómo cada uno de estos componentes impacta en el número final que paga el pasajero.
Sin esa transparencia, es imposible saber si el aumento responde a una suba real de los costos, a la ineficiencia de las empresas prestatarias, a una reducción encubierta de subsidios o a una combinación de todas ellas. La ciudadanía tiene derecho a saber por qué paga lo que paga. El amparo, en este punto, funciona como una auditoría forzada. Le exige al poder que abra sus libros y demuestre, con números verificables, que la nueva tarifa no es arbitraria ni esconde transferencias de recursos que nadie aprobó.
El amparo: un freno de emergencia ciudadano
En última instancia, este amparo colectivo es mucho más que una disputa por centavos. Es un recordatorio de que el poder, incluso cuando se ejerce de manera legal, tiene límites. Y esos límites son los derechos de las personas. La acción judicial funciona aquí como un freno de emergencia. Es el recurso que queda cuando el diálogo institucional se rompe y las decisiones se toman de espaldas a la gente. No es una solución mágica, y sus resultados son inciertos. Un juez podría dictar una medida cautelar y suspender el aumento temporalmente, ordenar la realización de la audiencia pública omitida o, en el mejor de los casos, declarar la nulidad de la resolución por irrazonable.
Cualquiera sea el desenlace, el simple hecho de que se haya activado este mecanismo revela una madurez cívica. Demuestra que hay ciudadanos y organizaciones dispuestos a invertir tiempo y recursos en exigir que las reglas se cumplan para todos, incluyendo al propio Estado. Es una manifestación serena pero firme de que la cosa pública, como su nombre lo indica, nos pertenece a todos, y que las decisiones que afectan la vida de millones no pueden tomarse como si fueran un trámite administrativo más en una oficina cerrada. A veces, la justicia no es más que la obligación de dar explicaciones.
