Sentencia por lesa humanidad: La memoria no prescribe en el interior
El eco tardío de la justicia
Enero de 2025. En una sala de audiencias de alguna ciudad del interior, sin el estruendo mediático de las grandes capitales, se leyó una sentencia más. La escena carecía de toda épica. Un secretario leía con voz monótona un documento de cientos de fojas frente a un puñado de personas, la mayoría con el pelo blanco. Los condenados, ancianos que apenas podían mantenerse erguidos, escucharon el veredicto con la misma expresión con la que uno recibe la noticia de una multa de tránsito largamente olvidada. Afuera, la vida seguía su curso con una indiferencia casi perfecta. No hubo grandes titulares ni conmoción nacional.
Y sin embargo, en esa rutina burocrática, se estaba produciendo un hecho extraordinario. La justicia, esa entidad abstracta que a menudo se percibe como lenta e ineficaz, demostraba tener una memoria elefantiásica y una paciencia infinita. El expediente, uno más en una pila que parece no disminuir nunca, había completado su recorrido. Décadas después de los hechos, el sistema judicial emitía su veredicto. Para las víctimas y sus familiares, un cierre necesario. Para el resto de la sociedad, un recordatorio de que el pasado, por más que se lo intente sepultar bajo capas de olvido y negación, tiene la mala costumbre de volver a la superficie.
La anatomía del horror burocrático
Lo fascinante de estos procesos judiciales no es el relato del horror en sí mismo, que ya conocemos, sino la disección de su mecanismo. La causa no se sostuvo en testimonios desgarradores —aunque los hubo—, sino en la evidencia más fría y contundente: el papeleo. Órdenes de servicio, partes diarios de unidades militares, solicitudes de combustible para un auto sin identificación, legajos de personal. El terror de Estado, se revela una vez más, fue una empresa meticulosamente administrada.
Los responsables no eran demonios con cuernos y tridente. Eran, en su mayoría, hombres grises. Oficiales de rango medio, suboficiales, personal de inteligencia que cumplía órdenes con una eficiencia digna de mejor causa. La defensa, como es ya un clásico del género, se basó en la obediencia debida, en el “yo no sabía”, en el “contexto de guerra”. Argumentos que se desarman frente a la firma en un documento que autoriza el “traslado” de un detenido que nunca más aparecerá. La sentencia no solo condena a los individuos; expone la naturaleza impersonal y organizada de la maquinaria represiva. El mal no necesitaba de la furia, le bastaba con la rutina y un sello de goma.
Figuras del reparto: el eslabón (no tan) perdido
Entre los condenados, las figuras de siempre. Algún jefe militar de la zona, ya decrépito, y una serie de actores de reparto que durante cuarenta años llevaron una vida apacible. El médico que firmaba certificados de defunción falsos. El policía que manejaba el auto. El agente de inteligencia que armaba las fichas. Personas que fueron vecinos, padres de familia, ciudadanos respetables que iban a comprar el pan y saludaban en la calle.
Son el famoso “eslabón perdido” que nunca estuvo perdido, sino perfectamente integrado. Vivían a la vuelta de la esquina, amparados en un pacto de silencio y en la creencia de que el tiempo todo lo cura y todo lo borra. El fallo judicial tiene el mérito de ponerles nombre y apellido, de arrancarles la máscara de normalidad. Demuestra que la responsabilidad no se diluye en la cadena de mando, sino que se reparte, que cada pieza del engranaje fue necesaria. Cada uno de ellos fue un tornillo fundamental en la máquina de desaparecer personas, y la justicia, con su paso de tortuga, finalmente les pasó la factura.
El tiempo y la verdad: una relación incómoda
Alguien podría preguntarse qué sentido tiene condenar a octogenarios a pasar sus últimos días en prisión. La respuesta es simple y compleja a la vez. No se trata de venganza. Se trata de la construcción de la verdad. Una sentencia judicial es, ante todo, un documento histórico. Es el Estado, a través de uno de sus poderes, reconociendo un crimen que él mismo cometió en el pasado. Es una afirmación categórica que se opone al relativismo y al negacionismo.
Este veredicto es una verdad incómoda. Le recuerda a una sociedad que prefiere la amnesia que la memoria que las cuentas pendientes no prescriben. El paso del tiempo no disminuye la gravedad de los delitos de lesa humanidad; por el contrario, subraya la persistencia de sus consecuencias. Las ausencias siguen doliendo, las heridas siguen abiertas. La justicia tardía no es justicia ideal, pero es infinitamente superior a la no-justicia. Es la confirmación de que, a pesar de todo, hay ciertos principios que no se negocian. Y que la historia, por más que algunos se esfuercen en reescribirla con tinta simpática, siempre encuentra a alguien dispuesto a encender la luz para leer lo que realmente dice.
