Tribunal ordena reincorporar empleados públicos despedidos
Crónica de un regreso anunciado
El 16 de julio de 2025 será recordado, quizás, como un día más en el eterno ciclo de la administración pública. Un tribunal laboral, en un fallo que solo puede sorprender a los recién llegados, ordenó la reincorporación de varios centenares de trabajadores despedidos de un organismo estatal hace algunos meses. La noticia fue recibida con la solemnidad que amerita una obviedad. Después de todo, la trama era conocida: un cambio de gestión, una declaración de guerra contra el “gasto innecesario”, despidos masivos comunicados con una frialdad ejemplar y, finalmente, la inevitable intervención de la justicia para recordar que el Estado, a diferencia de un quiosco, no puede bajar la persiana de un día para otro por decisión unilateral de su encargado.
Lo fascinante del caso no es la resolución en sí, sino la persistencia con la que tropezamos con la misma piedra. Cada ciertos años, el Estado parece olvidar su propia naturaleza y se comporta como una startup ansiosa por mostrar resultados a sus inversores. Se olvida de conceptos como la estabilidad del empleado público, un principio que no es un capricho ni un privilegio, sino una garantía de que las instituciones continúen funcionando más allá de los vientos políticos de turno. Es un seguro para que el auto del Estado siga andando, aunque el conductor de turno prefiera manejarlo mirando por el espejo retrovisor.
El manual de instrucciones que nadie lee
En el corazón técnico del fallo se encuentra una verdad tan simple que duele: el acto administrativo que dispuso las cesantías carecía de causa. Dicho en criollo: para echar a alguien del Estado, hay que tener un motivo válido y demostrarlo. No basta con una planilla de Excel ni con la convicción de que sobran empleados. Se requiere un sumario, derecho a defensa, y una fundamentación que explique por qué esa persona en particular ya no es necesaria o ha cometido una falta. Es el manual de instrucciones del aparato estatal, un texto que, a juzgar por los hechos, muchos funcionarios guardan en un cajón bajo llave.
El tribunal simplemente desempolvó ese manual. Recordó que los despidos fueron “nulos de nulidad absoluta” por vicios en su origen. No se pronunció sobre si los trabajadores eran eficientes o no; ese no era su trabajo. Se limitó a constatar que el procedimiento fue tan defectuoso como intentar armar un mueble sin leer las indicaciones. El resultado es el previsible: piezas que no encajan, tornillos que sobran y una estructura que se viene abajo al primer soplido. La ironía es que esta defensa de la legalidad es presentada por los mismos afectados como una victoria, cuando en realidad es la constatación de un fracaso administrativo monumental.
La calculadora del Estado y sus cuentas raras
El argumento favorito para justificar estas purgas masivas es siempre el económico. Se habla de “ahorro fiscal”, de “optimización de recursos”, de terminar con el “despilfarro”. Son conceptos potentes que resuenan bien en el oído del contribuyente. Sin embargo, la calculadora del Estado parece tener un problema con las operaciones a largo plazo. El supuesto ahorro inicial se evapora con una velocidad asombrosa cuando llega la factura judicial.
Ahora, el organismo no solo debe reincorporar a los trabajadores, sino que debe abonarles todos los salarios caídos desde el día del despido, con sus respectivos intereses y ajustes. De repente, el trabajador que supuestamente le costaba al Estado un sueldo por no hacer nada, ahora le cuesta una pila de guita por haber sido despedido ilegalmente. Un negocio brillante. A esto se suma el costo de los abogados, las costas del juicio y, lo más importante, el costo intangible de paralizar áreas enteras de un organismo que, en teoría, debería estar sirviendo a los ciudadanos. Es una ecuación donde la eficiencia se resta a sí misma hasta dar un número negativo.
Hasta la próxima función
Y así, el círculo se completa. Los trabajadores volverán a sus puestos, probablemente en un clima laboral enrarecido y con la desconfianza como nueva compañera de oficina. La gestión que los despidió tendrá que administrar su propio error, buscando la forma de justificar un gasto imprevisto que duplica el supuesto ahorro. Los titulares de los diarios cambiarán y el tema se diluirá hasta la próxima temporada de ajustes.
Lo que queda, en el fondo, no es una reflexión sobre la justicia o el derecho laboral, sino sobre nuestra incapacidad crónica para construir un Estado predecible. Un Estado donde las reglas sean las mismas para todos y no dependan del humor del funcionario de turno. Porque este fallo no cambia nada estructuralmente. Simplemente pone un parche sobre una herida que volverá a abrirse. Es el fin de un acto en una obra de teatro que conocemos de memoria, y cuya próxima función, lamentablemente, ya tiene fecha de estreno. Solo hay que esperar el próximo cambio de elenco.
