Fallo sobre la Ley Micaela: la capacitación ya no es obligatoria
Crónica de una obviedad anunciada
Diciembre de 2024 nos ha regalado una de esas sentencias que se sienten, a la vez, como un baldazo de agua fría y como el final predecible de una película que ya vimos. El Poder Judicial, en un acto de admirable introspección, ha concluido que la Ley Micaela, aquella que establecía la capacitación obligatoria en género para todos los agentes del Estado, ya no es, en efecto, obligatoria. La noticia resuena con la contundencia de un trámite administrativo bien ejecutado. Se cierra una etapa.
Recordemos el punto de partida. La ley lleva el nombre de Micaela García, una joven cuya vida fue truncada en un femicidio que expuso, con una claridad brutal, las fallas de un sistema que no supo ver las señales de alerta. La ley no era una propuesta revolucionaria ni un manual ideológico complejo. Era algo mucho más terrenal y, si se quiere, más modesto: un intento de nivelar el conocimiento. La premisa era simple: si las personas que manejan los resortes del Estado, desde la policía hasta la justicia, pasando por la administración, comparten un vocabulario y unos conceptos mínimos sobre violencia de género, quizás, solo quizás, el Estado dejaría de ser un cómplice pasivo o un agente activo de esa misma violencia. Era, en esencia, pedirle al conductor del auto que, como mínimo, sepa para qué sirven los frenos.
El fallo reciente sugiere que esta premisa era, en el fondo, una imposición. Que la obligación de aprender algo —algo tan específico como no revictimizar o identificar prejuicios que pueden costar vidas— era una carga excesiva para el funcionario. Se ha optado, entonces, por confiar en el criterio individual, en la buena voluntad y en un conocimiento que, se presume, viene de fábrica.
La letra chica del voluntarismo
Al sumergirse en los fundamentos del fallo, uno encuentra perlas del razonamiento jurídico que merecen ser enmarcadas. Se habla de la “libertad de conciencia” del empleado público. Se argumenta que forzar una capacitación sobre una temática particular podría atentar contra su fuero íntimo. Es una defensa interesante del individuo, que ahora goza de la libertad de elegir si quiere entender o no una de las problemáticas más extendidas y documentadas de la sociedad que integra y para la que trabaja. Es el equivalente a sostener que un médico debería tener la libertad de conciencia para decidir si cree o no en la existencia de los virus.
La sentencia transforma un estándar profesional básico en una opción personal, en una actividad extracurricular. La perspectiva de género deja de ser una herramienta de trabajo, tan necesaria como un código de procedimientos, para convertirse en un accesorio. El fallo no prohíbe las capacitaciones, claro está. Simplemente les quita el motor. Las deja ahí, como una invitación cordial, como un folleto en una cartelera. Quien quiera, quien tenga tiempo, quien sienta la curiosidad o el llamado moral, puede acercarse. Los demás, pueden seguir de largo, amparados en su derecho a no ser molestados con información que podría complicarles la jornada laboral.
El Estado como acto de fe
Esta decisión redefine, en la práctica, lo que esperamos del Estado. Implica una confianza casi ciega en la idoneidad y empatía natural de sus componentes. Se asume que el funcionario promedio, sin necesidad de guías ni marcos conceptuales, sabrá navegar las complejidades de la violencia estructural, los sesgos inconscientes y las relaciones de poder asimétricas. Es una visión optimista, casi poética, del servicio público. Una visión que, lamentablemente, choca de frente con la pila de expedientes, denuncias y tragedias que, precisamente, demostraron la necesidad de una intervención activa.
El Estado deja de ser una estructura que busca activamente corregir sus propios defectos para convertirse en una colección de individuos librados a su suerte y a su criterio. Si un funcionario no entiende por qué una mujer no denunció a su agresor durante años, o si un juez considera que la vestimenta de una víctima es un atenuante, ya no será una falla del sistema que no lo capacitó. Será, simplemente, una opinión personal, tan válida como cualquier otra. Pasamos de un estándar de responsabilidad institucional a un acto de fe individual. Y la fe, como bien sabemos, no siempre es suficiente para que las cosas funcionen como deberían.
Volver al punto de partida, pero con más experiencia
Entonces, ¿dónde nos deja esto? La Ley Micaela no fue derogada. Sigue existiendo, como un monumento a las buenas intenciones. Pero ha sido despojada de su columna vertebral. Su obligatoriedad era el mecanismo que la hacía una política de Estado y no un simple gesto simbólico. Sin ella, volvemos al casillero inicial, al mismo lugar donde estábamos antes de que el femicidio de Micaela nos mostrara el abismo. Pero hay una diferencia crucial: ahora volvemos con el conocimiento de que se intentó algo y se decidió dar marcha atrás.
No es un simple reseteo. Es una regresión informada. Es la elección consciente de desandar un camino. El sistema ha demostrado una vez más su increíble capacidad para la homeostasis, para resistir cualquier cambio que altere su equilibrio, incluso si ese cambio busca hacerlo más justo y eficaz. La capacitación obligatoria era una molestia, una piedra en el zapato de la inercia burocrática. Y el sistema, con la elegancia de un movimiento de judo, ha sabido quitársela.
Se ha restablecido la comodidad de la ignorancia opcional. Pasaron cosas, se intentó una solución y, finalmente, otras cosas pasaron para que todo siga más o menos igual. Un ciclo perfecto, una lección sobre cómo las estructuras de poder se perpetúan a sí mismas, a menudo con los mejores modales y los argumentos más formalmente impecables. El telón cae con un silencio administrativo. No hay nada más que agregar, su señoría.
