Justicia investiga fraude en compra de alimentos para comedores
El eterno retorno de la solidaridad tarifada
Hacia finales de 2024, una vez más, la realidad nos recuerda que ciertos guiones son inmortales. La Justicia federal puso la lupa sobre un programa de compra de alimentos destinado a los comedores comunitarios, y lo que encontró, para sorpresa de absolutamente nadie con memoria, fue un paisaje familiar. Se investiga un presunto fraude millonario, una trama de sobreprecios, empresas fantasma y licitaciones que parecen diseñadas con la precisión de un sastre para un único cliente.
La denuncia apunta a la adquisición de toneladas de lentejas, aceite, yerba y otros productos de primera necesidad a valores que duplican o triplican los precios de mercado. Una solidaridad con costos de importación de lujo. El procedimiento, según consta en el expediente, se amparaba en la urgencia de la asistencia social para agilizar compras que, en condiciones normales, hubieran requerido otro tipo de controles. La emergencia, como tantas otras veces, oficia de coartada perfecta para una generosidad selectiva. La investigación no se centra en un acto aislado, sino en un patrón de conducta, en una metodología que parece replicarse con pasmosa regularidad cada vez que el Estado decide intervenir con una pila de dinero en la mano para solucionar un problema urgente. El problema, claro, es definir para quién es el negocio.
Anatomía de una licitación a medida
El arte de la contratación pública tiene sus sutilezas. No se trata simplemente de comprar caro, sino de construir un andamiaje administrativo que lo justifique. La investigación judicial desnuda este proceso con una claridad casi didáctica. El primer paso: la creación del pliego de condiciones. En los documentos analizados, se detectaron cláusulas y requisitos técnicos tan específicos que parecían describir, no a un proveedor ideal, sino a una empresa en particular. Compañías de reciente creación, a veces registradas semanas antes de la licitación, o firmas dedicadas a rubros tan diversos como la construcción o los servicios informáticos, resultaban ganadoras en concursos para proveer alimentos. Una diversificación de negocios admirable.
El segundo acto de esta obra es la compulsa de precios. Se presentaban tres o cuatro ofertas, como manda el manual, pero curiosamente, las perdedoras solían tener vínculos entre sí o presentaban errores formales que las dejaban fuera de juego casi por decreto. La empresa ganadora, entonces, no ganaba por ser la mejor, sino la única viable. El expediente se llenaba de firmas y sellos de aprobación, cumpliendo cada paso del laberinto burocrático. En los papeles, todo era impecable. Un auto con todos los documentos en regla, aunque el motor estuviera fundido. El sobreprecio no era un accidente, sino el objetivo final de un diseño institucional que premia la forma por sobre el fondo.
Los papeles no se manchan (con comida)
Una de las revelaciones más fascinantes de estas investigaciones es el profundo divorcio entre el mundo del expediente y el mundo real. Mientras un legajo de cientos de páginas certificaba la compra, entrega y pago de miles de kilos de alimentos, los depósitos permanecían sugestivamente vacíos y los comedores seguían esperando. La burocracia, en su infinita sabiduría, se preocupa por la prolijidad del trámite. La firma del funcionario, el sello del área de legales, el informe del contador; todo conforma una sinfonía de validaciones cruzadas que certifican una realidad paralela.
El sistema de control, en teoría, debería prevenir esto. Pero los auditores, muchas veces, solo verifican que el expediente esté completo, que el papel A coincida con la solicitud B. No van al depósito a contar las bolsas de lentejas. No preguntan en el comedor si el aceite llegó. Confían en la santidad del documento firmado. Y es en esa grieta, entre lo que se escribe y lo que se hace, donde florece la avivada. El papel lo aguanta todo: sobreprecios, entregas ficticias, empresas sin un solo empleado. Mientras el circuito administrativo cierre, la realidad es un detalle secundario. El hambre no firma recibos de conformidad.
El sistema no está roto: fue diseñado así
La conclusión más incómoda, y por ende la más probable, es que no estamos ante una falla del sistema. Creer que esto es un caso de corrupción que burla los controles es un pensamiento optimista, casi tierno. Una mirada más seria sugiere que el sistema, en realidad, funciona a la perfección para los fines para los que fue implícitamente creado. No para alimentar gente, claro está, sino para desviar recursos públicos con una fachada de legalidad.
El escándalo periódico, como el que nos ocupa en diciembre de 2024, no es una prueba de que el sistema se rompió, sino que es parte integral de su funcionamiento. Actúa como una válvula de escape. Cada tanto, un caso se hace público, algunos funcionarios de segunda línea son sacrificados en el altar de la opinión pública, se prometen más y mejores controles, y el ciclo vuelve a empezar. Es el costo operativo del negocio. La indignación ciudadana es el impuesto que se paga para que la estructura fundamental del curro permanezca intacta. Lo trágico no es que se roben una pila de guita; lo verdaderamente desolador es la certeza de que, mientras discutimos los detalles de este fraude, ya se está escribiendo el pliego de licitación del próximo.
