Debate de la reforma previsional en el Senado: claves y análisis

La comisión de Previsión y Seguridad Social del Senado inicia el tratamiento de la nueva ley de reforma jubilatoria y sus implicancias en el sistema de reparto.
Un grupo de hormigas laboriosas intentando arrastrar una migaja de pan gigantesca, mucho más grande que ellas, con algunas hormigas resbalando y cayendo, mientras otras parecen estar peleando entre sí. Representa: Comenzó el debate por la ley de reforma previsional en comisión del Senado (16 de julio de 2025)

El eterno retorno de la fórmula mágica

El telón se alza sobre un escenario ya conocido. Este 16 de julio, la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado comenzó el ritual del debate sobre otra “definitiva” reforma previsional. El aire en la sala está cargado de tecnicismos, proyecciones que se pierden en un futuro brumoso y la solemne promesa de que esta vez, ahora sí, el sacrificio es por un bien mayor. Es un libreto que ya nos sabemos de memoria, pero que siempre encuentra un nuevo elenco y una escenografía ligeramente retocada para mantener el interés del público.

La pieza central de esta magnífica obra es, como no podía ser de otra manera, la fórmula de movilidad. Nos despedimos del viejo mecanismo que, con todos sus defectos, tenía al menos la decencia de atarse a cosas tan terrenales como la inflación y los salarios. Ahora se nos presenta el “Índice de Sostenibilidad Previsional” (ISP). Un nombre que suena tan sofisticado como tranquilizador. “Sostenibilidad” es la nueva palabra mágica, el término que todo lo justifica. Sugiere permanencia, equilibrio, una gestión responsable. En la práctica, parece ser un cóctel complejo de variables que incluyen el crecimiento demográfico, el balance fiscal y, cómo no, la esperanza de vida. La parte que no se dice en voz alta, por supuesto, es que su principal función es la de un freno de mano automático. Cuando las cuentas del Estado estén ajustadas —que viene a ser su estado natural—, el índice se asegurará de que los haberes crezcan a un ritmo más alineado con los deseos del presupuesto que con el costo de una pila de productos en el supermercado. Es, en esencia, una forma elegante de darle un marco técnico al ajuste. Una clase magistral sobre cómo hacer que un recorte suene a necesidad inevitable.

Trabajar hasta que las velas no ardan: la ‘opción’ de la edad

El segundo acto de nuestra obra introduce una conmovedora muestra de generosidad. La edad jubilatoria —actualmente en 60 años para mujeres y 65 para hombres— no se aumentará de forma obligatoria. En su lugar, se propone un “régimen de permanencia voluntaria”. Aquellos que elijan posponer su merecido descanso serán recompensados con un plus en su haber futuro. Una oferta verdaderamente tentadora, presentada como una ampliación de las libertades individuales, de la capacidad de elegir. Sin embargo, esta “elección” se ejerce en el vacío de la necesidad. Cuando el haber básico calculado a la edad estándar es apenas suficiente para cubrir los gastos más elementales, la “opción” de trabajar unos años más deja de ser una elección para convertirse en un imperativo silencioso. Es como decirle a alguien que su auto puede andar con medio tanque, pero que si quiere llegar a destino sin tener que empujarlo, probablemente debería llenarlo. La libertad está ahí, sobre la mesa, pero una de las opciones está claramente mejor diseñada para la supervivencia que la otra.

Un fantasma recorre los aportes: el pilar de capitalización

Y justo cuando creíamos que la trama no podía volverse más nostálgica, un espectro del pasado hace su gran entrada. La propuesta introduce un “Pilar Complementario de Capitalización Individual”. Suena distinto a las viejas AFJP, pero la melodía es llamativamente familiar. Una porción de los aportes del trabajador será ahora desviada a una cuenta personal, gestionada por entidades (públicas o privadas, los detalles son todavía convenientemente difusos) que invertirán ese dinero en los mercados de capitales. Se nos dice que esto otorgará a los futuros jubilados un “extra” basado en el rendimiento de esas inversiones, fomentando un saludable sentido de la propiedad y el ahorro. Ya hemos visto esta película. Sabemos cómo puede terminar cuando los mercados, esos dioses temperamentales, deciden tener una mala década. La promesa es de prosperidad individual; el riesgo, sin embargo, también es enteramente individual. El Estado, con una maniobra brillante, diversifica sus obligaciones, transformando una promesa colectiva en una apuesta personal. Un golpe de genio para las cuentas públicas, una nueva fuente de ansiedad para el trabajador que ahora deberá mirar la cotización de las acciones con la misma atención que el precio de la leche.

El delicado arte de llamar ‘futuro’ a la incertidumbre

Así las cosas, el debate recién comienza, pero el destino del viaje parece estar preescrito en el mapa. Cada elemento de la reforma —la fórmula “sostenible”, el aumento “opcional” de la edad, la capitalización “complementaria”— se presenta como una solución técnica e ineludible a una crisis que siempre está a la vuelta de la esquina. Es la narrativa de la responsabilidad, de ordenar la casa para las generaciones venideras, de tomar decisiones difíciles pero necesarias. Un discurso impecable.

Pero bajo el lenguaje pulcro y los gráficos actuariales, el mensaje de fondo es notablemente simple y consistente: la sostenibilidad del sistema requiere que el individuo asuma más riesgos y espere menos certezas. La promesa colectiva de un retiro digno, financiado solidariamente por una sociedad en actividad, se va reemplazando por un modelo donde cada uno debe asegurar su propio bote salvavidas. Hay una cierta honestidad intelectual en eso, supongo. El único detalle es que nadie lo llama por su nombre. Lo llaman “modernización”. Lo llaman “reforma”. Lo llaman “construir un futuro”. Y se espera que todos aplaudamos la arquitectura del nuevo edificio, incluso si sospechamos que nos tocará vivir en el sótano, con vista a la pared.