Imputaciones por Evasión Fiscal Internacional: Novedades 2024
El eterno descubrimiento de la rueda
Cada cierto tiempo, con la regularidad de las estaciones, la sociedad se sorprende al descubrir un fenómeno de una complejidad abrumadora: el dinero, especialmente en grandes cantidades, tiende a moverse hacia donde lo tratan mejor. Las imputaciones por evasión fiscal internacional que vemos en este noviembre de 2024 son el último recordatorio de esta ley casi física. No se trata de una revelación, sino de una confirmación. La indignación que generan es comprensible, pero quizás un poco ingenua. Asumir que un capital considerable se va a quedar quieto para ser gravado con tasas del 40% o 50% es como esperar que el agua de un río decida fluir cuesta arriba por pura solidaridad.
El mecanismo, despojado de su jerga legalista, es de una simpleza brutal. Un individuo o una empresa con excedentes de capital no compra un maletín ni se toma un vuelo a una isla remota. Eso es para las películas. En el mundo real, contrata a un estudio de abogados y contadores muy caros que diseñan una estructura. Esta estructura suele implicar la creación de una o más sociedades en jurisdicciones de nula o baja tributación. El dinero no se “esconde”, sino que se transfiere a estas entidades a través de conceptos como “pago de servicios”, “préstamos intercompañía” o “inversiones”. El auto, la casa o el yate no están a nombre de la persona, sino de una de estas compañías. Es un entramado perfectamente legal en su superficie, un castillo de naipes construido con el código civil de varios países a la vez.
La cuestión de fondo no es la ilegalidad flagrante, sino el aprovechamiento de las asimetrías del sistema global. Un sistema donde el capital tiene pasaporte universal y se mueve con un clic, mientras que las leyes fiscales siguen atadas a las fronteras del viejo Estado-nación. Las recientes imputaciones no persiguen a un delincuente con antifaz, sino a arquitectos financieros que han llevado el concepto de “optimización” a un terreno que las autoridades fiscales consideran, finalmente, un fraude.
La arquitectura de la discreción: Trusts y Compañías Fantasma
Para entender el juego, hay que conocer las piezas. Dos de las más populares son el trust (fideicomiso) y la sociedad pantalla (shell company). El trust es una joya del derecho anglosajón. En esencia, una persona (el ‘settlor’) le entrega sus bienes a un administrador (el ‘trustee’), quien los gestiona en beneficio de terceros (los ‘beneficiarios’). Mágicamente, los bienes ya no son del settlor, y todavía no son de los beneficiarios. Flotan en un limbo jurídico administrado por el trustee, que convenientemente suele ser un estudio especializado en una jurisdicción como las Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas o Delaware. La belleza de la figura es que permite afirmar, con total sinceridad legal, que “ese patrimonio no es mío”.
Luego tenemos a las sociedades pantalla. Son empresas reales, legalmente constituidas, pero sin actividad económica genuina. No tienen empleados, ni oficinas, ni producen nada. Su único activo es su existencia en el papel. Su propósito es ser dueñas de otras cosas: cuentas bancarias, inmuebles, acciones de otras empresas. A menudo, la dueña de una sociedad pantalla es otra sociedad pantalla registrada en otra jurisdicción, creando una cadena que vuelve casi imposible determinar quién es el beneficiario final, la persona de carne y hueso que en última instancia controla todo. Esta opacidad es el producto que venden.
El Estándar Común de Reporte: Cuando los paraísos empezaron a hablar
Durante décadas, el secreto bancario fue el pilar del sistema. Un país no tenía por qué contarle a otro quién depositaba dinero en sus bancos. Pero el mundo cambió. Presionados por las economías más grandes, la mayoría de los centros financieros del planeta adhirieron al Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés). Este acuerdo, impulsado por la OCDE, es básicamente un pacto para chusmear. Desde su implementación progresiva, más de 100 países intercambian anualmente y de forma automática la información de las cuentas bancarias de los no residentes.
En la práctica, si un ciudadano argentino tiene una cuenta en Suiza, el banco suizo está obligado a reportar la existencia de esa cuenta, su saldo y sus rendimientos a la autoridad fiscal suiza, la cual, a su vez, reenvía esa información a la AFIP. Este mecanismo automatizado ha sido una verdadera catástrofe para el modelo tradicional de evasión. De repente, la información que antes requería años de litigios internacionales y comisiones rogatorias, ahora llega en un archivo digital cada mes de septiembre. Las imputaciones de 2024 no son fruto de investigaciones nuevas y brillantes, sino del análisis minucioso de la pila de datos que el CRS ha estado entregando durante los últimos años.
El delicado arte de no llamarlo evasión
Aquí es donde el debate se pone interesante. Los abogados de los imputados no argumentan que las estructuras no existen. Al contrario, defienden su perfecta legalidad. Hablan de “planificación fiscal”, un eufemismo para describir el uso de todas las herramientas y vacíos legales disponibles para minimizar la carga tributaria. La evasión, en cambio, implica ocultar o mentir, un acto doloso e ilegal. La línea que separa una de otra es extraordinariamente fina y, a menudo, depende de la interpretación de un juez.
El argumento de las agencias tributarias es que muchas de estas estructuras de “planificación” son un artificio. Sostienen que, aunque cada paso individual pueda ser legal, el conjunto constituye una simulación cuyo único propósito es eludir al fisco. El foco está puesto en la figura del ‘beneficiario final’. Se busca demostrar que, a pesar de los trusts y las sociedades interpuestas, la persona imputada nunca perdió el control real de los fondos. Si se prueba que podía disponer del dinero como si fuera suyo, toda la arquitectura legal se desmorona y la planificación se convierte en evasión.
Estas batallas legales son largas y complejas. Pero su existencia misma revela una verdad incómoda: hemos construido un sistema financiero global que incentiva y recompensa la opacidad. Las imputaciones son un intento de poner parches, de ajustar las tuercas. Pero la lógica del capital seguirá buscando las fisuras. Mientras existan jurisdicciones cuya principal industria sea ofrecer discreción fiscal, el juego continuará. Quizás con reglas nuevas, con jugadores más cautelosos y con costos legales más altos. Pero el eterno descubrimiento de la rueda, sin duda, volverá a sorprendernos en unos años.
