Ley Bases: el manual de instrucciones para un nuevo comienzo
Un «punto de partida» que llegó por partes
Hay una verdad incómoda en todo gran proyecto de cambio: la versión final nunca se parece a la idea original. La Ley Bases es el ejemplo perfecto. Lo que comenzó como una pieza legislativa monumental, un verdadero «shock and awe» normativo con más de seiscientos artículos que buscaban reconfigurar desde la cultura hasta la pesca, terminó siendo un instrumento más acotado, quirúrgico y, sobre todo, posible. El tránsito parlamentario fue un curso acelerado de realismo político. Artículos enteros fueron cayendo como soldados en batalla, producto de negociaciones en pasillos donde la ideología pura se rinde ante la necesidad de conseguir un voto más.
Lo que quedó, sin embargo, no es menor. Es la columna vertebral de la propuesta original. La declaración de emergencia pública en áreas clave y la consecuente delegación de facultades al Poder Ejecutivo es el corazón del asunto. Es darle al gobierno la potestad de actuar con la agilidad de una empresa privada, obviando los tiempos y las formas de la burocracia estatal. Se argumenta como una necesidad imperiosa para salir de la crisis. Una verdad a medias, como todas las grandes verdades. Es también una concentración de poder que pone a prueba la calidad institucional. En el fondo, es una apuesta: se confía en el criterio del cirujano a cambio de la promesa de que la operación, aunque dolorosa, será un éxito.
El RIGI: alfombra roja para los de afuera
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es, quizás, el capítulo más revelador de la ley y de la filosofía que la inspira. Planteado de forma simple, es un ecosistema de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios diseñado para atraer proyectos de inversión que superen los 200 millones de dólares. Durante treinta años, estas empresas gozarán de una estabilidad normativa que el resto de los mortales, especialmente las pymes locales, solo pueden soñar. No pagarán ciertos impuestos, podrán importar lo que necesiten sin mayores trabas y dispondrán de sus divisas con una libertad inédita.
La lógica es aplastante en su simpleza: si no hay capital, hay que salir a buscarlo. Y para que venga, hay que ofrecerle condiciones que ni el más optimista de los inversores locales podría imaginar. Es la creación de un Estado dentro de otro Estado. Una burbuja de previsibilidad en un océano de incertidumbre. La reflexión obvia es que se está construyendo un edificio de primer nivel sobre un terreno que sigue siendo sísmico. La gran pregunta no es si vendrán las inversiones —con esas condiciones, es muy probable que lo hagan—, sino qué tipo de tejido productivo se genera alrededor de estos enclaves de privilegio y qué queda para el resto de la economía, esa que debe lidiar con las reglas de siempre.
Ajuste fiscal y el nuevo pacto laboral
Ningún plan de estabilización está completo sin su capítulo fiscal. Y este no es la excepción. El paquete fiscal que acompaña a la Ley Bases es la parte menos poética pero más tangible del cambio. Incluye el regreso de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, un golpe directo al bolsillo de una porción de trabajadores formales que habían celebrado su eliminación. También actualiza las escalas del Monotributo y propone un generoso blanqueo de capitales, ese clásico nacional que cada ciertos años ofrece una amnistía para que la guita no declarada vuelva al sistema formal, pagando una penalidad módica. Es el reconocimiento tácito de que una parte significativa de la economía funciona en las sombras y que, en lugar de combatirla, a veces es más práctico invitarla a la fiesta.
La modernización de las relaciones laborales es otro pilar. Se extiende el período de prueba, se crea un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones tradicionales y se limitan las multas por trabajo no registrado. El objetivo declarado es reducir el «costo laboral» para incentivar la contratación. Es la eterna tensión entre protección y flexibilidad. Para sus defensores, es la única forma de dinamizar un mercado de trabajo estancado y con altísimos niveles de informalidad. Para sus críticos, es una precarización de las condiciones de laburo. Como siempre, la realidad probablemente se ubique en un incómodo punto medio.
El día después: cuando la ley pisa la calle
Una ley aprobada es solo tinta sobre papel. Su verdadera trascendencia se mide cuando sus disposiciones empiezan a interactuar con la realidad, con los contratos, las inversiones, las paritarias y el humor social. Este conjunto de reformas no es el primero ni será el último intento de sentar las «bases» para un futuro diferente. La historia local está llena de estos momentos fundacionales que prometieron un antes y un después.
La implementación será un campo minado de desafíos. Requerirá no solo pericia técnica, sino también una muñeca política considerable para administrar las tensiones que inevitablemente surgirán. Porque una cosa es desregular un sector en un decreto y otra muy distinta es que esa desregulación genere la competencia y la baja de precios prometidas. Una cosa es atraer una inversión millonaria y otra es asegurar que genere un derrame positivo y no solo un enclave de extracción de recursos. La verdadera prueba de la Ley Bases no estará en los titulares del día de su aprobación, sino en los indicadores económicos y sociales de los próximos años. Ahí se verá si fue el manual de instrucciones para un nuevo comienzo o simplemente otro capítulo en el largo y sinuoso camino de un país que tiene una pila de proyectos, pero al que siempre le cuesta ejecutarlos.
