Amparo por falta de acceso a fertilización asistida
Una ley para el aplauso
Hay que reconocerlo: sobre el papel, las cosas suenan fantásticas. Se sancionó una ley, hace ya varios años, que vino a garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida. Una maravilla. Un triunfo de la equidad, un faro de derechos que iluminaría el camino de miles de personas. La ley es clara, concisa y no deja mucho lugar a la libre interpretación. Establece que tanto el sistema público de salud como las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deben cubrir la totalidad de los tratamientos. Incluye los estudios, los diagnósticos, los medicamentos y las terapias de apoyo. Aplausos de pie.
Pero, como suele suceder, del dicho al hecho hay un trecho poblado de asteriscos, letra chica y una notable capacidad para la negación. Una vez que uno sale del universo legislativo y entra a una oficina con un carnet de afiliado en la mano, la música cambia. Esa ley tan robusta y contundente empieza a parecerse más a una tímida recomendación. La promesa de cobertura integral se topa con un muro de burocracia diseñado con una precisión admirable para desgastar, para cansar, para invitar a la renuncia. Es el momento en que uno descubre que tener un derecho no siempre es sinónimo de poder ejercerlo. Pasaron cosas entre la sanción de la ley y el escritorio de autorizaciones.
El arte de la excusa: cuando el ‘no’ es la regla
Las razones esgrimidas por las prepagas y obras sociales para rechazar la cobertura son un género literario en sí mismas. Van desde lo plausiblemente técnico hasta lo absurdamente creativo. La negativa nunca es un “no” rotundo y maleducado; es un “no, por ahora”, un “no, de esta forma”, un “no, hasta que consigas el formulario Z-48 firmado por triplicado en una noche de luna nueva”. Entre las excusas más populares del catálogo se encuentran la limitación en la cantidad de intentos, a pesar de que la ley no establece un número máximo. O la negativa a cubrir medicación de alta complejidad, argumentando que no está en el vademécum del plan contratado, ignorando deliberadamente que una ley específica obliga a cubrirla. No falta el clásico “su diagnóstico no califica”, aun cuando el médico tratante ha presentado una pila de estudios que demuestran lo contrario. Cada negativa es una obra de ingeniería burocrática. Cada rechazo viene acompañado de una invitación implícita a meter los papeles en un cajón y probar suerte el año que viene. Es una estrategia de desgaste. Saben que detrás de cada solicitud hay personas en una situación de vulnerabilidad, y apuestan a que el cansancio les gane de mano.
El amparo: manual de instrucciones para reclamar lo obvio
Aquí es donde entra en escena el recurso de amparo. Lejos de ser un artilugio legal para entendidos, el amparo es la herramienta más directa y efectiva que tiene un ciudadano cuando un derecho constitucional es violado de manera flagrante y arbitraria. Y pocas cosas son más flagrantes que una ley nacional siendo ignorada. Iniciar un amparo de salud no es declarar una guerra, es simplemente pedirle a un juez que lea la ley y le ordene a la otra parte que la cumpla. Es así de simple y así de absurdo.
El proceso se sostiene sobre dos pilares que, en estos casos, son casi una obviedad. Primero, la verosimilitud del derecho: alcanza con mostrarle al juez la ley y la indicación médica. No hay mucho que discutir. El derecho es claro como el agua. Segundo, el peligro en la demora: en tratamientos de fertilidad, el tiempo no es oro; es todo. Cada mes que pasa es una oportunidad que se pierde, un factor biológico que juega en contra. El daño que produce la espera no es una especulación, es una certeza médica. Con estos dos elementos, es muy probable que el juez dicte una medida cautelar. Esto significa que ordena a la obra social o prepaga a dar la cobertura de forma inmediata, sin esperar al final del juicio. Es, básicamente, el botón de “deshacer” la negativa y obligar a que el tratamiento comience ya, mientras los abogados discuten los detalles de fondo. Una solución efectiva para un problema que nunca debió existir.
El tiempo, ese juez silencioso
Ganar un amparo se siente como una victoria, y en cierto modo lo es. Pero es una victoria con un sabor agridulce. Significa que tuviste que invertir tiempo, energía y dinero en contratar un abogado para obligar a una empresa a hacer algo que ya estaba obligada a hacer por ley. Significa que, durante semanas o meses, tu energía no estuvo puesta en el proyecto de buscar un hijo, sino en un quilombo legal. El desgaste emocional de bancar un juicio mientras se atraviesa un tratamiento médico es una carga que ninguna ley contempla.
La existencia del amparo como solución sistemática revela una verdad incómoda sobre el sistema: hay derechos de primera y derechos de segunda. Los de primera son los que se cumplen sin más. Los de segunda son aquellos que hay que ir a buscar a Tribunales, con una carpeta bajo el brazo y la paciencia de un santo. Al final del día, la justicia funciona y el derecho se restituye. Pero el camino recorrido deja una cicatriz. Expone la fragilidad de un sistema donde la ley, a veces, es solo el punto de partida de una discusión que no debería tener lugar. Y nos recuerda que tener la razón y un derecho consagrado por ley es fantástico, pero a menudo no es suficiente. A veces, además, hace falta un juez que lo ponga por escrito.
