Intimación a Cristina Kirchner por resarcimiento en causa Vialidad
El Eco de un Martillo que Todavía Resuena
Hay una cierta belleza en la burocracia cuando decide ser implacable. Después del estruendo mediático, de las defensas apasionadas y las acusaciones monumentales, llega el silencio. Y en ese silencio, se mueve el engranaje lento pero inexorable del sistema judicial. La sentencia en la denominada ‘Causa Vialidad’ no fue un punto final, sino un punto y aparte. Ahora, el Tribunal Oral Federal 2, el mismo que dictó las condenas, ha comenzado a despachar las notificaciones formales. Un acto administrativo, casi mundano, que le pone un precio tangible al veredicto.
La intimación para que se haga efectivo el decomiso ordenado en la sentencia ha sido enviada a Cristina Fernández de Kirchner, a Lázaro Báez, a José Francisco López y al resto de los condenados. No es una sugerencia, es una orden. Un recordatorio de que, más allá de los discursos y las filiaciones políticas, existe un fallo que los considera culpables de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En criollo: la Justicia determinó que manejaron la plata del Estado de una forma que benefició a unos pocos en lugar de al conjunto. Y ahora, como en cualquier juego donde las reglas se rompieron, alguien tiene que pagar por los platos rotos.
Este paso no debería sorprender a nadie. Es la consecuencia lógica, el siguiente capítulo de una saga que lleva años escribiéndose en los tribunales. Sin embargo, tiene el peso de lo concreto. Transforma la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que pende sobre la ex Presidenta, en una cifra con una cantidad abrumadora de ceros. Parece que la contabilidad, esa ciencia tan exacta y a menudo tan ignorada en las altas esferas del poder, finalmente presentó su factura.
La Aritmética de la Corrupción: Un Número con Muchos Ceros
El monto del decomiso es, en sí mismo, un personaje central en esta historia: 84.835.279.377,24 pesos. La precisión de los centavos le añade un toque de ironía casi cruel. No es una cifra redonda, no es una estimación al voleo. Es el resultado de un cálculo pericial que intentó medir el tamaño del agujero dejado en las arcas del Estado. Una pila de billetes que desafiaría la gravedad y la imaginación, el costo actualizado del perjuicio económico derivado de la adjudicación presuntamente irregular de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Pero, ¿qué significa ‘decomiso’ en este contexto? No se trata de una multa, sino de la obligación de restituir el dinero que, según la sentencia, fue obtenido de manera ilícita. Es el Estado intentando recuperar lo que considera suyo. La intimación es el primer paso formal para ejecutar esa recuperación, un aviso que pone en marcha el mecanismo para que los condenados, de forma ‘solidaria’, reintegren ese fangote de plata. Es el momento en el que la retórica se choca de frente con la matemática.
Cada peso de esa cifra representa, en teoría, un sobreprecio, un tramo de ruta que no se hizo como debía o que directamente no se hizo. Es el correlato material de una trama de favores y retornos que la justicia dio por probada. Ver ese número impreso en un documento oficial es un ejercicio de realismo brutal. Despoja al caso de su épica política y lo reduce a una simple, y a la vez complejísima, operación de reintegro. El dinero, que fue el motor de la operatoria, se convierte ahora en el objetivo final de la reparación judicial.
El Laberinto Procesal y la Paciencia del Estado
Aquí es donde el ciudadano común, ajeno a los vericuetos del derecho, podría fruncir el ceño. Si la sentencia aún no está ‘firme’, es decir, si todavía quedan instancias de apelación en la Cámara de Casación Penal e incluso en la Corte Suprema, ¿por qué se avanza con el cobro? La respuesta reside en las particularidades de nuestro sistema legal. Aunque la condena penal no sea definitiva, las acciones civiles para asegurar la reparación del daño pueden iniciarse. El Estado, previsor, no quiere esperar a que el último recurso sea rechazado para empezar a buscar los bienes.
La otra clave es la palabra ‘solidariamente’. Los jueces determinaron que todos los condenados son responsables por el total de la suma. Esto significa que el tribunal puede ir contra el patrimonio de cualquiera de ellos para cobrar la totalidad de la deuda. Luego, si así lo desearan, los condenados deberían arreglar entre ellos quién le debe qué a quién. Una especie de ‘todos para uno y uno para todos’, pero en versión judicial y con el Estado en el rol de un D’Artagnan que no está para sutilezas. Es una estrategia procesal que simplifica enormemente la tarea del acreedor.
Este avance, mientras las apelaciones siguen su curso, dibuja un escenario de tiempos paralelos. Por un lado, la defensa técnica argumenta la inocencia y busca revertir el fallo en instancias superiores. Por otro, el aparato judicial avanza con las consecuencias económicas del mismo, como si diera por sentado el resultado final. Es una muestra de la paciencia y la metodología del sistema: mientras los abogados debaten la semántica de la ley, los contadores del juzgado ya están haciendo números y preparando los embargos. Un recordatorio de que la justicia, aunque lenta, tiene memoria y una calculadora a mano.
Más Allá del Dinero: La Semántica del Poder
En el fondo, esta intimación es mucho más que un trámite administrativo o una cuestión contable. Es un evento de una profunda carga simbólica. Representa la colisión de dos mundos: el del poder político, acostumbrado a construir su propio relato y a definir la realidad en sus propios términos, y el del poder judicial, que intenta imponer una verdad fáctica y cuantificable a través de sus fallos. El auto que ordena el decomiso es la materialización de esa tensión. Es el Estado, a través de uno de sus poderes, diciéndole a figuras que encarnaron la cima de ese mismo Estado que deben rendir cuentas de una manera muy concreta.
La cifra, por su enormidad, corre el riesgo de volverse abstracta, un titular más en el ruido informativo constante. Pero su significado es todo lo contrario. Es la traducción de años de investigación, testimonios y peritajes a un lenguaje universal: el del dinero. Es la consecuencia directa de haber considerado probada una matriz de corrupción diseñada para desviar fondos públicos. Y esa consecuencia, ahora, tiene nombre, apellido y un número de expediente.
El proceso seguirá su largo camino. Las defensas apelarán, los tribunales revisarán y el tiempo continuará su marcha. Pero esta intimación queda como un hito, un documento que certifica que el sistema, con todas sus falencias y demoras, a veces funciona. Que la frase ‘rendir cuentas’ puede dejar de ser un eslogan para convertirse en una notificación formal con membrete oficial. En este tablero complejo, donde se juegan el poder, la historia y el futuro, la justicia ha movido una pieza modesta pero firme. Ha enviado la cuenta. Y ha dejado en claro que, aunque el poder pueda parecer etéreo, las deudas, a veces, son brutalmente concretas.
