Avances en la digitalización de expedientes judiciales
La era digital, con un ligero delay
El 20 de julio de 2025 quedará marcado como el día en que el Ministerio de Justicia anunció, con una puesta en escena de estudiada trascendencia, los ‘avances significativos’ en la digitalización de los expedientes judiciales. Se habló de eficiencia, de transparencia y de un salto cuántico hacia el siglo XXI. La presentación, prolija y llena de gráficos ascendentes, describía un futuro donde la pesada carga del papel sería reemplazada por la etérea levedad de los datos. Un futuro que, para gran parte del mundo civil, ya es un presente bastante consolidado desde hace, digamos, un par de décadas. Mientras cualquier ciudadano puede pedir comida, ver una película o manejar sus finanzas desde un teléfono, el sistema judicial celebra la capacidad de escanear un documento y adjuntarlo a un correo electrónico seguro.
Es innegable el simbolismo. El expediente físico, ese conjunto de fojas cosidas con hilo y aguja, con sus sellos superpuestos y sus firmas a mano alzada, representa una liturgia. Cada hoja tiene un peso, una textura, una historia. Su digitalización es, en cierto modo, la desacralización de un objeto de poder. La pila de papeles que abrumaba escritorios ahora se convierte en una lista de archivos en un directorio. La promesa es que esta transformación traerá celeridad. Que el trámite que antes dependía de un cadete ahora dependerá de la velocidad de la fibra óptica. Es un argumento impecable en su lógica, y casi conmovedor en su optimismo. El fin del papel es el fin de una era, una que olía a archivo y a paciencia, mucha paciencia.
El expediente electrónico: ¿Mismos vicios, nuevo formato?
La cuestión de fondo, esa que se suele evitar en las presentaciones con diapositivas, es si la digitalización es una solución o simplemente un cambio de escenario para los mismos problemas. La burocracia es un animal resiliente, capaz de adaptarse a cualquier ecosistema. La lentitud de un proceso no siempre reside en el medio de transporte del documento, sino en la cantidad de manos, firmas y validaciones por las que debe pasar. Un archivo PDF puede quedar varado en una bandeja de entrada con la misma tenacidad que un expediente físico en el fondo de un armario.
El verdadero desafío no es tecnológico, es cultural. ¿Se crearán ‘sellos de goma digitales’, procedimientos que requieran aprobaciones redundantes a través de clics en lugar de sellos de tinta? ¿Un funcionario abrumado por el trabajo dejará de revisar una pila de papeles para empezar a ignorar una pila de notificaciones en su pantalla? La experiencia en otras áreas del Estado sugiere que la tecnología, por sí sola, no acelera nada si los procesos subyacentes no se rediseñan. Es como ponerle el motor de un auto de carreras a un chasis de 1920: el motor es potente, pero la estructura no está preparada para la velocidad. El sistema judicial tiene una inercia propia, una coreografía de pasos y rituales que la digitalización no borra automáticamente. Simplemente, le pone música nueva a un baile muy antiguo.
La anatomía del byte judicial
Desde el punto de vista técnico, los avances son concretos. Se implementó un sistema de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), que permite a una máquina ‘leer’ los documentos escaneados y convertirlos en texto digital. Esto, en teoría, facilita las búsquedas. Ya no hará falta revisar foja por foja buscando un nombre; bastará con un ‘Control+F’. Claro que la efectividad del OCR depende de la claridad del original, y todos hemos visto la caligrafía de algunas recetas médicas. Imaginar la interpretación algorítmica de ciertas anotaciones marginales en un expediente de hace treinta años es un ejercicio de fe.
Otro pilar es la firma digital, que reemplaza a la firma manuscrita para garantizar autoría e integridad. Es una herramienta criptográfica robusta y segura, el nuevo estándar de la formalidad. Su implementación es crucial, pero también introduce una nueva capa de complejidad para el usuario. El abogado que dominaba el arte de la persuasión oral ahora debe dominar el arte de no perder su token criptográfico. Finalmente, están los metadatos: la información que describe a la información. Cada archivo digital vendrá con etiquetas que indican su fecha, origen, tipo de documento y estado procesal. Estos metadatos son la nueva carátula del expediente, el nuevo índice. Un error en un metadato puede ser el equivalente digital a archivar un caso en el cajón equivocado, enviándolo a un limbo de bits del que quizás nunca regrese.
El factor humano en un mundo de clics
En última instancia, el éxito de esta monumental tarea recae sobre las personas. Jueces, fiscales, abogados y empleados judiciales son los verdaderos protagonistas de esta transición. Hablamos de un universo donde conviven nativos digitales, para quienes la nueva interfaz es una segunda naturaleza, con profesionales formados en la era del papel carbónico, para quienes un login fallido puede representar una barrera infranqueable. La capacitación se vuelve, entonces, no un complemento, sino el corazón del proyecto. Sin una adopción real y convencida por parte de los usuarios, el sistema más avanzado no es más que un conjunto de servidores acumulando calor y consumiendo electricidad.
El cambio es inevitable y, en el balance general, positivo. Nadie en su sano juicio defendería la perpetuidad del papel como sistema. Sin embargo, la celebración de estos ‘avances’ debe ser matizada con una dosis de realismo. La justicia no se volverá más rápida o más justa solo por cambiar el soporte de sus escritos. La verdadera modernización será aquella que se atreva a repensar los procesos, a simplificar los trámites y a eliminar las redundancias, tanto las de tinta como las de píxeles. Mientras tanto, hemos dado un paso importante: hemos logrado que la pila de papeles que definía el laburo judicial comience a transformarse. Ahora es una flamante, moderna y prometedora pila de archivos por abrir.
