El Juicio de Watergate: La Justicia Como Espectáculo Político
El preludio de los «fontaneros»
Toda gran tragedia necesita un acto de apertura que parezca insignificante. En este caso, fue un grupo de cinco hombres intentando realizar un trabajo de espionaje de medio pelo en el complejo de oficinas Watergate. Bernard Barker, Virgilio González, Eugenio Martínez, Frank Sturgis y James W. McCord Jr. fueron los protagonistas de este primer acto. Su arresto en junio de 1972 fue presentado como un simple robo, un «intento de robo de tercera categoría», según la elegante definición de la propia Casa Blanca. Uno podría pensar que irrumpir en la sede de un partido político es una mala idea. La historia, con su peculiar sentido del humor, se empeñó en demostrar que, efectivamente, lo era.
El juicio inicial, que tuvo lugar en enero de 1973, incluyó no solo a los cinco ladrones, sino también a sus supervisores directos, G. Gordon Liddy y E. Howard Hunt. De este grupo, cinco se declararon culpables, quizás esperando una muestra de gratitud presidencial que nunca llegaría en la forma esperada. McCord y Liddy, en cambio, optaron por ir a juicio y fueron rápidamente condenados. La intención era clara: cortar el circuito ahí, presentar a estos siete hombres como los únicos responsables, una banda de entusiastas que actuaron por su cuenta. Era un intento de contención admirablemente optimista. La premisa era que el resto del país se distraería con otra cosa y el asunto quedaría archivado. Una suposición que subestimaba groseramente la curiosidad de la prensa y la integridad, o la terquedad, de ciertos jueces.
El encubrimiento se vuelve oficial: los Siete de Watergate
Para marzo de 1974, la ficción de que el robo fue una iniciativa privada se había desmoronado por completo. Un gran jurado, evidentemente no satisfecho con la primera tanda de acusados, apuntó mucho más alto. Así nació el caso de los «Siete de Watergate», el verdadero evento principal. La lista de acusados era un quién es quién del círculo íntimo del presidente: John N. Mitchell, ex Fiscal General; H. R. Haldeman, Jefe de Gabinete de la Casa Blanca; John D. Ehrlichman, principal asesor de política interior; Charles W. Colson, consejero especial; Robert C. Mardian, funcionario del Comité para la Reelección del Presidente; Kenneth W. Parkinson, abogado del comité; y Gordon C. Strachan, asistente de Haldeman. Parecía que ser amigo del presidente tenía sus riesgos.
Los cargos eran mucho más sofisticados que el simple allanamiento. Se los acusaba de conspiración, obstrucción a la justicia y perjurio. La acusación formal detallaba un esfuerzo sistemático para encubrir la participación de altos funcionarios en la planificación y financiación de la operación Watergate. Esto incluía la destrucción de documentos, el pago de sobornos para comprar el silencio de los primeros acusados y mentir descaradamente a los investigadores del FBI y a los fiscales. El auto judicial era, en esencia, un manual de instrucciones sobre cómo no gestionar una crisis. Se había pasado de un delito vergonzoso a un atentado contra el propio sistema judicial.
La técnica y la táctica: el Juez y las cintas
En este drama, el juez John J. Sirica asumió un papel protagónico inesperado. Lejos de ser un mero árbitro, Sirica se mostró profundamente escéptico ante la versión oficial. Durante el primer juicio, dejó en claro que no creía que toda la verdad hubiera salido a la luz. Su método fue tan simple como efectivo: utilizó la amenaza de sentencias máximas para incentivar la cooperación. A James McCord, por ejemplo, le sugirió que una larga estadía en prisión podría reconsiderarse si decidía tener una charla honesta. Funcionó. La famosa carta de McCord a Sirica, implicando a los altos mandos, fue la pieza de dominó que derribó toda la estructura.
Luego vino el aspecto técnico que transformó el juicio en un espectáculo nacional: las cintas. El descubrimiento de que el presidente Richard Nixon grababa casi todas las conversaciones en su oficina fue una revelación monumental. De repente, existía una pila de pruebas potencialmente irrefutables. Lo que siguió fue una batalla legal épica entre el fiscal especial y la Casa Blanca por el acceso a esas grabaciones. La defensa del «privilegio ejecutivo» se esgrimió como un escudo sagrado, pero los tribunales, hasta llegar a la Corte Suprema, no estuvieron de acuerdo. La justicia, al parecer, tenía derecho a escuchar. La entrega de las cintas, aunque editadas y con una misteriosa brecha de 18 minutos y medio, selló el destino de muchos. Era la prueba de que, a veces, la tecnología que uno instala para protegerse se convierte en su propia soga.
Veredictos y otras ironías del destino
El juicio principal contra los Siete de Watergate comenzó en octubre de 1974 y concluyó el 1 de enero de 1975. Para entonces, Nixon ya había renunciado, pero la máquina judicial seguía su curso inexorable. El resultado fue una lección sobre la responsabilidad, o al menos sobre las consecuencias de ser atrapado. John Mitchell, H. R. Haldeman, John Ehrlichman y Robert Mardian fueron declarados culpables de conspiración, obstrucción de la justicia y, en algunos casos, perjurio. Kenneth Parkinson fue absuelto. A otros, como Colson y Strachan, se les retiraron los cargos principales a cambio de declararse culpables de otros delitos menores en procesos separados. La justicia, después de todo, también sabe negociar.
Las sentencias fueron significativas. Mitchell, Haldeman y Ehrlichman recibieron penas de prisión que iban de dos y medio a ocho años, aunque finalmente cumplieron entre 18 meses y cuatro años y medio. Fue un momento histórico: los hombres que habían manejado los hilos del poder desde las oficinas más prestigiosas del mundo terminaban tras las rejas. La ironía final es que el escándalo, que comenzó con un intento de obtener una ventaja política injusta, terminó con la caída de un presidente y la encarcelación de sus hombres más leales. El juicio de Watergate no solo castigó a los culpables; expuso la incómoda verdad de que el poder sin control tiene una tendencia casi natural a autodestruirse. Fue una demostración, costosa y espectacular, de que incluso las operaciones más secretas pueden terminar bajo la luz fluorescente y poco favorecedora de una sala de tribunal.
