Seguro de Vida y Ausencia: Cuando la Póliza se Hace Humo
Cuando la muerte es un trámite (y la aseguradora lo sabe)
Mire, vamos a empezar por el principio, por la verdad cruda y pelada. Cuando una persona desaparece, el mundo de sus seres queridos se parte en dos. Pero el sistema, la maquinaria legal y financiera, no opera con dolor. Opera con papeles. Y el problema de un desaparecido es que, precisamente, no deja el papel más importante: el certificado de defunción. Entonces, la ley, en un rapto de pragmatismo casi poético, inventó una ficción. Una mentira piadosa con sello judicial: la «ausencia con presunción de fallecimiento». No es que sepamos que está muerto. Es que, después de un tiempo prudencial y un proceso tedioso, hacemos de cuenta que sí, para que el mundo de los vivos pueda seguir andando. Para que se puedan repartir los bienes, para que el cónyuge pueda volver a casarse y, claro, para que los beneficiarios de un seguro de vida puedan, en teoría, cobrar.
Aquí es donde entra nuestro otro protagonista: la compañía de seguros. Una entidad que, por definición, vive de cobrar primas y, si es posible, no pagar siniestros. No es maldad, es su modelo de negocio. Cuando los beneficiarios, después de meses o años de angustia y de haber transitado el laberinto judicial para obtener esa sentencia que declara a su ser querido presuntamente fallecido, golpean la puerta de la aseguradora, se encuentran con una pared de cortesía y burocracia. Reciben una carta documento, redactada con una frialdad impecable, que les informa el «rechazo de cobertura». ¿El motivo? Una joya de la argumentación circular: «falta de acreditación fehaciente del siniestro». O sea, falta el certificado de defunción.
Es en este punto donde el ciudadano común siente que el sistema se ríe en su cara. ¿Acaso no pasaron por un juicio? ¿Acaso un juez de la Nación no firmó una sentencia que fija un día y una hora para la muerte? Sí, pero para la aseguradora, esa sentencia es apenas un papel más en una pila de problemas. Un papel que van a discutir, analizar, cuestionar y, si pueden, desconocer. La póliza, ese contrato de adhesión que nadie lee hasta que ocurre la desgracia, dice «fallecimiento». Y la aseguradora se va a aferrar a la literalidad más obtusa de esa palabra. Para ellos, «fallecimiento» es un cuerpo, un médico que firma un papel y un sello del Registro Civil. La «presunción» judicial es, para su conveniencia, un tecnicismo legal que no está explícitamente contemplado en la letra chica que ellos mismos redactaron. Empieza el segundo calvario. El primero fue la pérdida. El segundo es la lucha por algo que, en un mundo justo, debería ser automático.
Las herramientas del sistema: El yunque y el martillo
El sistema legal pone a disposición de los ciudadanos un conjunto de herramientas. El problema es que a menudo son pesadas, lentas y requieren de un artesano —un abogado— que sepa cómo usarlas sin aplastarse los dedos. El proceso para llegar a la declaración de presunción de fallecimiento es un ejemplo perfecto de esta maquinaria paquidérmica. No es un trámite que se hace en una ventanilla. Es un juicio. Un verdadero juicio.
Primero, hay que pedir la declaración de simple ausencia. Esto es para nombrar un curador, alguien que administre los bienes del desaparecido mientras esperamos. Ya esto implica abogados, tasas de justicia, edictos en diarios que nadie lee. Es el precalentamiento. Luego, hay que esperar los plazos. La ley, con su parsimonia habitual, dice que deben pasar tres años desde la última noticia del ausente para poder iniciar el juicio de presunción de fallecimiento. Tres años de incertidumbre, de espera. Este plazo se acorta en los llamados casos extraordinarios: dos años si la persona estaba en el lugar de un incendio, terremoto, guerra u otro desastre similar; y apenas seis meses si iba en un buque o avión naufragado o perdido. Seis meses que, para la familia, son una eternidad.
Una vez cumplido el plazo, arranca el juicio propiamente dicho. Más abogados, más pruebas (la prueba de que «no hay noticias» es diabólica), más edictos, intervención del fiscal. Finalmente, si todo va bien, el juez dicta sentencia. Y no solo declara la presunción de fallecimiento, sino que fija una fecha y hora presuntiva de la muerte. Ese es el documento que los beneficiarios llevan, triunfantes y agotados, a la aseguradora. Y es el documento que la aseguradora mira con desdén. Su argumento, pulido por cientos de casos, es simple: «El contrato es ley para las partes. La póliza cubre el riesgo de ‘muerte’, no de ‘presunción de muerte’. Son dos cosas distintas. Demuéstreme la muerte biológica». Es una postura formalista, dura, a veces hasta cruel, pero que tiene una lógica contractual interna. Se refugian en la interpretación literal y obligan a la familia a iniciar un segundo juicio: el juicio de cumplimiento de contrato contra la aseguradora. El yunque es el dolor de los beneficiarios; el martillo, el tiempo y el dinero que la compañía está dispuesta a gastar.
Tácticas de supervivencia en la jungla de papel
En este escenario, no hay lugar para idealismos. Hay que hablar de estrategia, de cálculos fríos. Son consejos de trinchera, para sobrevivir en el campo de batalla judicial.
Para los beneficiarios:
- Contraten a un especialista. No sirve el primo abogado que hace divorcios. Necesitan a alguien que haya peleado contra aseguradoras, que conozca sus mañas, sus argumentos y, sobre todo, los fallos judiciales que les dan la razón a los asegurados. Este abogado les va a decir la verdad: esto va a ser largo y costoso.
- La paciencia es su única arma nuclear. La estrategia de la aseguradora es el desgaste. Van a apelar todo, a presentar escritos inútiles, a pedir pericias absurdas. Quieren que ustedes se cansen y acepten un acuerdo por el 20% de lo que les corresponde. Si saben que la pelea es a largo plazo, su mentalidad cambia.
- Documenten absolutamente todo. Cada llamada, cada carta, cada correo. Construyan un expediente paralelo. En un juicio, la memoria no sirve; los papeles, sí.
- No se dejen engañar por la primera oferta. En algún momento, la aseguradora, viendo que ustedes no aflojan, les va a ofrecer un acuerdo «amigable». Es una trampa. Es el reconocimiento de que probablemente pierdan en el juicio, pero quieren minimizar la pérdida. Su abogado debe calcular fríamente si esa oferta, puesta en la balanza con los años de litigio que faltan, tiene sentido. A veces, un mal arreglo es mejor que un buen juicio. Pero esa decisión debe ser informada, no fruto de la desesperación.
Para la aseguradora (la estrategia que usarán contra usted):
- La dilación es ganancia. Cada mes que el dinero de la póliza sigue en sus cuentas de inversión, genera rendimientos. Retrasar el pago no es solo una táctica de defensa, es una estrategia financiera.
- Siembra la duda. Aunque no tengan pruebas, van a deslizar la posibilidad de que la desaparición fue voluntaria, un fraude. Que el asegurado se escapó de deudas o que empezó una nueva vida en otro lado. No necesitan probarlo, solo instalar la duda en la cabeza del juez.
- Ataque la póliza. Van a revisar con lupa cada declaración que hizo el asegurado al contratar el seguro. ¿Omitió que fumaba un cigarrillo en las fiestas? ¡Reticencia! ¿No declaró una consulta médica por un dolor de cabeza hace cinco años? ¡Preexistencia! Cualquier excusa es buena para intentar anular el contrato.
- El peso de la prueba recae sobre el otro. Su postura será pasiva. «Señores beneficiarios, demuéstrenme que el siniestro ocurrió en los términos del contrato». Y se sientan a esperar que el otro lado mueva el pesado engranaje judicial.
La «sensibilidad social» de los jueces: Un salvavidas de plomo
Y entonces, todo termina en manos de un juez. El último bastión. La jurisprudencia argentina, hay que decirlo, ha desarrollado una saludable «sensibilidad social» en materia de seguros. Los jueces entienden que el contrato de seguro es un contrato de consumo, de adhesión, donde una parte (la aseguradora) tiene todo el poder y la otra (el asegurado) solo puede aceptar o rechazar. De ahí nacen principios como el in dubio pro asegurado: ante la duda, se interpreta a favor del asegurado. O la idea de que las cláusulas ambiguas o abusivas redactadas por la aseguradora no pueden perjudicar al consumidor.
En nuestro caso, la mayoría de los fallos judiciales con buen criterio han dicho algo obvio: que la declaración judicial de presunción de fallecimiento, una vez firme, equivale funcionalmente al certificado de defunción a los efectos de hacer exigible la obligación de la aseguradora. ¿Por qué? Porque la ley creó esta ficción precisamente para solucionar estas situaciones. Sostener lo contrario sería vaciar de contenido la propia ley y convertir el seguro de vida en una estafa para los casos de desaparecidos. Un juez con sentido común entiende que la aseguradora cobró una prima durante años por un riesgo (la muerte) y que ese riesgo, jurídica y legalmente, se ha materializado con la sentencia.
Pero, y este es un «pero» del tamaño de una catedral, este salvavidas judicial a veces es de plomo. Que la jurisprudencia mayoritaria le dé la razón no significa que su caso particular vaya a ser rápido. La aseguradora lo sabe, y por eso litiga igual. Apelará a la Cámara, e incluso intentará llegar a la Corte. Saben que tienen pocas chances de ganar al final del camino, pero el camino es el castigo. El proceso mismo es la victoria de la compañía. Al final, después de cinco, seis, siete años de juicio, los beneficiarios quizás obtengan una sentencia favorable. Cobrarán el capital, más algunos intereses. Pero habrán dejado en el camino años de vida, salud y dinero en honorarios. La victoria tendrá un sabor amargo, el sabor de una justicia que llega, pero llega tarde. Y uno, que ha visto esto una y otra vez, se pregunta si el sistema no está diseñado, en el fondo, para protegerse a sí mismo antes que a las personas que dice servir.
