Incumplimiento de Acuerdos de Accionistas: Consecuencias Legales
La sorprendente naturaleza vinculante de la palabra escrita
Parece una revelación casi esotérica en el mundo de los negocios, pero los documentos que uno firma, especialmente aquellos titulados “Acuerdo de Accionistas” o “Pacto de Socios”, no son meras sugerencias decorativas. Son contratos. Y en nuestro ordenamiento jurídico, los contratos nacen para ser cumplidos. Este principio, que algunos juristas romanos denominaron elegantemente pacta sunt servanda y que nuestro Código Civil y Comercial de la Nación recoge con una simpleza abrumadora en su artículo 959, establece que todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos que la ley prevé. Sorprendente, ¿verdad?
Estos pactos, a los que la doctrina insiste en llamar “parasociales” por orbitar fuera del estatuto social formal, son la herramienta por excelencia para regular la letra chica de la convivencia societaria. Aquí se definen las reglas del juego que el estatuto, por su rigidez, no contempla: cómo se votará en ciertos asuntos críticos, qué mayorías especiales se necesitarán, cómo se resolverá un bloqueo o deadlock, qué restricciones habrá para vender las acciones, o qué sucederá si un socio decide dedicarse a la jardinería en lugar de gestionar la empresa. Se trata, en esencia, de un manual de instrucciones para evitar el caos. La ironía es que su incumplimiento es, precisamente, la causa más frecuente del caos que pretendían evitar.
La validez de estos acuerdos es indiscutible, siempre que su objeto no sea ilícito ni contrario a normas imperativas de la Ley General de Sociedades. No se puede pactar, por ejemplo, la supresión absoluta del derecho de un socio a la información o a los dividendos. Pero sí se puede regular su ejercicio. La autonomía de la voluntad, otro pilar de nuestro sistema contractual, permite a los socios diseñar un traje a medida para su relación, siempre que no desfigure la estructura esencial del tipo societario. Ignorar estas cláusulas no es una picardía empresarial; es, lisa y llanamente, un incumplimiento contractual con todas las letras y, por ende, con una pila de consecuencias.
Anatomía de una disputa: Mecanismos de resolución
Cuando la confianza se evapora y un socio decide que el acuerdo era más bien una declaración de intenciones, el socio perjudicado no tiene por qué resignarse. El sistema legal, en su infinita y a veces exasperante sabiduría, provee un arsenal de remedios. El primer paso, a menudo obligatorio por ley procesal, es la mediación. Un ritual civilizado donde las partes, con sus abogados, intentan llegar a una solución frente a un tercero imparcial. A veces funciona. La mayoría de las veces, es solo el calentamiento previo antes de ingresar al verdadero campo de batalla: los tribunales.
Una vez en sede judicial, se abren principalmente dos caminos, que no siempre son excluyentes. El primero es la ejecución forzada. Si la obligación incumplida es de hacer, como por ejemplo, votar en una asamblea de una manera determinada, el socio leal puede pedirle a un juez que obligue al incumplidor a cumplir. Si el rebelde se niega, el juez puede incluso sustituir su voluntad, siempre que la naturaleza de la obligación lo permita. Se busca el cumplimiento específico de lo pactado, porque el contrato es ley para las partes. El segundo camino es la resolución del contrato. El socio perjudicado puede decir: “hasta acá llegamos”. Puede solicitar que se declare resuelto el pacto por culpa del otro, liberándose de sus propias obligaciones y, fundamentalmente, reclamando los daños y perjuicios que la ruptura le ha ocasionado. Esto incluye desde el daño emergente (la pérdida efectivamente sufrida) hasta el lucro cesante (la ganancia que dejó de percibir).
El arsenal del damnificado: Medidas y pruebas
Iniciar un juicio es como empezar a armar un auto desde cero. Se necesita un chasis sólido: la prueba. La prueba reina es, por supuesto, el propio acuerdo de accionistas. Pero también es crucial todo lo que demuestre el incumplimiento: actas de asamblea donde se votó en contra de lo pactado, correos electrónicos, cartas documento, informes de auditores, etc. Sin pruebas contundentes, la mejor de las demandas es solo una expresión de deseos con formato legal.
Además, como la justicia no se caracteriza por su velocidad supersónica, es fundamental considerar las medidas cautelares. Son herramientas procesales para asegurar que, cuando finalmente llegue la sentencia, todavía haya algo sobre lo que ejecutarla. La más común es la prohibición de innovar, para que el socio incumplidor no altere la situación de hecho o de derecho (por ejemplo, vendiendo sus acciones a un tercero en violación a una cláusula de preferencia). Para obtener una cautelar, hay que demostrarle al juez dos cosas: la verosimilitud del derecho (que tu reclamo tiene pinta de ser serio y fundado) y el peligro en la demora (que si esperás el final del juicio, el daño será irreparable). Es un adelanto de jurisdicción, una muestra de poder judicial para congelar la situación mientras se dirime el fondo de la cuestión. Una buena cautelar puede definir el curso de toda la disputa.
La defensa del incumplidor: Un ejercicio de creatividad jurídica
Ahora, pongámonos en los zapatos del socio señalado como el villano de la película. ¿Está todo perdido? No necesariamente. La defensa no consiste en negar la firma, sino en atacar la obligación misma. Un argumento clásico es la nulidad de la cláusula en cuestión. Se puede sostener que esa cláusula específica es abusiva o que viola una norma de orden público de la ley de sociedades, como aquellas que protegen los derechos inderogables de los socios. Es una defensa técnica y compleja, que requiere una interpretación minuciosa de la ley.
Otra vía es argumentar la imposibilidad de cumplimiento, pero debe ser una imposibilidad objetiva, absoluta y no imputable al propio deudor. No basta con decir “no tenía ganas”. Hay que probar que un evento ajeno a su voluntad, imprevisible e irresistible, le impidió cumplir. Pensemos en una crisis económica devastadora que alteró de forma tan extraordinaria las bases del acuerdo que su cumplimiento se volvió excesivamente oneroso. Aquí entra en juego la teoría de la imprevisión (art. 1091 del CCyCN), que permite solicitar la readecuación o resolución de un contrato conmutativo cuando un acontecimiento extraordinario e imprevisible vuelve la prestación de una de las partes desproporcionadamente onerosa. Es un camino de cornisa, reservado para situaciones verdaderamente excepcionales.
Al final del día, después de años de litigio, montañas de escritos y una considerable inversión en honorarios profesionales, las partes suelen llegar a una verdad incómoda y dolorosamente obvia: el mejor juicio es el que se evita. Y se evita con un acuerdo de accionistas redactado con una rigurosidad paranoica, que anticipe todos los escenarios de conflicto posibles y establezca mecanismos de salida claros y automáticos. Prevenir no es solo mejor que curar; en el ámbito societario, es la única estrategia verdaderamente inteligente. Todo lo demás es, simplemente, enriquecer a los abogados.
