El Derecho a la Salud: Una Ficción Constitucionalmente Protegida
El Gran Malentendido: ¿Qué es el ‘Derecho a la Salud’?
Existe una creencia popular, bastante ingenua, de que el derecho a la salud significa que el Estado tiene la obligación de mantenernos perpetuamente sanos, como si fuera una especie de póliza contra la biología. Una idea conmovedora, pero jurídicamente absurda. El derecho a la salud, en su esencia constitucional, es algo mucho más terrenal y, por ende, mucho más exigible: es el derecho al acceso a los medios para preservar, mantener y recuperar la salud. Es la garantía de que, cuando la máquina falla, uno tendrá a su disposición los talleres y las herramientas necesarias para repararla, sin que el tamaño de su billetera sea el factor determinante.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 42, y una serie de tratados internacionales con la misma jerarquía (gracias al artículo 75, inciso 22), como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo establecen con una claridad que asusta. Cuando decimos ‘jerarquía constitucional’, no es un adorno académico. Significa que ese derecho tiene el mismo peso que cualquier otro artículo de la Constitución. No es un derecho de segunda categoría, no es una sugerencia ni una declaración de buenas intenciones. Es una orden.
La revelación, que no debería ser tal, es que estos derechos son ‘operativos’. No necesitan de una ley menor que los reglamente para poder ser exigidos. Un juez puede, y debe, tomar la Constitución y los tratados y ordenar que se cumpla. No hay excusa. La obligación del Estado es primaria e indelegable. Si delega la prestación en entidades privadas —las famosas obras sociales y prepagas— no se lava las manos. Sigue siendo el responsable último si estas entidades deciden, por la razón que sea, mirar para otro lado. Esta idea, que parece revolucionaria, es la base de todo el sistema. El Estado no es un mero espectador; es el garante final de que el auto siga en marcha.
El Laberinto del Reclamo: Crónica de una Muerte Anunciada
El viaje del ciudadano cuyo derecho a la salud ha sido vulnerado es una obra maestra del surrealismo burocrático. Comienza, casi siempre, con un ‘no’. Un ‘no’ de la prepaga, un ‘no’ de la obra social, un silencio administrativo del Estado. Las justificaciones son un poema a la creatividad financiera: ‘la prestación no está en el Programa Médico Obligatorio (PMO)’, ‘el medicamento es importado’, ‘el tratamiento es experimental’, ‘no tenemos prestadores en su zona para esa complejidad’. Cada ‘no’ es un muro diseñado no tanto para ser infranqueable, sino para agotar. El sistema no apuesta a tener la razón, apuesta a que el enfermo o su familia se cansen primero.
Es en este punto donde el ciudadano común debe mutar en un litigante amateur y buscar auxilio profesional. Aquí entra en escena la herramienta jurídica por excelencia para estos casos: la acción de amparo. El amparo es, en teoría, un proceso judicial rapidísimo, una vía de emergencia para cuando un derecho constitucional está siendo pisoteado de forma manifiesta. Su objetivo es obtener una solución ya. Dentro de este proceso, la estrella es la medida cautelar. Pedir una cautelar es decirle al juez: ‘Señoría, mi cliente se está jugando la vida o su calidad de vida ahora mismo. No podemos esperar a que termine todo el juicio. Ordene que le den el tratamiento ya, y después discutimos con calma a quién le corresponde pagar la cuenta’. Conseguir esa medida es el primer gran triunfo, es oxígeno en medio de la asfixia.
Manual de Supervivencia para el Reclamante (y el Reclamado)
Si la vida lo ha llevado a uno de estos dos mostradores, hay ciertas verdades que es mejor conocer de antemano. No son complejas, son brutalmente lógicas.
Para usted, el reclamante:
1. Documente todo. Conviértase en un archivista obsesivo. Cada correo electrónico, cada carta documento, cada negativa verbal que pueda conseguir por escrito. Pida el ‘no’ formal, sellado y firmado. En la justicia, lo que no está en un papel, no existe. El papelito es el rey.
2. El resumen de historia clínica es su espada. Necesita que su médico tratante, el que realmente sabe lo que usted necesita, elabore un informe detallado, claro y contundente. Debe explicar por qué necesita ESE tratamiento o ESE medicamento y no otro, y cuáles son los riesgos de no recibirlo. Sin un buen informe médico, su abogado tiene las manos atadas.
3. Elija a su abogado con cuidado. No todos los profesionales, por más excelentes que sean en otras áreas, saben cómo funciona el fuero de la seguridad social o cómo pelear un amparo de salud. Esto es una especialidad. Necesita a alguien que sepa cambiarle la rueda a este auto específico, no a un teórico del derecho automotor.
Para usted, el reclamado (obra social, prepaga, Estado):
Mi consejo más sincero y probablemente menos escuchado sería: cumplan con la ley y su contrato. Sería una estrategia novedosa y, a la larga, hasta más económica. Pero, ya que estamos en el plano del realismo, sus defensas habituales tienen patas cortas. La excusa del PMO es la más común y la más débil. La jurisprudencia ha dicho hasta el hartazgo que el PMO es un piso mínimo de prestaciones obligatorias, no un techo que limita la cobertura. El derecho a la salud es dinámico; si la ciencia avanza, la cobertura debe avanzar con ella. Argumentar que un tratamiento es ‘experimental’ cuando tiene aval científico internacional o es indicado por el especialista es, cuanto menos, temerario. Y el argumento económico… bueno, intentar justificar un ahorro empresarial a costa de la vida o la integridad de una persona es una posición moralmente delicada y jurídicamente insostenible ante un tribunal.
La Sentencia: El Papel que (a veces) Cura
Llega el día. El juez firma una sentencia. Un papel impecable, con sellos y fundamentos legales sólidos, que ordena a la entidad X a proveer la prestación Y en un plazo de 48 horas. La familia celebra, el abogado respira aliviado. ¿Fin de la historia? Sería hermoso, pero a menudo es solo el final del primer acto. Aquí nos topamos con otra verdad incómoda: el incumplimiento de las sentencias judiciales.
La entidad condenada a veces hace silencio. O cumple tarde. O cumple a medias. La burocracia, que antes era un escudo, ahora se convierte en un arma de dilación. Empieza una nueva batalla, la de la ejecución de la sentencia. El abogado debe volver a la carga, informando al juez del incumplimiento. Es entonces cuando el magistrado puede aplicar herramientas más severas. La más común son las ‘astreintes’: multas diarias, a veces muy cuantiosas, que se aplican a la entidad por cada día de retraso en el cumplimiento de la orden. Es una forma de tocarles el bolsillo, el único idioma que algunos parecen entender. En casos extremos de desobediencia, se puede llegar a radicar una denuncia penal por el delito de desobediencia a una orden judicial. Es como ponerle una multa por exceso de velocidad a una tortuga; a veces funciona, a veces la tortuga prefiere pagar la multa y seguir a su propio ritmo.
Al final del camino, queda una reflexión inevitable. La judicialización masiva de la salud no es un indicador de un sistema judicial robusto, sino el electrocardiograma plano de un sistema de salud que no cumple su función básica. Cada amparo es el testimonio de un fracaso previo, el del diálogo, el de la administración, el de la responsabilidad social. Hemos normalizado la idea de que para acceder a un derecho humano fundamental es necesario iniciar una guerra de trincheras legales. El derecho a la salud se ha ido transformando, sutilmente, en el derecho a tener un buen abogado. Y esa, quizás, es la patología más grave de todas, porque para esa no hay cautelar que valga.
