Justicia Ambiental: El Espejismo de la Especialización Judicial
El Artículo 41 y otras Declaraciones de Principios
Es casi una tradición nacional enorgullecernos de nuestra legislación de avanzada. Y con razón. El artículo 41 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, es una maravilla. Consagra el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Impone, además, el deber de preservarlo. Como si fuera poco, establece que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer. Poesía pura. Un blindaje jurídico contra la desidia y la depredación.
A esta pieza maestra se suma la Ley General del Ambiente N° 25.675, una norma que reglamenta el artículo 41 y establece los presupuestos mínimos para una gestión sustentable. Esta ley introduce principios que deberían ser la pesadilla de cualquier contaminador. El principio de prevención, que nos dice que las causas y fuentes de los problemas ambientales se deben atender en forma prioritaria. El principio precautorio, esa joya que establece que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de información o certeza científica no debe usarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. Y el principio de responsabilidad, que obliga al que contamina a hacerse cargo de los costos. Tenemos las herramientas. Tenemos el diagnóstico. Tenemos un marco legal que es la envidia de muchas naciones.
Entonces, ¿dónde está el cortocircuito? En la última milla. En el momento en que toda esa arquitectura conceptual debe ser aplicada por un ser humano de carne y hueso, con un sello y un martillo: el juez. Un juez que, en la abrumadora mayoría de los casos, es un juez ‘generalista’. Ayer estuvo resolviendo la división de bienes de un divorcio conflictivo. Hoy tiene sobre su escritorio un informe de 500 páginas sobre el impacto de la lixiviación de cianuro en la napa freática. Mañana le espera una ejecución de un pagaré. Pretender que ese magistrado, por más probo e inteligente que sea, pueda absorber, procesar y juzgar con solvencia la complejidad técnica de un caso ambiental es, en el mejor de los casos, un acto de fe. En el peor, una hipocresía sistémica. La ley es un instrumento de precisión, pero se lo estamos dando a alguien que, por formación y por la fuerza de la costumbre, está entrenado para usar herramientas mucho más rústicas para problemas de otra naturaleza.
Navegando el Proceso: Revelaciones para el Acusador
Si a usted le toca estar del lado del que inicia una acción por daño ambiental, ya sea como un ciudadano afectado, una ONG o incluso como parte del Estado, permítame ofrecerle una cruda revelación: su principal adversario no siempre será la empresa que contamina. Su verdadero desafío es el sistema judicial mismo. Deberá luchar contra la inercia, la burocracia y, sobre todo, contra la falta de familiaridad del tribunal con la materia que usted le presenta.
El primer paso suele ser un amparo ambiental, una vía rápida y expedita para frenar una amenaza inminente. La teoría es impecable. En la práctica, usted deberá demostrar no solo la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, sino que tendrá que hacerlo de una forma tan didáctica que casi deberá convertir su escrito de demanda en un manual de ecología para principiantes. Olvídese de dar por sentados conceptos como ‘sinergia de contaminantes’ o ‘cadena trófica’. Explíquelo todo. Con analogías simples. Con gráficos. Como si se lo estuviera explicando a alguien que nunca escuchó hablar del tema, porque es muy probable que así sea.
Una de sus mejores armas legales es la carga dinámica de la prueba. El Código Civil y Comercial de la Nación y la propia Ley General del Ambiente la consagran: quien está en mejores condiciones de probar un hecho, debe hacerlo. En un caso ambiental, la empresa que desarrolla la actividad industrial es la que tiene acceso a los informes de monitoreo, a los detalles de su proceso productivo, a la composición de sus efluentes. Por lo tanto, es ella la que debe demostrar que su actividad es inocua, y no usted el que debe probar con certeza matemática que es dañina. Suena lógico, ¿verdad? Pues bien, prepárese para recordárselo al juez en cada escrito que presente, porque la inercia del derecho procesal clásico, donde ‘quien alega, prueba’, es una fuerza muy poderosa. Deberá insistir en que el paradigma aquí es otro, que la ley ambiental invierte esa lógica para proteger un bien colectivo superior. No asuma que el tribunal lo aplicará de oficio. Tendrá que pelearlo.
El Manual de Supervivencia del Acusado
Ahora, pongámonos por un momento en los zapatos del acusado, de la empresa señalada. Si usted se encuentra en esa posición, su equipo legal, si es competente, no se centrará en demostrar su inocencia ecológica. Qué idea tan ingenua. Se centrará en explotar las debilidades estructurales del sistema judicial. Su mejor defensa no es la ciencia, es el derecho procesal.
La estrategia es un manual de manuales. Primero, negar y dilatar. Cuestionar la personería del que lo acusa. Plantear la incompetencia del juzgado. Recusar peritos. Apelar cada decisión interlocutoria, por más insignificante que sea. El objetivo es que el tiempo pase. El tiempo juega a su favor. La urgencia ambiental se disuelve en el letargo de los pasillos de tribunales. Un amparo que debía resolverse en días puede estirarse por años.
Segundo, generar una niebla de duda técnica. El acusador presenta un informe de un científico respetado. Usted presenta tres informes de consultores ‘independientes’ que dicen exactamente lo contrario. No importa si sus informes son menos rigurosos; lo que importa es que siembran la duda. Ante la contradicción de pericias, un juez no especializado se encuentra en una encrucijada. ¿A quién creerle? En la duda, la tendencia conservadora del derecho tradicional es no innovar, es decir, no dictar esa medida cautelar que paralizaría su producción. Usted habrá transformado el principio precautorio —actuar ante la duda sobre el daño— en su opuesto: no actuar ante la duda sobre la prueba. Es un giro argumental brillante y, tristemente, muy efectivo. Su trabajo es hacer que el problema parezca tan complejo, tan lleno de matices y variables, que la única decisión ‘prudente’ para el juez sea encargar un nuevo estudio que tardará dos años en completarse. Para entonces, el daño probablemente ya sea un hecho consumado.
La Jurisprudencia como Lotería y el Futuro Inevitable
La consecuencia directa de esta falta de especialización es un panorama jurisprudencial errático. Lo que en una provincia es una victoria histórica para la protección de un humedal, en la provincia de al lado puede ser una derrota basada en argumentos formalistas que ignoran por completo la dimensión ecológica del conflicto. La aplicación de la ley ambiental se convierte en una suerte de lotería geográfica y personal, dependiente del juez que toque en el sorteo. Esta inseguridad jurídica es nociva para todos: para las comunidades que no ven protegidos sus derechos y para las empresas que necesitan reglas de juego claras para invertir y producir.
El caso ‘Mendoza’, sobre el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, es el ejemplo paradigmático de lo que puede lograr el poder judicial, pero también de sus límites. Fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal, la que tuvo que tomar el caso en sus manos, dictar una sentencia histórica y crear una autoridad de cuenca (ACUMAR) para monitorear su cumplimiento, precisamente porque la estructura judicial ordinaria se había mostrado incapaz de ofrecer una solución efectiva durante décadas. Fue una intervención excepcional, casi quirúrgica, que demuestra la regla por la vía de la excepción. No podemos esperar que la Corte Suprema se ocupe personalmente de cada río contaminado o de cada bosque deforestado del país.
La reflexión final es tan obvia que resulta incómoda. La especialización judicial en materia ambiental no es un capricho académico ni un lujo de países desarrollados. Es una necesidad funcional y urgente. Es la única manera de garantizar que la magnífica letra de nuestras leyes ambientales se traduzca en una protección real y efectiva de nuestro patrimonio natural. Seguir pretendiendo que un juez puede ser un experto todoterreno, capaz de dirimir con la misma soltura un conflicto contractual y el destino de un glaciar, es una ficción que nos está costando demasiado cara. La ironía suprema es que, por ahorrarnos el ‘costo’ de crear fueros especializados, estamos asumiendo el costo, mucho mayor e infinitamente más irreversible, de la degradación de nuestro propio ambiente. Un pésimo negocio, se lo mire por donde se lo mire.
