Privatización de AySA: el fin del agua como derecho y el corte de servicio
Del derecho humano a la mercancía transable
Parece que ha llegado el momento de archivar ciertas ideas que, con el tiempo, se volvieron incómodas para la lógica del Excel. Una de ellas es la concepción del acceso al agua potable como un derecho humano fundamental, una responsabilidad indelegable del Estado. A través de la resolución 9/2024 de la Secretaría de Obras Públicas, publicada como consecuencia del DNU 70/2023, el Ejecutivo ha decidido que es hora de una actualización conceptual. El agua, ese recurso vital sin el cual la vida es, digamos, complicada, pasa a ser considerada un servicio por el cual se paga, y si no se paga, simplemente, no se tiene.
El nuevo marco regulatorio para AySA, aún bajo órbita estatal pero con la pasarela lista para el sector privado, es explícito. Se deroga la normativa anterior que prohibía el corte del servicio por falta de pago a usuarios residenciales. Esta prohibición, vista hoy como un vestigio de un populismo hidráulico, impedía que la empresa dejara sin suministro a un hogar por acumular deuda. Era un sistema que partía de una premisa simple: hay cosas con las que no se juega. Ahora, la premisa es otra, igualmente simple: toda prestación tiene una contraprestación. El Estado, en su rol de facilitador de negocios, se corre del medio y permite que la relación entre el proveedor y el cliente se desarrolle con la naturalidad propia de cualquier transacción comercial.
Este cambio no es menor. Implica una redefinición filosófica. La empresa ya no está obligada a garantizar el suministro por una cuestión de salud pública o de derecho básico, sino que su obligación principal es con su balance contable. La eficiencia, esa palabra mágica que todo lo justifica, requiere que las cuentas cierren. Y para que cierren, es fundamental que todos los que consumen, paguen. Una revelación que, por obvia, resulta casi revolucionaria.
El fino arte de girar la canilla (y que salga algo)
La nueva normativa establece con admirable precisión el mecanismo para dejar a un usuario sin agua. No es un acto impulsivo, sino un proceso metódico. Una vez vencida una factura, la empresa debe esperar 60 días corridos. Cumplido ese plazo, y tras una notificación fehaciente, tiene la potestad de proceder a la interrupción del servicio. Este período de gracia de dos meses puede ser interpretado como un gesto de paciencia administrativa, un tiempo prudencial para que el deudor regularice su situación antes de enfrentar las consecuencias de vivir en una economía de mercado.
Lo que antes era un universo de subsidios cruzados y tarifas contenidas por consideraciones políticas, ahora aspira a ser un sistema de costos sincerados. El concepto de «servicio básico» se mantiene, pero con un matiz. Se garantiza una conexión, una infraestructura mínima, pero no el flujo constante si la factura no está al día. Es como tener un auto de alta gama en el garaje pero sin un peso para la nafta: la posibilidad está, pero la realidad es otra. La solidaridad, antes un pilar del sistema, se transforma en un asunto privado, una cuestión de caridad o de conciencia individual, pero ya no una obligación estructural del prestador del servicio.
La tarifa social: un gesto de nobleza en la jungla
Para que el cuadro no parezca una escena de darwinismo puro, el nuevo esquema contempla la existencia de una Tarifa Social. Este programa está destinado a aquellos que, papeles mediante, puedan demostrar su vulnerabilidad económica: jubilados y pensionados con el haber mínimo, beneficiarios de planes sociales, personas con discapacidad o familias de bajos ingresos. Es, en esencia, un subsidio estatal directo para que un grupo selecto de usuarios pueda afrontar una parte de la boleta. Para acceder, claro, hay que inscribirse en un registro, presentar la documentación pertinente y esperar la aprobación. Un pequeño trámite para demostrar que uno, efectivamente, no tiene un mango.
Sin embargo, la existencia de este programa no altera la lógica de fondo, sino que la confirma. Es una excepción que valida la regla. La regla es que el servicio se paga a su valor de costo más una ganancia razonable para el operador. La excepción es que, si uno es oficialmente pobre, el Estado quizás le dé una mano. Pero la potestad del corte se mantiene intacta incluso para estos universos, si es que por alguna razón dejaran de calificar o si el subsidio no alcanzara para cubrir el total de la factura. Es un parche de contención social en una estructura que ya no está diseñada para contener, sino para facturar.
Memorias del futuro: un déjà vu con más Excel
Quienes tienen buena memoria quizás encuentren en todo esto un eco familiar, una melodía conocida. La narrativa es la de siempre: el Estado es un administrador ineficiente y costoso, y solo la gestión privada, con su búsqueda incansable de rentabilidad, puede garantizar las inversiones necesarias para modernizar un servicio público. Se promete un futuro de eficiencia, cañerías nuevas y agua de la más alta calidad, todo gracias al capital y el ‘know-how’ que solo el mercado puede aportar. Es un libreto que ya hemos visto, aunque esta vez venga en formato de presentación de PowerPoint.
La verdad incómoda, esa que no suele aparecer en los folletos de privatización, es que el objetivo primario de una empresa privada no es el bienestar de la población, sino el retorno de la inversión para sus accionistas. No es una crítica moral, es una descripción de su naturaleza. Cualquier beneficio social es un efecto colateral deseable, pero no el motor principal. El Estado se reserva un rol de ente regulador, un árbitro que debe vigilar que la empresa cumpla con el contrato de concesión. Una tarea titánica cuando el jugador que debe ser controlado es quien pone la pila para que todo el sistema funcione.
Así, avanzamos hacia un modelo donde la sed se convierte en una variable de ajuste y el acceso al agua, en un indicador de solvencia económica. Es, sin duda, una forma de organizar la sociedad. Más moderna, más eficiente, más sincera. Y con suerte, si uno paga sus cuentas a tiempo, hasta con agua corriente.
