Ley General del Ambiente: Inadecuada implementación y sus consecuencias
Nuestra Magnífica Ley Ambiental: Una Declaración de Principios
He de admitir que, como abogado, siento una perversa admiración por la Ley N° 25.675, nuestra Ley General del Ambiente. Es una pieza de una arquitectura jurídica casi perfecta. Sancionada en 2002, vino a establecer los ‘presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente’. Su objetivo es tan noble como ambicioso: preservar los recursos, asegurar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, y fomentar la participación ciudadana. Palabras mayores.
La ley se erige sobre un decálogo de principios rectores que son la envidia de cualquier ecologista. Tenemos el principio de congruencia, que obliga a las leyes provinciales y municipales a no contradecir esta ley de bases. El principio de prevención, que dicta que las causas y fuentes de los problemas ambientales se deben atender en forma prioritaria e integrada. El principio de equidad intergeneracional, que nos recuerda que los recursos naturales no son solo nuestros, sino también de nuestros hijos y nietos. Y así sigue una lista de mandatos éticos y operativos: progresividad, responsabilidad, subsidiariedad, sustentabilidad, solidaridad y cooperación. Leerlos es como leer un tratado de filosofía aplicada al derecho. Es la promesa de un contrato social con el planeta.
En su instrumental, la ley no se queda atrás. Contempla herramientas concretas como el ordenamiento ambiental del territorio, la educación ambiental, un sistema de información pública y, la joya de la corona, la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La EIA es ese procedimiento obligatorio previo a cualquier obra o actividad que pueda degradar el ambiente. En teoría, es el filtro que separa el progreso genuino de la devastación con fines de lucro. Un mecanismo que obliga a quien propone un proyecto a estudiar, predecir y comunicar sus posibles consecuencias, y a proponer medidas para mitigarlas. Sobre el papel, es un guardián formidable. Un bastión de la racionalidad y la previsión. Un triunfo de la ciencia sobre la codicia. En teoría.
Revelaciones Obvias: Principios Rectores en la Práctica
La distancia entre la teoría y la práctica es el campo de juego donde se desarrolla mi profesión. Y en materia ambiental, ese campo es vasto y está lleno de trampas. Dos de los principios más emblemáticos de la Ley 25.675 merecen un análisis de su aplicación en el mundo real, ese lugar donde las cosas pasan de verdad.
El primero es el Principio Precautorio. Su definición es clara y contundente: ‘Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente’. Es decir, ante la duda razonable sobre un daño catastrófico, es mejor no hacer nada. Es el ‘más vale prevenir que curar’ elevado a norma jurídica. Sin embargo, en la arena de los grandes proyectos extractivos, industriales o de infraestructura, este principio sufre de una extraña timidez. Se invierte la carga: la certeza científica que se exige para frenar un proyecto es abrumadora, casi imposible de alcanzar para un ciudadano o una ONG. En cambio, la ‘certeza’ que se presenta en los informes de impacto para aprobarlo suele basarse en proyecciones optimistas y modelos teóricos que juran un impacto ‘mínimo’ o ‘gestionable’. La precaución, al parecer, no aplica cuando hay PBI en juego.
Luego tenemos al célebre Principio Contaminador-Pagador. El concepto es simple y de una justicia casi poética: ‘El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición’. Quien rompe, paga. En la práctica, esto se traduce, con demasiada frecuencia, en un mecanismo de licencias para contaminar. Las multas por infracciones ambientales, cuando se aplican, suelen ser calculadas de tal forma que resultan ser un costo operativo más. Para una gran empresa, pagar una sanción económica puede ser muchísimo más barato que invertir en reconversión tecnológica, filtros o sistemas de tratamiento de efluentes. La multa no disuade, simplemente se incorpora al balance. El ‘pago’ se realiza, pero la recomposición del daño rara vez ocurre. El costo real lo asume el ecosistema y la salud de la población aledaña, quienes no reciben un cheque por las molestias.
El Vía Crucis Procesal: Consejos para Acusadores y Acusados
Entender el juego es fundamental para saber cómo jugarlo. Ya sea que usted sea el ciudadano preocupado que ve cómo contaminan el arroyo de su infancia o el gerente de una empresa que acaba de recibir una notificación judicial, hay ciertas ‘verdades no escritas’ que debe conocer.
Para el Acusador (el que denuncia): Lo primero, paciencia. Mucha. Prepárese para un camino largo y costoso. Su principal aliado no es la fe en la justicia, sino la evidencia contundente. Fotos fechadas, videos, muestras de suelo o agua analizadas por laboratorios certificados (y pagadas de su bolsillo), testimonios de vecinos, informes médicos. Acumule una pila de pruebas tan alta que sea imposible de ignorar. Su segunda tarea es estudiar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto que denuncia. Pídala, es pública. Léala con lupa. Busque las inconsistencias, los datos que faltan, las conclusiones que parecen más un acto de fe que un análisis científico. Contrate a un perito si puede. La ley habla de la ‘carga dinámica de la prueba’, un concepto sofisticado que sugiere que el juez puede exigir pruebas a la parte que está en mejores condiciones de producirlas (la empresa). En la realidad, usted tendrá que empujar el auto en una subida empinada antes de que alguien considere ayudarlo.
Para el Acusado (el que se defiende): Su estrategia tiene dos pilares: el tiempo y la duda. El tiempo juega a su favor; los procesos son largos y desgastan al demandante. La duda es su herramienta principal. Primero, cuestione la legitimación activa del denunciante. ¿Es un ‘afectado directo’ o un simple entusiasta? Segundo, siembre dudas sobre la causalidad. Ese efluente, ¿es realmente suyo? ¿No podría ser de la fábrica de al lado? ¿O un fenómeno natural? ¿Quién puede probar, sin lugar a ninguna duda, el vínculo directo entre su actividad y el daño denunciado? Tercero, despliegue su propio arsenal técnico. Presente informes de consultores de renombre que certifiquen que su actividad es inocua y cumple con normativas que, quizás, usted mismo ayudó a redactar. Finalmente, si la evidencia en su contra es abrumadora, muestre cooperación. Proponga un ‘plan de adecuación’ o un ‘programa de monitoreo participativo’. Suena proactivo, le da al juez una salida elegante y, con suerte, diluye el conflicto en una serie interminable de reuniones y nuevos informes.
Daño Ambiental de Incidencia Colectiva: La Verdad Incómoda
Llegamos al corazón filosófico del derecho ambiental: el daño de incidencia colectiva. El Artículo 27 de la ley lo define como ‘toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos’. Lo revolucionario aquí es que el objetivo prioritario no es una indemnización económica para un individuo, sino la recomposición. La ley exige, antes que nada, que las cosas vuelvan a su estado anterior. Que el bosque talado sea reforestado, que el río contaminado sea saneado. Es una ambición noble, casi heroica.
Pero esta nobleza choca de frente con una verdad incómoda: la irreversibilidad. ¿Cómo se ‘recompone’ un ecosistema complejo que tardó milenios en formarse? ¿Cómo se resucita una especie extinguida por la contaminación de su hábitat? ¿Cómo se vuelve a armar un glaciar que se derritió? La recomposición, en muchos casos, es una ficción legal, un imposible físico y biológico. Es aquí donde el sistema muestra su última carta, su reconocimiento tácito de la derrota. El Artículo 34 establece la creación de un Fondo de Compensación Ambiental, que será administrado por la autoridad competente y se destinará a garantizar la calidad ambiental y la prevención y mitigación de efectos nocivos. Este fondo se integra, entre otras cosas, con el dinero de las multas y de las indemnizaciones sustitutivas cuando la recomposición no es factible.
Y ahí está la clave. Ese fondo es el sumidero de lo irreparable. Es el precio que el sistema le pone a la catástrofe. No es una solución; es la monetización del desastre. Es un registro contable de todo aquello que hemos destruido para siempre, una forma de tranquilizar la conciencia colectiva fingiendo que, aunque perdimos algo invaluable, al menos obtuvimos una compensación. El ambiente, por supuesto, no tiene forma de cobrar ese cheque. Simplemente desaparece, y en su lugar queda una partida en un presupuesto, esperando a ser usada para, quizás, financiar un folleto sobre la importancia de cuidarlo.
