Agroquímicos: El descontrol legal y sus consecuencias
El paraíso normativo y el mundo real
Uno podría pensar, leyendo el corpus normativo argentino, que vivimos en una vanguardia de la protección ambiental. Y no estaría del todo equivocado, si se limitara a la lectura. La Ley General del Ambiente N° 25.675 es una pieza de relojería suiza: establece presupuestos mínimos para la gestión sustentable, consagra el principio precautorio (ante la duda, abstente) y el preventivo (mejor evitar el daño que repararlo). Introduce la responsabilidad objetiva, lo que significa que quien crea un riesgo responde por él, sin necesidad de probar su culpa o dolo. Un sueño. Súmele la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051, que tipifica como delito penal el envenenamiento o contaminación de suelos, aguas o la atmósfera de un modo peligroso para la salud. Y para rematar, un mosaico de leyes provinciales que regulan distancias, productos y formas de aplicación. Un blindaje legal casi perfecto.
Ahora, salgamos de la biblioteca. En el mundo real, este formidable arsenal jurídico a menudo se enfrenta a una pared de costumbre, necesidad económica y una fiscalización, digamos, ‘intermitente’. El concepto de ‘Buenas Prácticas Agrícolas’ (BPA) es el mantra oficial. Suena impecable: usar la dosis justa, con el equipo calibrado, en el momento climático adecuado, respetando las zonas de exclusión. Es la teoría. La práctica es un productor que necesita cubrir miles de hectáreas antes de la próxima lluvia, un aplicador que cobra por hectárea y no por hora, y un viento que no lee los manuales de la FAO. La ley dice que debe haber una ‘receta agronómica’ firmada por un ingeniero agrónomo. Y la hay. El problema es que, a veces, esa receta se convierte en un simple salvoconducto administrativo, un papel que se guarda en la guantera del auto por si alguien pregunta, mientras la decisión real sobre qué, cuánto y cómo se aplica se toma sobre la marcha, mirando el cielo y la cotización de la soja.
Manual de supervivencia para el fumigado
Si usted cree haber sido víctima de una aplicación indebida de agroquímicos, lo primero es respirar hondo. Y si puede, que el aire sea lo más puro posible. Su camino no es una carrera de velocidad, sino una maratón de obstáculos burocráticos. Su principal enemigo tiene nombre y apellido: nexo de causalidad. Deberá probar, con un grado de certeza que haría sonrojar a un físico cuántico, que el químico ‘X’ arrojado por su vecino ‘Y’ en el día ‘Z’ le provocó el daño ‘A’. No alcanza con que su hijo tenga tos, el perro esté mareado y las lechugas de la huerta parezcan tristes. Necesita evidencia, y de la buena.
Primero, la denuncia. Vaya a la comisaría local, a la fiscalía o al juzgado de paz. Describa los hechos: día, hora, condiciones climáticas (si el viento soplaba hacia su casa, es un dato de color interesante para el juez), olor, síntomas físicos en personas o animales, daños visibles en plantas. Si puede, tome fotos o videos. Segundo, la constatación médica y veterinaria. Lleve a su familia al hospital y a sus mascotas al veterinario. Pida que en el certificado se detalle la sospecha de intoxicación por plaguicidas. Esto es fundamental. Un simple diagnóstico de ‘gastroenteritis’ no sirve de mucho. Tercero, la prueba material. Aquí la cosa se pone cara y complicada. Necesitará tomar muestras de agua, de suelo, de las plantas afectadas e incluso, si la situación es grave, solicitar análisis de sangre u orina en laboratorios especializados. Guarde todo bajo una estricta cadena de custodia, porque la defensa se aferrará a cualquier error de procedimiento para invalidar la prueba. Y cuarto, los testigos. Otros vecinos que hayan visto, olido o sufrido lo mismo. La percepción colectiva tiene un peso que la queja individual no posee.
Paralelamente, puede iniciar una acción civil por daños y perjuicios. Pero recuerde, el éxito de su cruzada depende de su capacidad para transformar la indignación en un expediente prolijo y contundente. Prepárese para invertir tiempo y una pila de dinero, porque la justicia ambiental, como toda justicia, no es para impacientes ni para austeros.
Estrategias de defensa para el productor ‘incomprendido’
Ahora, pongámonos del otro lado del alambre. A usted lo acusan de ser una suerte de ángel exterminador con un ‘mosquito’ pulverizador. Sus vecinos, antes cordiales, ahora lo miran como si irradiara plutonio. La calma es su mejor aliada. Su estrategia de defensa se basará en tres pilares, tan sólidos como el hormigón.
El primer pilar, y el más importante, es atacar el nexo causal. La carga de la prueba, en principio, la tiene quien acusa. Su trabajo es sembrar la duda razonable. ¿Los síntomas del vecino? Podrían ser virales, alérgicos, psicosomáticos. ¿Las plantas muertas? Quizás una helada tardía, falta de riego o un ataque de hongos preexistente. Su abogado se encargará de proponer todas las causas alternativas posibles. El objetivo es simple: convertir la acusación en una mera conjetura, una entre un millón de posibilidades. Es una táctica de desgaste que suele ser muy efectiva.
El segundo pilar es la impecabilidad administrativa. Aquí es donde esa pila de papeles que guarda cobra un valor incalculable. Exhiba su receta agronómica, firmada y sellada. Demuestre que el producto utilizado está aprobado por el SENASA para ese cultivo. Presente el certificado de habilitación de su máquina pulverizadora y la credencial del aplicador. Si tiene un registro de las condiciones climáticas del día de la aplicación (velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad), mucho mejor. Aunque en la práctica la aplicación haya sido un desastre, si su documentación es perfecta, usted se presenta ante la ley como un profesional diligente y preocupado por cumplir las normas. La justicia tiende a favorecer a quien tiene los papeles en orden.
El tercer pilar es la excusa de la fuerza mayor o el caso fortuito. Esta es una carta para jugar con delicadeza. El argumento es que usted tomó todas las precauciones, pero un evento imprevisible e inevitable, como un cambio súbito y violento del viento, desvió la aspersión. Es difícil de probar, pero sirve para demostrar buena fe. En resumen, su defensa no se basa en negar la aplicación, sino en afirmar que se hizo de acuerdo a la ley, que el daño no es atribuible a usted y que, si lo fuera, fue por causas ajenas a su control. Será la palabra del vecino contra su expediente técnico. Adivine quién suele tener las de ganar.
La verdad incómoda: ¿Técnica o economía?
El debate sobre los agroquímicos a menudo se presenta como una discusión técnica. Se habla de la toxicidad de las moléculas, de los picos correctos para reducir la ‘deriva’, de las bandas toxicológicas de colores. Todo esto es cierto y relevante, pero es solo una parte de la historia. Es como analizar un accidente de tránsito discutiendo la física de la colisión sin mencionar que uno de los autos venía a 180 km/h en una zona escolar. La cuestión de fondo no es meramente técnica; es profundamente económica.
La lógica del sistema productivo actual empuja a maximizar el rendimiento y minimizar los costos y los tiempos. Aplicar con 25 km/h de viento es una mala práctica técnica, pero si la alternativa es esperar tres días y arriesgarse a que una plaga arrase el cultivo o que una lluvia impida la entrada de la maquinaria, esa mala práctica se convierte en un riesgo económico calculado. La deriva no es siempre un ‘accidente’. A veces es la consecuencia inevitable de forzar los límites de la tecnología y del clima para cumplir con un cronograma financiero. El productor no es necesariamente un villano; es un actor dentro de un sistema que premia la eficiencia por sobre la precaución. La ley le exige ser un custodio del ambiente, pero el mercado le exige ser un empresario competitivo. Es una esquizofrenia regulatoria en la que la balanza, por simple gravedad económica, suele inclinarse hacia el mismo lado.
El futuro es un campo minado (literalmente)
Entonces, ¿cuál es el panorama? Tenemos leyes excelentes que no siempre se aplican. Tenemos víctimas con daños reales pero con dificultades probatorias monumentales. Tenemos productores atrapados entre la regulación y la rentabilidad. Y tenemos un Estado con recursos finitos para fiscalizar extensiones infinitas. El resultado es un conflicto de baja intensidad y alta toxicidad que se resuelve caso por caso, a menudo a favor de quien tiene más recursos para sostener un litigio.
No hay una solución mágica. El derecho provee herramientas, pero no puede cambiar por sí solo una matriz productiva. Mientras la discusión pública se centre en si la distancia de exclusión debe ser de 500 o 1000 metros, y no en el modelo que nos obliga a tener esa discusión, seguiremos gestionando el daño en lugar de evitarlo. Hemos llegado a un punto de sofisticación tal que debatimos con seriedad cuál es el nivel de contaminación aceptable para el agua que beben nuestros hijos o el aire que respiramos. Un logro civilizatorio, sin duda. El futuro no parece ser una utopía verde, sino un campo donde aprenderemos a caminar con extremo cuidado, como si estuviera, de hecho, minado. Y en cierto modo, lo está.
