Emisiones Tóxicas Urbanas: Manual de Supervivencia Legal
El Gran Disimulo: ¿Qué Respiramos Realmente?
Parece una verdad de Perogrullo, pero conviene recordarla: el aire no es invisible. O, mejor dicho, lo que contiene no lo es. Lo que llamamos ‘emisiones tóxicas’ no es una entelequia de activistas. Es una sopa química compuesta por material particulado (PM2.5, PM10, ese polvillo fino que sale de chimeneas y caños de escape), óxidos de azufre (SOx) y de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y una encantadora variedad de compuestos orgánicos volátiles (COV). Estos no son nombres arcanos de una tabla periódica olvidada; son los ingredientes activos del aire que nos rodea en cualquier ciudad con un mínimo de actividad industrial o un parque automotor considerable.
Las fuentes son tan obvias que resulta casi ofensivo enumerarlas: fábricas que operan con una alegría regulatoria envidiable, centrales termoeléctricas que nos brindan luz a cambio de un aire un poco más ‘denso’, y la suma de millones de autos, cada uno aportando su pequeña pero significativa cuota de veneno al ecosistema. Nos hemos acostumbrado al paisaje. El humo de una chimenea es ‘señal de que hay trabajo’. La neblina matutina que no se disipa al mediodía es ‘el smog de la gran ciudad’. Hemos normalizado el síntoma, aceptándolo como un costo inevitable del progreso.
Sin embargo, la Constitución Nacional, en su artículo 41, es bastante clara al respecto. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Y lo más importante: tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental, dice la Carta Magna, generará prioritariamente la obligación de recomponer. Es una declaración de principios formidable. Un contrato social que firmamos sin leer la letra chica. Esa letra chica es la que establece que respirar aire viciado no es una fatalidad, sino la violación de un derecho fundamental. El problema es que para reclamar un derecho, primero hay que ser consciente de que se lo están vulnerando. Y el disimulo colectivo es una anestesia muy efectiva.
El Juego de la Acusación: Manual para el Ciudadano Harto
Cuando la paciencia se agota, o cuando un diagnóstico médico pone en palabras lo que el cuerpo ya sabía, nace el acusador. No es un camino para los débiles de espíritu. La legislación argentina, a través de la Ley General del Ambiente (LGA) 25.675, ofrece herramientas, pero exige una tenacidad heroica. El primer paso es abandonar la queja de café y empezar a construir un caso. La clave es la prueba. Todo sirve: fotos fechadas de las emisiones (esa chimenea que larga humo negro a las 3 de la mañana), videos, registros de olores nauseabundos con día y hora, testimonios de vecinos que padezcan síntomas similares. Si la situación afecta a la salud, los certificados médicos son oro puro; deben, en lo posible, sugerir una conexión entre la dolencia y una posible exposición ambiental.
Con este arsenal probatorio, se abren dos caminos que pueden y deben recorrerse en paralelo. El primero es la denuncia administrativa. Se realiza ante la autoridad de aplicación ambiental de la jurisdicción (una secretaría o ministerio de ambiente provincial o municipal). Este organismo tiene el deber de fiscalizar y, si corresponde, sancionar a la empresa con multas o clausuras. Es un paso necesario, aunque a menudo frustrante por la lentitud burocrática. El segundo camino es la vía judicial. La figura por excelencia es la acción de amparo ambiental. Se busca que un juez ordene el cese de la actividad contaminante de manera urgente. Aquí es donde se invoca el ‘daño ambiental de incidencia colectiva’, reconociendo que no solo uno sufre, sino toda una comunidad.
El acusador particular o las ONG que lo representen deberán probar tres cosas: la existencia de una actividad contaminante, el daño real o potencial a la salud o al ambiente, y el nexo causal entre ambos. Es decir, que ese humo de esa fábrica es la causa de este problema de salud. Aquí es donde entran en juego los peritajes (químicos, médicos, ambientales), estudios que son costosos y complejos. Afortunadamente, la LGA introduce una facilidad: una vez acreditado el daño y la actividad, se presume que la empresa es responsable si no demuestra lo contrario. Un pequeño alivio en una carrera de obstáculos.
El Arte de la Defensa: Manual para el Emisor ‘Incomprendido’
Del otro lado del mostrador se encuentra la empresa, el ‘agente contaminante’, que rara vez se ve a sí mismo de esa manera. Se percibe como un motor de la economía, un dador de empleo, una víctima de la hipersensibilidad social. Su defensa legal es un ejercicio de manual que se repite con pocas variaciones. La primera línea de defensa es la negación del nexo causal. ‘Sí, emitimos ciertas sustancias, pero están dentro de los límites permitidos. El problema de salud del barrio debe ser por otra cosa. Quizás la dieta’. Se buscará diluir la responsabilidad, señalar otras posibles fuentes de contaminación, convertir el caso en un problema multifactorial irresoluble.
La segunda estrategia es exhibir los papeles. ‘Contamos con todas las habilitaciones y permisos correspondientes’. Es un argumento falaz. La jurisprudencia argentina ha dejado claro que contar con una autorización administrativa para funcionar no otorga una licencia para contaminar ni exime de responsabilidad por el daño ambiental generado. El permiso regula la actividad, no ampara sus consecuencias nocivas.
Una pieza clave en este tablero es la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que, aunque específica, establece un principio fundamental aplicable por analogía a muchas formas de contaminación: la responsabilidad objetiva. Esto significa que no es necesario probar que la empresa actuó con dolo (intención) o culpa (negligencia). Si se genera un daño con una actividad riesgosa o peligrosa –y emitir químicos al aire lo es–, se es responsable. Punto. La única forma de eximirse es probar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no se debe responder. La defensa, por tanto, se convierte en un intento desesperado por demostrar que el daño no existe o que, si existe, fue obra de un agente externo o del propio destino. Una tarea argumentativa titánica frente a la contundencia de un principio legal diseñado, precisamente, para proteger al más débil.
Verdades Incómodas: Responsabilidad, Dinero y Futuro
Al final del día, superada la retórica legal y las estrategias procesales, quedan algunas verdades incómodas sobre la mesa. La primera es el principio de ‘quien contamina, paga’. No es un eslogan, es un pilar de la política ambiental. Significa que los costos de la prevención y la recomposición del daño deben ser internalizados por quien origina la contaminación, no socializados entre todos los ciudadanos. La ley es clara: la obligación prioritaria frente al daño ambiental no es una indemnización en dinero. Es la recomposición. Devolver el ambiente a su estado anterior, en la medida de lo posible. Instalar filtros, modificar procesos, cerrar la fuente del problema. El dinero es solo un sustituto para cuando la recomposición es imposible.
Otra verdad es la existencia del principio precautorio. La LGA lo establece sin ambigüedades: cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de información o certeza científica no debe usarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. Traducido: ‘ante la duda, no contamines’. No hay que esperar a tener una pila de estudios que confirmen al 100% que el compuesto X causa la enfermedad Y. Si hay un riesgo verosímil, se deben tomar medidas. Este principio invierte la carga de la prueba: es la empresa la que debe demostrar que su actividad es inocua, no la comunidad la que debe probar que es dañina.
Finalmente, está el rol del Estado. El garante último del artículo 41. El que debe fiscalizar, controlar y sancionar. Y el que, con una frecuencia desoladora, falla por omisión, por falta de recursos o por una complicidad tácita con los ‘motores de la economía’. La lucha por un aire limpio es, en esencia, una lucha por exigir que se cumpla la ley. Una ley que ya está escrita, que es progresista y que contiene todas las herramientas necesarias. La ironía suprema es que dedicamos enormes esfuerzos a debatir y exigir lo que, en teoría, ya nos fue concedido. Seguimos discutiendo el diagnóstico mientras el paciente, el ambiente que todos compartimos, sigue acumulando toxinas en silencio.
