Afectación al Principio de Igualdad Ante la Ley
El Espejismo de la Balanza Perfecta
Nos encanta recitarlo. El artículo 16 de nuestra Constitución Nacional es una pieza de orfebrería verbal: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley…”. Sublime. Uno casi puede escuchar un coro celestial al leerlo. La promesa de una cancha perfectamente nivelada donde todos jugamos con las mismas reglas. Pero al salir del papel y pisar el barro de lo cotidiano, descubrimos que algunos jugadores parecen tener botines de última generación mientras otros juegan en patas.
La igualdad ante la ley no significa, como podría suponer un optimista incurable, que todos seremos tratados exactamente igual en todo momento. Sería absurdo. No se le exige lo mismo a una empresa multinacional que a un kiosco de barrio, ni se le aplica la misma pena a quien roba una gallina que a quien vacía las arcas del Estado. El principio, en su verdadera dimensión técnica, significa que se debe tratar de modo igual a los que se encuentran en iguales circunstancias. Es una fórmula elegante que abre una puerta trasera del tamaño de un hangar: ¿quién y cómo se define cuándo las circunstancias son ‘iguales’?
Aquí es donde la cosa se pone interesante. El legislador primero, y el juez después, son los grandes intérpretes de esta sinfonía. Ellos deciden si la diferencia de altura, de patrimonio, de origen o de cualquier otra condición justifica un tratamiento legal distinto. Y si bien la arbitrariedad está prohibida, la ‘razonabilidad’ es un concepto tan flexible como la conciencia de un político en campaña. La igualdad, entonces, no es un dato de la realidad, sino una construcción argumental permanente. Es el resultado de una tensión, de una pelea constante por definir los contornos de lo que consideramos justo. Creer que la igualdad es un manto que nos cubre a todos por igual es un acto de fe. Respetable, pero poco útil en un tribunal.
La «Razonabilidad»: Ese Elástico Argumento Jurídico
El sistema jurídico, para no colapsar bajo el peso de su propia grandilocuencia, inventó una válvula de escape: el criterio de razonabilidad. Cuando el Estado decide tratar a un grupo de personas de manera diferente a otro, debe justificar que esa distinción no es un capricho, sino que persigue un fin legítimo y que los medios elegidos son proporcionales y adecuados para ese fin. Suena lógico, casi científico. El problema es que la ‘razonabilidad’ es, en la práctica, lo que cinco señores de traje en un tribunal superior deciden que es razonable.
Imaginen que se prohíbe circular en auto por el centro a los vehículos con patente par en días pares. ¿Es razonable? El fin es legítimo: reducir la contaminación. El medio parece adecuado. Pero, ¿qué pasa con el que vive justo en el límite de la zona y solo puede usar su auto para llevar a su hijo discapacitado al médico? La norma general, en su aplicación particular, puede volverse una bestialidad. La igualdad formal de la ley choca contra la desigualdad material de la vida. El trabajo del abogado, y el suplicio del ciudadano, es demostrar que esa norma, tan ‘razonable’ en el pizarrón de un burócrata, es una arbitrariedad manifiesta en su caso concreto.
Consejos No Solicitados para Navegar la Desigualdad
Dado que la igualdad es un campo de batalla y no un parque de diversiones, conviene tener un mapa. Unas pocas verdades incómodas para quien se siente víctima de una desigualdad o para quien quiere acusar a otro de gozar de un privilegio.
Para el que se siente perjudicado (el acusado de facto): Su primer impulso será gritar “¡Injusticia!”. Ahorre saliva. A los jueces, la injusticia en abstracto les genera la misma emoción que un parte meteorológico. Usted no tiene que probar que el mundo es injusto. Tiene que probar que la diferencia de trato que usted sufre es arbitraria e irrazonable en los términos fríos de la ley. Su tarea es encontrar el ‘leading case’, el caso testigo, el gemelo jurídico de su situación donde la solución fue la opuesta. Debe desmenuzar la norma o el acto que lo perjudica y demostrar, con lógica de acero, que no supera el test de razonabilidad. No es una cuestión de corazón, es una cuestión de bisturí. Compare su situación con la de otros, demuestre que son idénticas en lo relevante y que, sin embargo, el resultado legal es distinto. La mejor defensa es un ataque a la lógica interna de la decisión que lo afecta.
Para el que quiere denunciar un privilegio (el acusador): Usted ve a alguien que tiene una ventaja que a usted se le niega. La sangre le hierve. Calma. Su trabajo es el inverso, pero igual de quirúrgico. Debe demostrar que la situación de esa persona o empresa es sustancialmente idéntica a la suya y que, por ende, el tratamiento diferenciado del que goza constituye un privilegio odioso, una de esas ‘prerrogativas’ que la Constitución aborrece. No basta con decir “él tiene un auto más lindo”. Tiene que probar que las condiciones para acceder a ese beneficio o exención que él tiene y usted no, son las mismas, y que la distinción es un mero capricho del legislador o del funcionario de turno. Debe construir un espejo y ponerlo frente al juez, mostrando dos realidades iguales con consecuencias legales dispares. Su enemigo no es la persona con el privilegio; su enemigo es la ‘razonabilidad’ que justifica esa diferencia. Desármela pieza por pieza.
La Igualdad Real: Una Utopía Necesaria
En un giro argumental fascinante, el propio sistema reconoce que la igualdad formal, la de ‘todos somos iguales ante la ley’, no alcanza. Para nivelar una cancha que históricamente estuvo inclinada, surgen las llamadas medidas de acción positiva. Son, en esencia, desigualdades deliberadas y ‘razonables’ para promover la igualdad real. Cupos para grupos desaventajados, regímenes de promoción para ciertas regiones, políticas de protección para colectivos vulnerables. Es la ley siendo conscientemente desigual para lograr un objetivo de igualdad superior. Una paradoja que a muchos les cuesta digerir.
Estas medidas son, por supuesto, un campo minado de controversias. ¿Hasta dónde puede el Estado ‘desigualar’ para ‘igualar’? ¿Cuándo una medida de ayuda se convierte en un privilegio inverso? No hay respuestas fáciles, y cada caso es un nuevo capítulo en este debate interminable. Son políticas que reconocen una verdad incómoda: la igualdad de oportunidades no existe si el punto de partida es radicalmente distinto para cada corredor. Darle las mismas zapatillas a quien empieza cien metros atrás en la maratón no es precisamente justo.
Al final del día, el principio de igualdad es menos una descripción de la realidad y más una aspiración. Es un horizonte, una estrella polar que guía la navegación jurídica pero que nunca se alcanza del todo. Su valor no radica en su aplicación perfecta y universal, que es imposible, sino en su existencia como herramienta crítica. Nos permite cuestionar, desafiar y, con suerte, corregir las arbitrariedades del poder. La igualdad no es algo que ‘se tiene’; es algo por lo que se pelea todos los días, con el Código en una mano y una buena dosis de escepticismo en la otra. Y esa pelea, aunque agotadora y a menudo frustrante, es probablemente lo único que nos separa de la ley de la selva. Una selva con tribunales, pero selva al fin.
