El Debate Constitucional sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo
El fin de una ficción jurídica: de la colisión a la regulación
Es francamente fascinante la insistencia en plantear el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en términos de una “colisión de derechos”. Es una premisa que, con el debido respeto por la nostalgia argumental, resulta anacrónica. La sanción de la Ley 27.610 no inauguró una discusión; la zanjó en el ámbito que corresponde: el legislativo. El Congreso, en ejercicio de sus facultades más elementales, tomó una decisión de política pública sanitaria y de derechos humanos, transformando un viejo campo de batalla penal en un nuevo territorio de derechos y obligaciones. La discusión ya no es un abstracto combate filosófico entre la “autonomía de la mujer” y la “protección de la vida por nacer”. Esa etapa, por suerte para la seriedad jurídica, está superada. El verdadero debate constitucional hoy se centra en cuestiones bastante más terrenales: la correcta implementación de un derecho ya reconocido, la garantía de su ejercicio efectivo y universal, y los límites de las resistencias que, bajo diversos ropajes, buscan dinamitar la estructura de la ley desde adentro.
La arquitectura de nuestro sistema constitucional, para quien se tome el trabajo de leerla, es bastante clara. Los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), no son meras declaraciones de buenas intenciones. Son norma suprema. Y sus comités de aplicación han sido explícitos hasta el cansancio sobre la obligación de los Estados de garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto seguro, como una condición indispensable para la igualdad, la no discriminación y el derecho a la vida y a la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Pretender que una interpretación aislada del Código Civil y Comercial sobre el inicio de la vida puede primar sobre este corpus iuris internacional es, en el mejor de los casos, una ingenuidad. En el peor, una deliberada omisión de la pirámide jurídica que rige en este país desde 1994. El derecho a la vida del no nacido, reconocido convencionalmente, nunca fue interpretado por los organismos internacionales como absoluto, sino como gradual e incremental, y jamás en detrimento de los derechos ya consolidados de la persona gestante. Parece mentira tener que explicar estas obviedades.
La autonomía personal: más que una palabra de moda
El principio de autonomía, consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, es la piedra angular de cualquier sociedad que se precie de ser liberal y democrática. Establece que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Durante décadas, se utilizó un argumento circular para negar su aplicación en el caso del aborto: se decía que perjudicaba a un tercero —el embrión— y que ofendía la moral pública. Un argumento que se muerde la cola, porque la definición de “tercero” y de “moral pública” era precisamente lo que estaba en juego. La Ley 27.610 viene a romper ese círculo vicioso. Reconoce que la decisión de continuar o no con un embarazo pertenece al fuero más íntimo de la persona, a su proyecto de vida, a su salud integral (física, psíquica y social). No es un capricho. Es la materialización de la dignidad humana.
El Estado no puede, sin volverse totalitario, imponer un plan de vida a un ciudadano. No puede obligar a nadie a llevar a término un embarazo si esa persona, en un ejercicio soberano de su voluntad, decide que no puede o no quiere hacerlo. La ley simplemente retira al Estado de esa habitación, de esa conciencia, y en su lugar, le impone una obligación positiva: garantizar las condiciones sanitarias para que esa decisión se pueda tomar sin riesgo para la vida o la salud. Esto no es ideología; es derecho constitucional puro y duro. Es la aplicación directa del precedente “F., A. L.” de la Corte Suprema, que ya en 2012 exhortaba a los poderes públicos a implementar protocolos hospitalarios para evitar las barreras de acceso a los abortos no punibles. La ley de IVE no es más que la consecuencia lógica y necesaria de una línea jurisprudencial y doctrinaria que venía consolidándose hace años. El derecho a la salud, la vida, la integridad, la igualdad y la autonomía no son compartimentos estancos; son un entramado. Y en ese entramado, la decisión sobre el propio cuerpo es central.
Consejos no solicitados para un escenario judicializado
A pesar de la claridad de la ley, la judicialización es un hecho. Y en este tablero, hay que saber mover las piezas. Para una persona a la que se le niega el acceso a la IVE/ILE, el camino más efectivo sigue siendo la acción de amparo. Es un proceso rápido, diseñado para situaciones en las que un derecho constitucional se ve vulnerado de forma manifiesta y arbitraria. La negativa de un hospital o de una obra social a cumplir con la Ley 27.610 es un caso de manual. La clave es actuar rápido y con patrocinio letrado. La prueba es simple: el pedido de la práctica y la constancia de la negativa o la simple demora injustificada. Los jueces tienen la obligación de resolver con celeridad, porque la variable tiempo es crítica. Cada día que pasa es una barrera más alta.
Para el profesional de la salud que enfrenta presiones para incumplir la ley o que sufre hostigamiento por cumplirla, el consejo es la documentación exhaustiva. Deje constancia por escrito de cualquier directiva irregular, de cualquier obstáculo. Informe a la dirección del nosocomio y, si es necesario, al ministerio de salud correspondiente. La ley no solo establece derechos para las pacientes, sino también obligaciones claras para las instituciones. La responsabilidad final recae en ellas, que deben garantizar la prestación, ya sea por personal propio o por derivación. Un médico no puede ser el fusible de un sistema que se niega a funcionar. En los procesos penales que aún, increíblemente, se inician contra mujeres o profesionales, la defensa debe ser técnica y contundente: la ley actual derogó las figuras penales para quien actúa dentro de sus previsiones. Cualquier proceso basado en la legislación anterior es un anacronismo jurídico, un fantasma legal que debe ser desestimado de plano. No hay caso.
Objeción de conciencia: derecho individual, límite institucional
Finalmente, llegamos a la joya de la corona de la controversia: la objeción de conciencia. Un derecho reconocido, sí, pero no un cheque en blanco para anular otros derechos. La ley es muy precisa en su regulación. La objeción es individual, personalísima e indelegable. Un profesional de la salud puede negarse a realizar la interrupción del embarazo, pero debe hacerlo de buena fe, manifestarlo previamente y por escrito ante las autoridades del establecimiento. Lo que es inadmisible, y la ley lo prohíbe explícitamente, es la objeción institucional. Un hospital público, una clínica privada, una obra social, no tienen “conciencia”. Son personas jurídicas con una función social y una obligación legal: prestar un servicio de salud. No pueden, como bloque, declararse objetores.
Además, el derecho a la objeción tiene límites clarísimos. El objetor tiene la obligación indeclinable de derivar a la paciente, de forma inmediata y efectiva, a otro profesional no objetor que realice la práctica. No puede simplemente lavarse las manos. Y, más importante aún, la objeción cede cuando la vida o la salud de la paciente está en peligro y requiere atención inmediata e impostergable. En una emergencia, no hay objeción que valga. El deber de socorro y la ética profesional priman sobre la creencia personal. Este delicado equilibrio es lo que algunos intentan romper, pretendiendo transformar una excepción individual en una regla institucional de facto, creando “zonas libres de IVE”. Eso no es ejercer un derecho; es sabotear una política de salud pública. Y como tal, debe ser identificado y combatido con las herramientas que el propio ordenamiento jurídico provee. La ley no es un menú a la carta donde cada uno elige qué parte cumplir. Es un sistema coherente de obligaciones y, para mi sorpresa, a esta altura de la civilización, todavía es necesario recordarlo.
