Control ambiental sin recursos: la burocracia y la ley argentina
La escenografía legal: un telón de fondo impecable
Uno debe admirar la arquitectura de nuestras leyes ambientales. La Ley N° 25.675, nuestra Ley General del Ambiente, es un monumento al deber ser. Establece los presupuestos mínimos para una gestión sustentable, consagrando principios que suenan tan lógicos como revolucionarios: el principio de prevención, que nos invita a evitar el daño antes de que ocurra; el precautorio, que nos exige tomar medidas aun sin certeza científica absoluta sobre el riesgo; y el de equidad intergeneracional, esa poética idea de que no debemos dejarles a nuestros nietos un baldío contaminado. Y por supuesto, el contundente principio de ‘quien contamina, paga’. Papel y tinta de la mejor calidad.
Esta ley marco obliga a las provincias a complementar esta base con normativas propias, creando un fascinante mosaico de regulaciones que, en teoría, deberían proteger hasta el último yuyo del territorio. Se establecen procedimientos de evaluación de impacto ambiental, se definen las categorías de daño y se crean registros de infractores. Es un sistema diseñado para funcionar. La cuestión, claro está, es que un diseño no es lo mismo que una construcción. Para que este formidable aparato legal se mueva, necesita combustible: inspectores, técnicos, abogados, peritos, laboratorios, vehículos, computadoras. En resumen, un presupuesto que refleje la grandilocuencia de la ley.
Y es aquí donde la obra de teatro se detiene. El telón de fondo es magnífico, pero los actores no tienen presupuesto para salir a escena. El Estado, en sus tres niveles —Nación, provincias y municipios—, a menudo parece sufrir una amnesia selectiva a la hora de asignar las partidas presupuestarias. Se declaran emergencias hídricas, se firman tratados internacionales, se lanzan planes de ‘basura cero’, pero las oficinas de fiscalización ambiental siguen funcionando con la misma cantidad de personal que hace una década, enfrentando problemas que se han multiplicado exponencialmente.
El arte de la defensa: consejos para el acusado (con guiño)
Si usted o su empresa se encuentran en la incómoda posición de ser señalados como responsables de un desaguisado ambiental, no desespere. El sistema, en su infinita sabiduría, le ofrece varias vías de escape, o al menos, de supervivencia. Su abogado no necesita ser un genio del derecho ambiental, sino más bien un artesano de la burocracia.
La dilación es su mejor aliada. El tiempo corre a su favor. Un expediente administrativo o judicial es un ser vivo que necesita ser alimentado con impulsos procesales. Si el Estado no lo alimenta, el expediente entra en hibernación y, eventualmente, muere por prescripción. Presente recursos de todo tipo, pida nulidades por defectos de forma, recuse al inspector por sentir una ‘íntima enemistad’ con su chimenea. Solicite peritajes complejos y costosos. Es probable que el organismo de control no tenga los fondos para pagarle a un perito especializado en la fauna microscópica del arroyo que usted, presuntamente, ha enriquecido con químicos. Cada demora es una pequeña victoria que lo acerca a la victoria final: el olvido.
Cuestione la prueba hasta el ridículo. La cadena de custodia de una muestra de agua es más frágil que la confianza de un votante. ¿El inspector que tomó la muestra usó un frasco esterilizado? ¿Lo rotuló correctamente? ¿Se mantuvo la temperatura adecuada durante el traslado? ¿El laboratorio que la analizó tiene sus certificaciones al día? ¿El equipo estaba calibrado según normas IRAM? La escasez de recursos genera desprolijidades, y las desprolijidades son la puerta de entrada para anular la prueba principal. Su defensa puede convertirse en una auditoría obsesiva de los procedimientos estatales, exponiendo sus carencias con una lógica implacable.
El daño ambiental es de todos y de nadie. La ley habla de ‘daño de incidencia colectiva’. Un concepto hermoso y etéreo. Si lo acusan de contaminar un río, siempre podrá argumentar que su aporte es insignificante comparado con el de la curtiembre de aguas arriba, el frigorífico de aguas abajo y los efluentes cloacales de la ciudad vecina. Probar la causalidad directa entre su actividad y un daño difuso es una tarea titánica. El objetivo es simple: disolver su responsabilidad en un mar de culpabilidades compartidas. Si todos son culpables, nadie lo es.
La odisea del acusador: una carrera de obstáculos
Ahora, si usted está del otro lado, como un vecino preocupado o una ONG con buenas intenciones, prepárese para un viaje largo y sinuoso. El sistema que es un laberinto para el Estado, para usted será el Everest sin oxígeno.
La carga de la prueba es su cruz. Aunque la ley contempla la ‘inversión de la carga probatoria’ en ciertos casos, en la práctica, usted deberá llegar a la justicia o al organismo administrativo con pruebas sólidas. Esto significa pagar de su bolsillo a un escribano para que constate el color del humo que sale de una fábrica, a un laboratorio privado para que analice la pila de tierra que dejaron en la esquina, o a un biólogo para que certifique que los peces del lago ahora tienen tres ojos. Usted estará, en esencia, subsidiando la incapacidad del Estado para hacer su propio trabajo. Deberá financiar la fiscalización que sus impuestos ya deberían cubrir.
El amparo ambiental, esa vía ‘rápida’. El amparo es la herramienta por excelencia. Una acción judicial expedita para detener un daño inminente o hacer cesar uno existente. ‘Expedita’ es un término que en los pasillos de tribunales adquiere una flexibilidad asombrosa. Deberá demostrar un daño grave, una arbitrariedad manifiesta y una urgencia que no admita demora. Y aun así, se enfrentará a un proceso que puede durar años, con apelaciones, medidas cautelares que se otorgan y se revocan, y una resistencia feroz por parte de la empresa acusada, que tiene un departamento legal entero para atenderlo a usted.
La denuncia administrativa, o el arte de la espera. El primer paso lógico es denunciar ante la autoridad ambiental competente. Le darán un número de expediente, un sello y una palmadita en la espalda. Su denuncia se convertirá en un ‘cuerpito’, una carpeta que comenzará un largo viaje por escritorios y estanterías. Quizás, si tiene suerte y el tema adquiere relevancia mediática, un inspector con el auto sin nafta y sin viáticos asignados intente llegar al lugar. Lo más probable es que su denuncia se sume a una pila de otras denuncias, todas esperando un milagro presupuestario.
La verdad incómoda: un sistema diseñado para la inacción
Después de años navegando estas aguas, uno llega a una conclusión perturbadora: el sistema no está roto, funciona exactamente como se espera. Su diseño es una obra maestra del cinismo político. Por un lado, se satisface la demanda social y las presiones internacionales con un cuerpo de leyes robusto y moderno. Se puede ir a cualquier foro global y exhibir con orgullo nuestra legislación ambiental de avanzada. Por otro lado, se garantiza que la aplicación de esas leyes sea lo suficientemente laxa y lenta como para no interferir con el ‘desarrollo económico’, un eufemismo que a menudo significa la externalización de los costos ambientales sobre el conjunto de la sociedad.
La falta de recursos no es un descuido, es una decisión política. Un espectrómetro de masas para detectar contaminantes específicos es una herramienta formidable, pero sin un presupuesto anual para su mantenimiento, reactivos certificados y la capacitación continua de su operador, es simplemente un mueble caro. Un dron puede vigilar miles de hectáreas para detectar deforestación ilegal, pero necesita un piloto, un plan de vuelo aprobado, un software para procesar las imágenes y un abogado que transforme esas imágenes en prueba judicial válida. La tecnología existe, lo que no existe es la voluntad de financiar su uso sistemático y efectivo.
Este desfinanciamiento crónico crea un filtro. Solo los casos más escandalosos, los que llegan a los medios de comunicación o los que son impulsados por actores con una formidable capacidad económica y de lobby, logran atravesar la inercia del sistema. El resto, la contaminación cotidiana, el goteo constante de pequeñas y medianas infracciones que en su conjunto generan un daño masivo, queda impune. No por falta de ley, sino por falta de un inspector que vaya, de un laboratorio que analice, de un abogado del Estado que acuse y de un juez que tenga los elementos para sentenciar.
En este escenario, nuestro rol como abogados es el de navegantes pragmáticos. Conocemos las corrientes, los vientos favorables de la burocracia y los arrecifes de la falta de presupuesto. No luchamos contra molinos de viento; simplemente, asesoramos a nuestros clientes sobre la mejor ruta para atravesar la tormenta o, en su defecto, para capear el temporal hasta que amaine. Y así, el ciclo continúa. Se aprueban nuevas leyes, aún más ambiciosas. Se celebran en congresos. Y en las oficinas de control, la pila de expedientes crece un poco más, esperando el presupuesto del año que viene. O del siguiente. Es, en su deliberada imperfección, un equilibrio perfecto.
