Justicia anula DNU provincial sobre contratación pública
Crónica de una urgencia anunciada
Parece que fue ayer, pero fue hace unos meses, cuando el Poder Ejecutivo provincial, imbuido de un espíritu de celeridad que ya quisiéramos para el trámite del DNI, decidió que el sistema de contrataciones públicas era un ancla. Un proceso lento, burocrático, lleno de papeles y formalidades. ¿La solución? Un Decreto de Necesidad y Urgencia. El famoso DNU, esa herramienta constitucional que, en teoría, es para tsunamis o invasiones extraterrestres, pero que en la práctica se usa para… bueno, para casi todo lo que un gobierno considera ‘urgente’.
En este caso, la ‘emergencia’ era modernizar y agilizar la forma en que el Estado compra desde resmas de papel hasta la construcción de una ruta. Se buscaba, con la mejor de las intenciones declaradas, eliminar pasos, acortar plazos y, en resumen, hacer que la rueda estatal girara más rápido. Una idea que, en la superficie, suena fantástica. ¿Quién podría oponerse a la eficiencia? ¿A gastar menos tiempo y, por ende, menos plata de los contribuyentes? El problema, como siempre, no está en el qué, sino en el cómo. Y el ‘cómo’ elegido fue un decreto, pasando por encima del debate legislativo, ese ritual tedioso donde las personas que votamos se sientan a discutir leyes.
El diablo está en los detalles (constitucionales)
Y aquí es donde la historia da un vuelco. O, mejor dicho, donde la historia sigue el guion que cualquiera con un manual de derecho constitucional a mano podría haber anticipado. La Cámara Federal, en un fallo que algunos calificarán de ‘palos en la rueda’ y otros de ‘resguardo institucional’, analizó el DNU. Y no le gustó lo que vio. La revelación que nos trae la Justicia es pasmosa: existe algo llamado división de poderes. Una idea revolucionaria que postula que el Ejecutivo ejecuta, el Legislativo legisla y el Judicial juzga. Resulta que legislar en materia de contrataciones públicas, un área que define cómo se gasta una pila de plata de todos, es una atribución primordialmente del Poder Legislativo.
Los jueces, en su aburrida y meticulosa prosa, recordaron que la ‘necesidad’ y la ‘urgencia’ no son un cheque en blanco. No cualquier apuro justifica saltearse al poder legislativo. Sobre todo en un tema tan sensible. Las reglas de contratación pública no son solo burocracia. Son, o deberían ser, garantías de transparencia, competencia y igualdad de oportunidades para los proveedores. Son el mecanismo para evitar favoritismos, sobreprecios y esos deslices que terminan en los titulares de los diarios. Al flexibilizar estas reglas por decreto, el gobierno no solo se arrogó facultades que no le correspondían, sino que debilitó los controles diseñados para proteger el patrimonio de todos. Una verdad tan obvia que asusta que haya que recordarla en un fallo judicial.
¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
Las consecuencias prácticas de esta decisión son, para usar un término técnico, un descalabro. Todas las contrataciones que se hicieron bajo la normativa ahora anulada quedan en un limbo jurídico. Empresas que ganaron licitaciones, obras que empezaron a ejecutarse, servicios que se están prestando. Todo queda bajo un manto de incertidumbre. ¿Son válidos esos contratos? ¿Se tienen que anular? ¿Habrá que pagar indemnizaciones? Se abre una nueva etapa de litigios, reclamos y, por supuesto, más gasto público para resolver el embrollo.
Este es el costo no visible de los atajos. La búsqueda de la eficiencia inmediata a menudo genera una ineficiencia mucho mayor a largo plazo. Es como intentar arreglar el motor de un auto con cinta adhesiva: puede que te deje llegar a la esquina, pero el problema de fondo sigue ahí y la factura del mecánico será considerablemente más alta. La Justicia, con su ritmo parsimonioso y su apego a las formas, acaba de pasar la factura por el intento de una solución rápida a un problema complejo.
La república: ese obstáculo para la eficiencia
Al final del día, lo que este fallo nos deja es una reflexión sobre la naturaleza del poder y sus límites. Para una gestión que busca mostrar resultados rápidos, la república, con sus controles cruzados y sus procesos deliberativos, puede parecer un estorbo. Un sistema lento, anticuado, que impide ‘hacer cosas’. Desde esta perspectiva, la decisión de la Cámara Federal no es más que una traba burocrática, un triunfo de los formalismos sobre la gestión práctica. Un capricho de gente que no entiende la urgencia de la calle.
Pero hay otra forma de verlo. Quizás esa lentitud, esa ‘ineficiencia’ intrínseca del sistema republicano, no es un defecto, sino su principal virtud. Es el freno de mano que impide que el auto se vaya barranca abajo a toda velocidad. Es el mecanismo de seguridad que nos protege de las urgencias permanentes y de la tentación de concentrar el poder en unas pocas manos. La anulación de este DNU no es una noticia sobre un tecnicismo legal; es el sistema inmune de la democracia haciendo su trabajo. Un recordatorio, a veces molesto pero siempre necesario, de que las reglas del juego están para cumplirse. Incluso, y sobre todo, cuando se tiene prisa.
