Juez federal frena aumento de tarifas eléctricas metropolitanas
El Déjà Vu de la Cautelar
Como si el calendario fuera un círculo y no una línea recta, el guion vuelve a repetirse con una precisión admirable. Este 22 de julio, un juzgado federal en lo contencioso administrativo dictó una medida cautelar interina que ordena a las distribuidoras eléctricas suspender la aplicación del nuevo cuadro tarifario. La noticia, recibida con un suspiro de alivio en millones de hogares, lleva implícita la pesadumbre de lo ya vivido. No es una victoria, es una tregua. No es una solución, es un respiro artificial antes de la siguiente ronda.
La decisión del juez, fundamentada en un escrito presentado por un colectivo de defensa de consumidores, congela los aumentos que iban a impactar en las boletas del próximo bimestre. El efecto es inmediato: se debe refacturar con los valores anteriores o acreditar la diferencia a favor de los usuarios en la próxima liquidación. Es la crónica de un freno anunciado. Cada vez que una administración decide que es momento de ordenar los números del sistema energético con la delicadeza de un cirujano usando un martillo neumático, el Poder Judicial desempolva el manual de los derechos constitucionales y recuerda que, del otro lado de la factura, hay gente. Gente que, curiosamente, necesita usar el dinero para otras cosas además de pagar la luz.
La Razonabilidad, ese Objeto Perdido
El núcleo del argumento judicial orbita alrededor de una palabra magnífica y, últimamente, escasa: razonabilidad. Según el fallo, el salto propuesto en las tarifas carece de una proporción lógica con la evolución de los salarios y la capacidad de pago de un ciudadano promedio. Es una idea casi revolucionaria: para que algo sea ‘pagable’, la gente debe tener con qué pagarlo. Esta verdad, que parece una obviedad digna de un niño de primaria, se convierte en un complejo hallazgo legal cuando se estampa en un expediente judicial. Los técnicos del gobierno y de las empresas habían presentado proyecciones, costos de generación, valor agregado de distribución y un sinfín de variables macroeconómicas. Se olvidaron de la más micro de todas: el bolsillo del que tiene que poner la plata.
El juez recuerda que el acceso a la energía es un servicio público esencial, no un bien de lujo. Por lo tanto, su costo no puede volverse confiscatorio. No se trata de negar la necesidad de actualizar las tarifas, una discusión que el propio fallo evita, sino de señalar que el método y la magnitud del ajuste deben poder ser asimilados por la sociedad. De lo contrario, el ‘sinceramiento’ se convierte en una simple expulsión de miles de usuarios del sistema. Poner al día los costos del servicio a costa de dejar a la gente a oscuras es, a todas luces, una solución que se muerde la cola. Es tener un auto con el tanque lleno pero sin batería para darle arranque: mucha pila en la teoría, ninguna en la práctica.
El Laberinto Técnico y la Audiencia Pública Fantasma
Otro pilar de la cautelar es la crítica al proceso de consulta previa. Las audiencias públicas, esa instancia de catarsis colectiva que por ley debe preceder a cualquier ajuste tarifario, fueron descriptas en el fallo como un mero formalismo. Una puesta en escena donde los funcionarios exponen sus planillas de Excel y los usuarios exponen sus angustias, sin que exista un puente real entre ambos monólogos. El juez entendió que el carácter ‘no vinculante’ de la audiencia no equivale a una autorización para ignorar por completo lo que allí se debate. La participación ciudadana no es un trámite, sino un requisito para la legitimidad de la decisión final.
La complejidad técnica del sistema eléctrico se usa a menudo como un escudo. Se habla de precios mayoristas, de transporte en alta tensión, de costos de distribución, creando una neblina de jerga inaccesible que busca generar una sola reacción en el ciudadano de a pie: resignación. ‘Es así, es complicado, hay que pagarlo’. La justicia, en este caso, corrió ese velo y se enfocó en el resultado final de esa ecuación críptica: la cifra impresa en la boleta. Y determinó que esa cifra, más allá de su impecable justificación técnica, rompía un contrato social mucho más básico.
Patada para Adelante y el Silencio de los Generadores
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. Un comunicado oficial expresó ‘sorpresa y preocupación’ por una decisión que ‘atenta contra la seguridad jurídica y pone en riesgo el plan de inversiones’. Las empresas distribuidoras, por su parte, advirtieron sobre el inminente colapso del servicio si no se actualizan sus ingresos. Es el mismo libreto de siempre, con los mismos actores recitando las mismas líneas. Nadie parece reparar en que la ‘seguridad jurídica’ también incluye la protección de los derechos de los usuarios.
Lo cierto es que esta medida cautelar es pan para hoy y, muy probablemente, hambre para mañana. No resuelve el dilema de fondo: un sistema con costos en dólares y salarios en pesos devaluados, sostenido durante años por subsidios que se volvieron impagables. La decisión judicial es un analgésico potente, pero no cura la enfermedad. Simplemente la oculta por un tiempo, permitiendo que la infección siga su curso bajo la superficie. El Gobierno apelará, el caso escalará por las distintas instancias judiciales y, mientras tanto, el tiempo correrá. El problema estructural seguirá ahí, esperando el próximo intento de ‘solución final’, que seguramente terminará en el despacho de otro juez, iniciando un nuevo ciclo de este déjà vu interminable. Se ha ganado tiempo, pero nadie sabe muy bien para qué.
