Amparo colectivo contra recortes al presupuesto de Conicet
Crónica de una Medida Anunciada
Llegó febrero de 2025 y con él, la confirmación de una política de austeridad que ya se había convertido en el aire que respiramos. El presupuesto para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) fue oficialmente establecido. La técnica utilizada, de una simpleza admirable, fue la de la reconducción presupuestaria. Esto significa, en el llano, que se prorroga el presupuesto del año anterior. O, para ser más precisos, el de 2023. Un monto fijo, inalterable, que en los papeles suena igual pero que, tras el paso de una inflación de tres dígitos, equivale a intentar hacer andar un auto con el tanque casi vacío. Lo que antes alcanzaba para un año de funcionamiento, ahora se agota en cuestión de meses.
La medida fue presentada no como un recorte, sino como un acto de responsabilidad y ordenamiento de las cuentas públicas. Un gesto necesario. Ante este panorama, cientos de investigadores, becarios y personal de apoyo, representados por asociaciones civiles y gremiales, decidieron que la realidad material tiene más peso que la creatividad contable. Presentaron una acción de amparo colectivo ante la Justicia. El recurso legal no busca un capricho, sino señalar la imposibilidad matemática y fáctica de cumplir con los objetivos del organismo, paralizando proyectos, cortando cadenas de pago y, en esencia, deteniendo el motor de la ciencia nacional. Un paso predecible, casi un movimiento de ajedrez cantado.
El Amparo: O Cuando la Realidad Insiste en Ser Compleja
El escrito judicial se apoya en una revelación que parece sacada de un manual de primer año de Derecho: las leyes están para cumplirse. El amparo argumenta que la decisión del Ejecutivo no solo es poco práctica, sino que además vulnera derechos y normativas vigentes. Entre ellas, la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sancionada hace pocos años. Esa ley, producto de un consenso político inusualmente amplio, establecía una senda de crecimiento progresivo y sostenido de la inversión en el área, con metas claras hasta 2032. Una hoja de ruta que, al parecer, quedó olvidada en algún cajón.
El recurso invoca el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales y económicos, un pilar del derecho constitucional que indica que, una vez alcanzado un determinado nivel de protección, el Estado no puede retroceder. Reducir la capacidad operativa del Conicet a una fracción de lo que era, argumentan, es una clara regresión. Es fascinante cómo un presupuesto puede, sin decirlo explícitamente, derogar en la práctica una ley entera. El amparo es, en el fondo, un llamado de atención sobre esta particularidad: la administración tiene límites, y uno de ellos es el propio ordenamiento jurídico que dice defender.
¿Para Qué Sirve un Científico? Una Pregunta Pertinente
En el fondo de este debate, subyace una pregunta que muchos se hacen con genuina curiosidad: ¿para qué necesitamos invertir tanta plata en gente que investiga cosas que nadie entiende? La pregunta es válida si se espera que la ciencia funcione como un kiosco, con ganancias visibles al final del día. Pero la ciencia es otra cosa. Es la investigación básica sobre genética de plantas que, veinte años después, permite crear semillas resistentes a la sequía y salva cosechas enteras. Es el estudio de partículas subatómicas que, décadas más tarde, termina en los equipos de diagnóstico por imágenes que te salvan la vida en un hospital.
El Conicet es el principal semillero de esas investigaciones. Apagarle la luz es una decisión de una lógica cortoplacista impecable. Es como tener un campo fértil y, en lugar de sembrar, vender la tierra para pagar deudas. Se obtiene liquidez inmediata, un éxito de gestión. El problema, la obviedad incómoda, es que el año que viene no habrá cosecha. Ni el siguiente. La decisión de desfinanciar la ciencia no es económica; es una elección sobre el futuro. Se está optando por un futuro donde dependamos de la ciencia y la tecnología que otros países, menos prácticos en lo inmediato, sí decidieron financiar.
El Futuro Llegó Hace Rato (y Parece que se Está Yendo)
Las consecuencias de esta parálisis inducida son tan evidentes que duele enumerarlas. La más inmediata es la cancelación de proyectos de investigación en curso. Hablamos de años de trabajo, de equipos consolidados, de datos recopilados que se tiran a la basura. La segunda, un clásico nacional, es la fuga de cerebros. Un científico altamente calificado no necesita mucho para armar las valijas; solo una oferta de un lugar donde le permitan hacer lo que sabe hacer. Lejos de ser una pérdida abstracta, es regalarle a otros países el capital humano más valioso, ese que formamos con nuestros propios recursos durante décadas.
El amparo colectivo es, por tanto, el último recurso de un sistema que se siente empujado al abismo. Es el intento de usar las reglas del juego para recordar que el juego tiene reglas. Mientras la Justicia delibera, el tiempo corre y el presupuesto se consume. Cada día que pasa es un clavo más en el ataúd de líneas de investigación, de carreras científicas, de la posibilidad de generar conocimiento soberano. La gran ironía es que se presenta como un ahorro lo que en realidad es una de las deudas más caras que se puedan contraer: la deuda con el futuro. Una deuda que, a diferencia de la financiera, no se reestructura con un nuevo bono. Simplemente, se paga con décadas de atraso.
