Corrupción Ambiental: Aprobación Irregular de Proyectos en Argentina
El Arte de la Aprobación ‘Express’: Revelaciones Obvias
Parece mentira, pero en este país tenemos una ley bastante completa para cuidar el ambiente. La Ley General del Ambiente N° 25.675 es una pieza legal que, si se leyera con atención, haría casi imposible construir nada más grande que un quincho sin un análisis exhaustivo. Establece la obligatoriedad de un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) antes de ejecutar cualquier obra o actividad que pueda degradar el entorno. Este procedimiento no es un mero trámite; es, en teoría, el corazón del sistema preventivo. Implica presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), un documento técnico que debería ser un retrato honesto y a veces brutal de las consecuencias de un proyecto. Y, para completar el cuadro de la democracia participativa, la ley exige una instancia de Audiencia Pública. Un momento idílico donde el ciudadano de a pie puede opinar.
Sin embargo, la realidad tiene una flexibilidad admirable. La aprobación ‘express’ es una disciplina que perfecciona el arte de cumplir con la forma, vaciando el fondo. El EsIA, en lugar de un análisis científico riguroso, puede convertirse en una pieza de ficción optimista. Los impactos negativos se minimizan con una prosa tranquilizadora, los positivos se exageran hasta el delirio, y los datos técnicos parecen seleccionados por un comité de marketing. De repente, una mina a cielo abierto tiene el mismo impacto que un vivero de mariposas. Es una cuestión de perspectiva, y de contratar a la consultora adecuada.
La Audiencia Pública, ese pilar de la participación, a veces se convoca en horarios imposibles, en lugares inaccesibles o con una difusión tan discreta que solo se enteran los directamente interesados en que nadie se entere. Se cumple el requisito, se labra un acta y el expediente suma un casillero tildado. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el acto administrativo final emitido por la autoridad, se convierte en la culminación de esta coreografía. Con la DIA en la mano, la empresa tiene luz verde. Si luego aparecen los peces flotando panza arriba o el aire se vuelve irrespirable, bueno, eso ya será un problema para otro expediente, posiblemente uno caratulado como ‘daño ambiental’, que se resolverá en unos quince o veinte años. La prevención, como concepto, es maravillosa, pero la urgencia del ‘progreso’ no suele tener tiempo para ella.
El Acusado: Manual de Supervivencia para el Optimista Incomprendido
Si usted es un funcionario que firmó donde no debía o un empresario cuyo proyecto milagroso está bajo la lupa, no desespere. El sistema legal argentino, en su infinita sabiduría, ofrece múltiples vías de escape, o al menos, de postergación. La estrategia no es clamar inocencia con lágrimas en los ojos; es volverse un experto en el laberinto procesal. Su mejor abogado no será el más elocuente, sino el más paciente y creativo para encontrar fallos de procedimiento.
Primero, la defensa clásica: la negación plausible y el ataque al mensajero. Usted no sabía. Usted confió ciegamente en sus asesores técnicos, esos mismos que produjeron el EsIA tan elogiado. Usted es una víctima de una campaña de desprestigio orquestada por competidores envidiosos o por ecologistas radicales que se oponen al desarrollo nacional y prefieren que la gente ande en taparrabos. Es fundamental construir una narrativa en la que usted es el mártir del progreso. El auto, la casa y las vacaciones en el exterior son fruto de su esfuerzo, no de los beneficios indirectos del proyecto. Esto es clave para el frente mediático.
Segundo, el arte de la dilación. El tiempo es su mayor aliado. Cada escrito debe ser contestado el último día del plazo. Recuse al juez por cualquier motivo imaginable. Plantee nulidades por un punto o una coma mal puestos. Apele cada decisión, sin importar cuán intrascendente sea. El objetivo no es ganar la discusión de fondo, sino agotar al adversario. La justicia es lenta, pero con un poco de ayuda, puede ser prácticamente inmóvil. Mientras el expediente junta polvo, las memorias se desvanecen, los testigos se mudan y los gobiernos cambian. Con suerte, para cuando haya una sentencia firme, el daño ambiental será un hecho consumado e irreversible, y la discusión pasará del ‘cómo evitarlo’ al ‘cuánto cuesta la multa’. Y una multa, seamos sinceros, es solo un costo operativo más.
No olvide los tipos penales que le pueden imputar, para saber de qué se está defendiendo. El cohecho (recibir dinero o una dádiva) es el más burdo. Pero la figura de negociaciones incompatibles con la función pública (Art. 265 del Código Penal) es más sutil y elegante. No requiere una valija con plata; basta con haberse interesado en un negocio en el que debía velar por el interés público. Es una figura de una amplitud maravillosa para la acusación, y un campo fértil para la defensa técnica.
El Acusador: Guía para Quijotes con Conexión a Internet
Si usted está del otro lado, en el rol ingrato del que denuncia, prepárese para una maratón, no para una carrera de cien metros. Su principal enemigo no es la empresa contaminante, sino la inercia burocrática y el cinismo sistémico. Pero no todo está perdido. La ley, esa misma que otros tuercen, también le da herramientas poderosas.
Su primera arma es la pila de papeles. Sea más burócrata que la propia burocracia. Presente pedidos de acceso a la información pública (amparado por la Ley 27.275) por cada documento del expediente: el EsIA, los dictámenes técnicos, las actas de las audiencias. Documente todo con la obsesión de un coleccionista. Saque fotos, grabe videos (siempre que sea legal), consiga sus propios informes periciales. La prueba es la reina del proceso. Una denuncia basada en ‘me parece que contaminan’ es una invitación al archivo. Una denuncia con un análisis de agua de un laboratorio certificado que muestra niveles de mercurio cien veces por encima de lo permitido es más difícil de ignorar.
La herramienta procesal por excelencia es la acción de amparo ambiental. La Constitución Nacional (Art. 43) la prevé como una vía rápida y expedita para cuando se vulneran derechos, y el derecho a un ambiente sano es uno de ellos. Dentro del amparo, su mejor argumento es el principio precautorio, consagrado en la Ley General del Ambiente. Este principio es oro puro: dice que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe usarse como excusa para no tomar medidas. En criollo: ante la duda, se para todo. Es el ‘in dubio pro natura’. No tiene que demostrar que el proyecto va a causar un desastre; basta con probar que existe un riesgo serio y que el estudio que lo autoriza es, como mínimo, dudoso.
Finalmente, no subestime el poder del ruido mediático y la organización comunitaria. Un juez puede hacerse el distraído con un expediente, pero es más difícil que lo haga con una comunidad organizada y un caso que escala en los medios. La presión pública no gana juicios, pero crea las condiciones para que la justicia se vea obligada a actuar con una celeridad inusual. Combine la estrategia legal con la estrategia comunicacional. A veces, una buena nota en un diario es más efectiva que cien páginas de un alegato impecable.
La Anatomía de un ‘Error’ Administrativo: Verdades Incómodas
Al final del día, cuando se descorre el velo del lenguaje técnico y las chicanas procesales, emerge una verdad tan simple como incómoda. La aprobación irregular de un proyecto ambiental no suele ser producto de una o dos manzanas podridas. No es una anomalía. Con demasiada frecuencia, es el funcionamiento normal de un sistema que ha internalizado la idea de que el ambiente es una variable de ajuste, un obstáculo a ser ‘gestionado’ en el camino hacia el verdadero objetivo: el beneficio económico a corto plazo.
La corrupción no siempre es un maletín lleno de billetes. A menudo adopta formas más sofisticadas: la promesa de un puesto en el directorio de la empresa para el funcionario cuando deje la gestión, la financiación de una campaña política, la contratación de la consultora del amigo o del pariente para hacer estudios a medida. Es un intercambio de favores en un círculo cerrado donde el único que no está invitado a la mesa es el interés público difuso, ese que defiende el río, el bosque o el aire limpio.
La complejidad inherente a la ciencia ambiental es el caldo de cultivo perfecto para la discrecionalidad arbitraria. ¿Quién puede discutirle a un ingeniero que afirma, con gráficos y ecuaciones, que la pluma de contaminantes se disipará inofensivamente? Se necesita otro ingeniero, igual de caro, para refutarlo. En ese gris de la incertidumbre técnica, la decisión política, influenciada por factores menos científicos, encuentra su justificación. El ‘error’ administrativo que autoriza el proyecto es, en realidad, una decisión consciente. La multa por el daño futuro, si es que alguna vez llega, es vista por la empresa como una inversión, un peaje para operar sin las molestas ataduras de la prevención. Y así, el ciclo se repite. La ley nos da las partituras para una sinfonía de desarrollo sostenible, pero en la práctica, muchos prefieren seguir tocando el rock and roll de la ganancia inmediata, aunque el escenario se venga abajo.
