Ordenan extradición de Edgardo Kueider, detenido en Paraguay
Un viaje con pasaje de vuelta obligatorio
A veces, la realidad tiene un timing que desafía cualquier guion. Un ex senador de la Nación, alguien que supo moverse con soltura por los pasillos donde se cocinan las leyes, es localizado y detenido en un país vecino. La noticia, en su superficie, parece sacada de un manual de procedimientos estándar para cuando las cosas se complican en casa. Edgardo Kueider, ex legislador por Entre Ríos, ya no disfruta de la inmunidad de los fueros ni, al parecer, de la tranquilidad del autoexilio. Quedó detenido en Paraguay por orden de la justicia local, que respondió a una alerta roja de Interpol emitida desde su tierra natal.
Lo llamativo no es tanto la acusación en sí —el peculado, ese clásico de la administración pública—, sino el hecho de que la maquinaria judicial, con su ritmo parsimonioso y a menudo frustrante, haya dado un paso tan concreto. La detención no fue el clímax de una persecución de película, sino el resultado de un trámite burocrático que funcionó. Un papel que viajó de un escritorio a otro, una notificación en un sistema informático global y, finalmente, la intervención de la policía paraguaya. Fin de la escapada. Ahora, una jueza ha ordenado lo que el ex senador seguramente quería evitar: la extradición. El regreso forzoso al punto de partida para enfrentar las acusaciones.
La causa que lo espera es por peculado, un término que suena técnico pero que se traduce en algo muy terrenal: la sospecha de haber utilizado recursos del Estado para beneficio propio. En este caso, no se habla de bolsos con dinero, sino de algo más sutil. La investigación del juez federal Leandro Ríos apunta al presunto uso de empleados de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para tareas de su campaña política personal entre 2018 y 2019. Una verdad incómoda que emerge es que la línea entre la función pública y la construcción de una carrera política a veces se vuelve peligrosamente difusa. Para la justicia, esa línea no solo existe, sino que cruzarla tiene un nombre y una consecuencia. La detención y el pedido de extradición son, simplemente, el recordatorio de que las reglas, al menos en los papeles, aplican para todos.
La letra chica de la acusación: el ‘peculado por servicios’
El delito que se le imputa a Kueider no es el de llevarse un fajo de billetes de una caja fuerte. Es una variante más elegante, si se quiere, conocida como ‘peculado por servicios’. La mecánica es simple y, lamentablemente, familiar. Consiste en desviar la fuerza de trabajo de empleados públicos, cuyo sueldo paga el Estado —es decir, todos—, para que realicen tareas de índole privada. En este caso, la acusación concreta es que personal de Salto Grande, en lugar de cumplir con sus funciones técnicas en la represa binacional, se dedicaba a actividades proselitistas para la campaña de Kueider. Montar actos, repartir folletos, hacer logística de campaña; todo mientras el recibo de sueldo seguía llegando con el sello del erario público.
Esta revelación, que de reveladora tiene poco para quien observa la política con atención, expone uno de los mecanismos más aceitados de financiamiento irregular. Es un método limpio, sin transferencias bancarias sospechosas ni dinero en negro. Es el uso del capital humano del Estado como si fuera un activo personal. La investigación judicial se basa en un trabajo minucioso: cruzar nóminas de empleados públicos con agendas de campaña, testimonios y registros de actividades. Es un rompecabezas donde cada pieza es un acto administrativo, un parte de horas, una directiva. El juez Ríos ha estado armando este puzzle durante años, acumulando pruebas que, a su criterio, son suficientes para sostener una acusación formal y justificar un pedido de captura internacional.
¿Persecución política o rendición de cuentas?
Como dicta el manual no escrito de la política bajo escrutinio judicial, la primera línea de defensa es casi siempre la misma: declararse víctima de una persecución política. Kueider no ha sido la excepción. Desde que su situación legal se complicó, ha sostenido que las acusaciones son una represalia por sus posturas políticas, una ‘vendetta’ orquestada por adversarios. Es una narrativa poderosa, porque apela a la polarización y a la desconfianza generalizada en las instituciones. Transforma un expediente judicial en una batalla épica entre el bien y el mal, donde el acusado se erige como un mártir de sus convicciones.
Sin embargo, la realidad procesal es bastante menos glamorosa. La jueza paraguaya Rosarito Montanía no evaluó si Kueider es un perseguido político o un funcionario deshonesto. Su tarea era técnica y específica: analizar si la solicitud de extradición presentada por la justicia argentina cumplía con los requisitos formales del tratado bilateral y las leyes internacionales. Su conclusión fue afirmativa. El pedido estaba bien fundamentado, los delitos imputados también existen en la legislación paraguaya y no se advirtieron motivaciones políticas evidentes que invalidaran el proceso. En otras palabras, la decisión se basó en el papeleo, no en la épica. La extradición no es una condena, sino un acto de cooperación judicial que establece cuál es el foro natural para que se lleve a cabo el juicio: el lugar donde presuntamente se cometieron los hechos. La justicia paraguaya, con esta decisión, simplemente está diciendo: ‘Este asunto no es nuestro. Que lo resuelvan en casa’.
El laberinto de la extradición y lo que viene
La orden de extradición es un paso crucial, pero no es el final del camino. Inicia un proceso que, como todo en el ámbito judicial, tiene sus propios tiempos y laberintos. La defensa de Kueider, como es de esperar, utilizará todas las herramientas legales a su alcance para apelar la decisión y dilatar el regreso. Esto es parte del derecho a la defensa y del debido proceso. Argumentarán vicios de forma, insistirán en la persecución política y buscarán cualquier resquicio legal que les permita mantener a su cliente lejos del banquillo de los acusados en su país. Es una partida de ajedrez legal que se juega en dos tableros, en dos países distintos.
No obstante, la decisión de la jueza Montanía representa un obstáculo mayúsculo para la estrategia de la defensa. Un poder judicial de otro país ha validado, al menos en su aspecto formal, la seriedad de la requisitoria argentina. Esto le da un peso institucional al reclamo y debilita el argumento de que todo es un simple armado político. Lo que sigue es una espera activa, donde los abogados trabajan y los plazos corren. Si las apelaciones no prosperan, la extradición se concretará y Edgardo Kueider deberá abordar un vuelo de regreso custodiado, para ser puesto a disposición del juez Ríos en Paraná.
Una vez en su tierra, comenzará el verdadero juicio. Allí se discutirá el fondo de la cuestión: las pruebas, los testimonios, la culpabilidad o la inocencia. Se acabarán las declaraciones grandilocuentes desde la distancia y empezará el tedioso pero necesario trabajo de la defensa y la fiscalía en un tribunal. Este episodio, más allá del destino de un ex senador, sirve como un recordatorio reflexivo sobre la naturaleza de la justicia. Lenta, a veces exasperante, llena de procedimientos que parecen absurdos, pero que, en ocasiones contadas y casi contra todo pronóstico, avanza. La rendición de cuentas, cuando finalmente se activa, rara vez es un espectáculo televisivo. Es, más bien, el cumplimiento metódico de un protocolo. Y quizás, en esa fría normalidad, reside su verdadera y silenciosa fuerza.
