Los Primeros Juicios de Nelson Mandela: La Ley y el Orden
Cuando la ley es el telón de fondo
En la década de 1950, el Congreso Nacional Africano (ANC) decidió que las peticiones amables ya no tenían mucho sentido. La Campaña de Desafío de 1952, inspirada en las tácticas de Gandhi, consistía en violar deliberada y pacíficamente las leyes del apartheid. Una estrategia elegante que, como era de esperar, puso de los pelos a las autoridades. La respuesta del Estado no fue un debate de ideas, sino la aplicación contundente de la ley. Porque, claro, para eso está la ley: para mantener el orden establecido, por más absurdo que este sea.
El clímax de esta tensión legalista llegó en diciembre de 1956. En una operación coordinada y de una eficiencia digna de mejor causa, la policía arrestó a 156 líderes del movimiento anti-apartheid, incluyendo a Nelson Mandela y a casi toda la cúpula del ANC. El cargo era de alta traición. La fiscalía se embarcó en la titánica tarea de demostrar que la Carta de la Libertad, el documento fundacional del movimiento que abogaba por una sociedad democrática y no racial, era en realidad un plan maestro para una violenta revolución comunista. Una interpretación, digamos, creativa.
El llamado Juicio por Traición se extendió por casi cinco años. Un lustro. Tiempo más que suficiente para que cualquier impulso revolucionario se diluya entre expedientes, mociones y testimonios. Fue una clase magistral de cómo usar la burocracia como arma de desgaste. Para el Estado, el resultado casi era secundario; el proceso era el castigo. Mantener a la oposición entera sentada en un tribunal era, en sí mismo, una victoria estratégica.
El arte de perder ganando
Finalmente, en 1961, el tribunal emitió su veredicto. Después de analizar una pila de documentos y escuchar testimonios interminables, los jueces concluyeron que no había pruebas suficientes para sostener que el ANC tuviera la intención de derrocar al Estado por la violencia. Todos los acusados fueron absueltos. Una derrota humillante para la fiscalía, que había invertido años y recursos en un caso que se desmoronó. Sin embargo, en el gran esquema de las cosas, el régimen había ganado tiempo y había forzado al movimiento a operar en una semi-clandestinidad perpetua.
El contexto, además, había cambiado drásticamente. En 1960, durante el juicio, ocurrió la masacre de Sharpeville y el gobierno proscribió al ANC. La vía pacífica parecía un callejón sin salida. Habiendo fracasado en probar una conspiración violenta, el Estado básicamente creó las condiciones perfectas para que esta surgiera. Una ironía que solo la historia puede permitirse. Fue entonces cuando Mandela y otros líderes fundaron Umkhonto we Sizwe (MK), el brazo armado del ANC, dedicado inicialmente a actos de sabotaje que evitaran la pérdida de vidas.
De la teoría a la práctica: el juicio de Rivonia
Mandela pasó a la clandestinidad. Fue apodado el «Pimpinela Negro» por su habilidad para evadir a la policía. En 1962 fue capturado y sentenciado a cinco años de prisión por incitar a la huelga y salir del país sin permiso. Parecía un golpe duro, pero era solo el aperitivo. El plato fuerte llegó en julio de 1963. La policía allanó una granja en Rivonia, un suburbio de Johannesburgo, que servía como cuartel general de MK. Allí encontraron una mina de oro: documentos, diarios y planes detallados, incluyendo borradores de la «Operación Mayibuye», un plan para una posible guerra de guerrillas.
Esta vez, el Estado no necesitaba hacer malabares interpretativos. Tenía pruebas tangibles. Mandela fue traído desde la prisión para enfrentar, junto a otros diez líderes, cargos de sabotaje y conspiración. El Juicio de Rivonia no era una farsa burocrática; era un caso sólido con consecuencias letales. La pena de muerte era una posibilidad más que real, y el fiscal la pidió con un entusiasmo notable.
El acusado como fiscal
Ante un panorama legal desolador, la estrategia de la defensa fue audaz y brillante. En lugar de enredarse en tecnicismos para negar lo evidente, los acusados, con Mandela a la cabeza, decidieron usar el juicio como una plataforma política. Admitieron su participación en la planificación de actos de sabotaje y procedieron a explicar por qué. El juicio dejó de ser sobre si habían violado la ley para convertirse en un debate sobre la legitimidad de esa misma ley.
El 20 de abril de 1964, Mandela pronunció su famoso discurso desde el banquillo de los acusados. Durante casi cuatro horas, no se defendió: atacó. Detalló la opresión sistemática del apartheid, la falta de vías democráticas y la decisión inevitable de recurrir a la lucha armada como último recurso. No pidió clemencia. Por el contrario, concluyó con una frase que resonaría por décadas: «He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He anhelado el ideal de una sociedad democrática y libre… Es un ideal por el que espero vivir y que espero alcanzar. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy preparado para morir». Con esto, transformó su defensa en un manifiesto que ponía al régimen de apartheid en el banquillo ante el tribunal de la opinión pública mundial.
La sentencia como prólogo
El juez declaró a Mandela y a sus compañeros culpables. El mundo contuvo la respiración esperando la sentencia. Finalmente, en lugar de la horca, se dictaminó la cadena perpetua. La inmensa presión internacional sin duda influyó. Pero quizás también hubo un cálculo por parte del régimen: un mártir es incontrolable; un prisionero, en una isla aislada, parece una amenaza contenida. Creyeron que al encerrarlo en Robben Island lo silenciarían para siempre. No podían estar más equivocados. La sentencia no fue el final de la historia de Mandela, sino el prólogo de su capítulo más largo y, paradójicamente, el más influyente. El Estado, en su intento por borrar a un hombre, terminó por inmortalizar una idea.
