Juicios a las Juntas Militares: La Justicia en el Banquillo
El escenario: un país en ruinas y una idea audaz
Cuando la última dictadura militar se desmoronó, no lo hizo con un estruendo glorioso, sino con el ruido sordo de un edificio que se viene abajo por su propio peso. Dejó tras de sí un tendal de muertos, una economía destrozada y una sociedad fracturada. En ese panorama, con los responsables del desastre todavía con una pila de poder e influencia, al nuevo gobierno democrático se le ocurrió algo que, visto en perspectiva, parece una excentricidad: juzgarlos. No en una plaza pública, no con tribunales revolucionarios, sino con las herramientas de la justicia civil, esa misma que ellos habían despreciado y pisoteado durante años.
El decreto 158 del presidente Raúl Alfonsín, firmado a los pocos días de asumir, fue la piedra fundamental. Ordenaba someter a juicio ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de las tres juntas militares que habían gobernado desde 1976. El decreto, con una astucia legal notable, preveía un mecanismo de apelación ante la justicia civil, la Cámara Federal, en caso de que los tribunales militares, como era de esperarse, decidieran mirar para otro lado. Era una jugada de ajedrez en un tablero minado, un intento de usar el propio sistema para purgarse a sí mismo. Una apuesta por la normalidad en un contexto absolutamente anormal.
El ‘Nunca Más’ y la maquinaria judicial
Antes de sentar a alguien en el banquillo, había que tener pruebas. Y las pruebas del terrorismo de Estado no estaban archivadas en prolijos biblioratos, sino en la memoria y las cicatrices de miles de sobrevivientes. Para recolectar esa verdad fragmentada se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Durante meses, un grupo de notables escuchó y documentó el horror. El resultado fue un informe, el ‘Nunca Más’, que se convirtió en un best-seller inesperado y en la principal base probatoria del juicio. No era literatura, era un catálogo metódico del infierno.
Como era previsible, la justicia militar se declaró incompetente, o más bien, actuó con una lentitud calculada que equivalía a una absolución de facto. La causa pasó entonces a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Este tecnicismo es fundamental: los generales no serían juzgados por un tribunal de excepción tipo Núremberg, sino por jueces comunes, bajo el Código Penal vigente. El mensaje era de una simpleza brutal: lo que ustedes hicieron no fue una guerra, señores, fueron delitos comunes a escala industrial: privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio. El desafío para los fiscales, Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, era monumental: demostrar que los miles de casos individuales no eran ‘excesos’ aislados, sino la ejecución de un plan criminal concebido y ordenado desde la cúpula del poder.
La sentencia: un veredicto para la historia
El juicio, que se extendió durante varios meses de 1985, fue un evento surrealista. Por la sala de audiencias desfilaron cientos de testigos que relataron, con una entereza admirable, historias que la mente se negaba a procesar. El país entero seguía las crónicas diarias como si fueran los capítulos de una serie macabra. El momento culminante llegó con el alegato final del fiscal Strassera, una pieza de oratoria que trascendió lo jurídico para convertirse en un hito cívico, cerrando con una frase que quedó grabada a fuego: ‘Señores jueces, nunca más’.
La sentencia, dictada el 9 de diciembre de 1985, fue un ejercicio de ponderación judicial. Jorge Rafael Videla y Emilio Massera recibieron la reclusión perpetua. Otros comandantes recibieron penas menores y tres fueron absueltos, para perplejidad de muchos. No fue la justicia poética que algunos esperaban, sino la justicia posible, la que se puede impartir con un código en la mano y la presión de los poderes fácticos en la nuca. Se había condenado a los ideólogos de la masacre, estableciendo una verdad jurídica que nadie podría discutir.
Reflexiones desde el asiento trasero de la historia
Claro que la historia tiene un guion más enrevesado. Poco después, las presiones militares forzaron al gobierno a sancionar las leyes de ‘Punto Final’ y ‘Obediencia Debida’, que funcionaron como una amnistía encubierta para cientos de represores de menor rango. Parecía una derrota, la claudicación del Estado de derecho ante la amenaza del sable. Sin embargo, el juicio ya había hecho su trabajo. Había creado un paradigma. Demostró, contra toda lógica y costumbre de la región, que era posible sentar a los dictadores en el banquillo. Esas leyes de impunidad serían, décadas más tarde, declaradas nulas, permitiendo la reanudación de los juicios. El precedente de 1985 fue la base sobre la que se reconstruyó todo lo demás. El juicio no fue el final de la historia, sino apenas el primer párrafo de un capítulo que todavía se está escribiendo. Un recordatorio incómodo de que la justicia no es un destino final, sino una pulseada constante y agotadora.
