Juicio de los Jemeres Rojos: La Justicia antes del 2000
El Espectáculo de la Justicia Ausente
Cuando el régimen de la Kampuchea Democrática colapsó en enero de 1979, arrastrado por la invasión de sus antiguos aliados vietnamitas, uno podría haber esperado una catarata de procesos judiciales. Después de todo, el saldo de menos de cuatro años de su utopía agraria era la muerte de entre 1.5 y 2 millones de personas. Sin embargo, la justicia, esa dama a menudo pragmática, tenía otros planes. En agosto de ese mismo año, el nuevo gobierno pro-vietnamita organizó el Tribunal Revolucionario del Pueblo. Un nombre imponente para lo que fue, en esencia, un acto de propaganda.
En un juicio que duró apenas cinco días, los dos rostros más visibles del régimen, Pol Pot y Ieng Sary, fueron juzgados in absentia. La evidencia era abrumadora, los testimonios desgarradores y el veredicto, previsible: culpables de genocidio y condenados a muerte. El problema fundamental era que los condenados no estaban sentados en el banquillo, sino en la selva, comandando lo que quedaba de sus fuerzas guerrilleras. Este primer ‘juicio’ fue un gesto simbólico, una declaración política necesaria para el nuevo poder, pero carente de cualquier reconocimiento internacional amplio. Era el equivalente a gritarle a una pared esperando que se derrumbe por la fuerza de la indignación. No funcionó.
El Arte de Morir a Tiempo
Durante las siguientes dos décadas, el concepto de ‘justicia’ para las víctimas del Jemer Rojo se mantuvo en un limbo conveniente. Los líderes seguían activos, financiados por diversas potencias interesadas en desgastar a la influencia vietnamita en la región. El mundo, que había visto las imágenes de los campos de la muerte, parecía tener una memoria selectiva. La Realpolitik, como siempre, se imponía sobre la moral. Pol Pot, el ‘Hermano Número Uno’, el arquitecto del delirio, vivía relativamente tranquilo en zonas remotas bajo control de su facción.
La situación dio un giro propio de un thriller mediocre en 1997. En medio de una violenta purga interna, Pol Pot fue traicionado y capturado por su propio jefe militar, Ta Mok, ‘El Carnicero’. Se organizó entonces otro espectáculo: un ‘juicio popular’ en medio de la selva, donde un envejecido Pol Pot fue sentenciado a arresto domiciliario de por vida por la muerte de su camarada Son Sen. No por genocidio, no por crímenes de lesa humanidad. Por traición. Un año más tarde, en abril de 1998, mientras el mundo finalmente comenzaba a negociar seriamente la creación de un tribunal, se anunció la muerte de Pol Pot. Un infarto, dijeron. Qué conveniente. Murió en su cama, sin haber respondido una sola pregunta ante un tribunal legítimo, cerrando el capítulo más importante de la forma más anticlimática y frustrante posible.
La Paciencia, esa Virtud Burocrática
La muerte de Pol Pot, lejos de simplificar las cosas, las complicó. El principal símbolo del régimen se había esfumado. Sin embargo, la estructura de mando seguía, en gran parte, intacta. El fin de la Guerra Fría y los acuerdos de paz de París en 1991 habían desmantelado el apoyo internacional al Jemer Rojo, empujándolos a una decadencia inevitable. Las deserciones masivas y los arrestos se hicieron más frecuentes hacia finales de los 90. El más notorio fue el de Ta Mok, capturado en marzo de 1999. Por primera vez, el gobierno tenía en sus manos a un líder de primerísimo nivel, un hombre directamente implicado en las purgas más salvajes.
Su captura, junto con la rendición de Kang Kek Iew (alias ‘Duch’), el director del centro de torturas S-21, ese mismo año, puso sobre la mesa una urgencia ineludible. Ya no había excusas. Tenían a los culpables, tenían la evidencia. Lo que no tenían era un sistema judicial preparado para un quilombo de esta magnitud. Las Naciones Unidas y el gobierno local se embarcaron en una negociación maratónica, un ir y venir de propuestas y contrapropuestas que se extendió por años. El debate giraba en torno a la composición del tribunal, las leyes aplicables y, por supuesto, quién pondría la pila de dinero necesaria. Mientras los burócratas debatían en salones con aire acondicionado, los sobrevivientes envejecían y los acusados esperaban en prisiones militares, en un limbo legal que parecía no tener fin.
Prólogo a un Juicio Tardío
Al cerrar el siglo XX, el panorama era desoladoramente claro. Habían pasado más de veinte años desde la caída del régimen y no se había celebrado ni un solo juicio con un mínimo de credibilidad internacional. Los principales responsables estaban muertos o eran ancianos. La voluntad política global había sido errática, a menudo hipócrita, priorizando la estabilidad geopolítica por sobre la rendición de cuentas. El sistema judicial local, devastado por el propio Jemer Rojo que había eliminado a casi todos los abogados y jueces del país, era incapaz de montar un proceso de tal complejidad por sí solo.
Los arrestos de Ta Mok y Duch fueron un punto de inflexión, pero solo marcaron el comienzo de otro largo período de espera. Estos hombres, símbolos de la brutalidad más extrema del régimen, se convirtieron en las piezas centrales de un futuro tribunal que aún no existía. La década de los 90 se cerró no con un veredicto, sino con una promesa. Una promesa de que, quizás, en el nuevo milenio, la justicia dejaría de ser un concepto abstracto para convertirse en algo tangible. Pero para una generación entera de víctimas, esa promesa llegaba tarde, terriblemente tarde, demostrando una vez más que la memoria histórica tiene la velocidad de un auto sin motor en una ruta cuesta arriba.
