Interferencia Extranjera: Propaganda y la Defensa de la Soberanía
La Soberanía: Ese Objeto Decorativo
En el panteón de los conceptos jurídicos internacionales, el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado ocupa un altar propio. Lo encontramos, reluciente, en el Artículo 2, párrafo 7, de la Carta de las Naciones Unidas. Dice, en esencia, que la ONU no puede meterse en los temas que son ‘esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados’. Es el pilar que sostiene la idea de igualdad soberana. Una maravilla. Un artículo de fe que los diplomáticos recitan con la mano en el corazón antes de proceder a hacer exactamente lo contrario.
Porque, seamos sinceros, la historia de las relaciones internacionales es la historia de la intervención. Lo que ha cambiado no es el fondo, sino las formas. La propaganda como arma no es nueva, pero su escala y sofisticación actuales la convierten en un desafío existencial. Hoy no hablamos de un simple pasquín o una radio que transmite desde el otro lado de la frontera. Hablamos de operaciones psicológicas de alta complejidad, ejecutadas a través de las redes sociales que usamos todos los días para ver fotos de gatos y quejarnos del tráfico. Se trata de la creación y amplificación artificial de ciertas narrativas, el silenciamiento de otras, la explotación de divisiones sociales preexistentes y la erosión sistemática de la confianza en las instituciones. Es un veneno lento, administrado gota a gota en el torrente sanguíneo de la opinión pública.
El primer problema, y el más grande desde el punto de vista legal, es la atribución. Probar que una campaña de desinformación masiva, que involucra miles de cuentas anónimas, granjas de trolls operando a través de VPNs y servidores en terceros países, fue orquestada por el aparato estatal de ‘X’ país es una tarea titánica. Es como intentar demandar a una nube por haberte mojado el asado del domingo. Podés señalarla, podés maldecirla, pero llevarla a un tribunal es, digamos, complicado. El Estado acusado siempre tendrá a mano la coartada perfecta: ‘No fuimos nosotros. Fueron ciudadanos privados ejerciendo su libertad de expresión’. O, mi favorita: ‘Son actores no estatales fuera de nuestro control’. Plausible deniability, le dicen. Un cheque en blanco para el caos.
El Manual del Acusador: Cómo Montar un Escándalo (con Base Legal)
Supongamos que sos el gobierno de un Estado que siente el calor de una campaña propagandística extranjera. Tu población está cada vez más polarizada, las noticias falsas corren como agua y tenés la fuerte sospecha de que hay un dedo extranjero meciendo la cuna. ¿Qué hacés? El derecho internacional te ofrece un menú de opciones, que van desde lo simbólico hasta lo judicialmente inútil.
Paso 1: Juntar las pruebas. Te deseo la mejor de las suertes. Vas a necesitar un equipo de expertos en ciberseguridad con más paciencia que un santo. Van a rastrear direcciones IP, analizar metadatos, identificar patrones de comportamiento en redes sociales y, con suerte, encontrarán un hilo del que tirar. El problema es que ese hilo suele llevar a un servidor en un paraíso fiscal o a un país que no tiene el menor interés en colaborar. El resultado es un informe técnico de 300 páginas que concluye, con mucha cautela, que la campaña es ‘consistente con las tácticas’ de cierto Estado. En lenguaje de abogados, eso es poco más que una corazonada bien documentada.
Paso 2: La vía diplomática. Este es el camino más transitado. Primero, una nota de protesta. Es un documento formal, muy serio, donde expresás tu ‘profunda preocupación’. El Estado receptor la archivará cuidadosamente. Si el escándalo sube de tono, podés llamar a consultas a tu embajador. Es un gesto fuerte, como irte a dormir al sofá después de una pelea. Finalmente, podés llevar el tema a un foro multilateral, como la Asamblea General de la ONU o el Consejo Permanente de la OEA. Ahí, tu canciller dará un discurso encendido, denunciando la agresión. Se votará una resolución de condena, que será celebrada como una gran victoria diplomática. Su efecto vinculante es, por supuesto, nulo.
Paso 3: La quimera judicial. El escenario soñado es llevar al Estado agresor ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. El problema es que la Corte solo tiene jurisdicción si ambos Estados la aceptan. ¿Y adiviná qué? El Estado acusado rara vez tiene ganas de someterse a un juicio. El caso paradigmático es Nicaragua c. Estados Unidos de 1986. Nicaragua logró que la Corte condenara a EE.UU. por apoyar a los ‘Contras’. ¿La respuesta de Washington? Desconocer la jurisdicción de la Corte y vetar cualquier resolución del Consejo de Seguridad para hacer cumplir el fallo. Una lección inolvidable sobre dónde termina el derecho y empieza el poder.
Guía de Supervivencia para el Acusado: Negar, Desviar y Contraatacar
Ahora, pongámonos del otro lado del mostrador. Tu país es acusado de estar metiendo la cola en el quilombo interno de otro. El manual de defensa es tan antiguo como eficaz, y se basa en tres pilares.
Primero: Negación categórica. ‘Rechazamos enfáticamente estas acusaciones infundadas’. Esta frase es el ‘hola, mundo’ de la diplomacia defensiva. La clave es la convicción. Hay que proyectar una imagen de sorpresa e indignación. La acusación no es más que una ‘campaña de desprestigio’ orquestada por ‘fuerzas oscuras’ que buscan dañar las relaciones bilaterales. La carga de la prueba, insistirás, la tiene el acusador. Y como ya vimos, esa prueba es casi imposible de conseguir.
Segundo: La contraofensiva del ‘whataboutism’. Esta es una jugada maestra. ¿Nos acusan de interferencia? Hablemos de la interferencia que ellos practican. Señalar el financiamiento de ONGs por parte de sus embajadas, recordar viejos episodios históricos, citar declaraciones de sus propios funcionarios. El objetivo no es probar tu inocencia, sino embarrar la cancha hasta que nadie entienda quién le tiró el primer tortazo a quién. Se crea un falso equivalente moral que disuelve la acusación original en un mar de relatividad.
Tercero: El escudo de la libertad de expresión. Este es el argumento más sofisticado y, a su manera, brillante. ‘No es propaganda, es periodismo’. ‘Nuestros medios estatales simplemente ofrecen una perspectiva diferente a la hegemónica’. ‘Son ciudadanos y creadores de contenido ejerciendo su derecho a opinar’. Esta defensa coopta el lenguaje de los derechos humanos y la democracia liberal para justificar acciones que buscan, precisamente, desestabilizarlas. Es el judo geopolítico en su máxima expresión: usar la fuerza del adversario en su contra. Y funciona de maravilla, porque obliga al acusador a transitar por la incómoda línea de querer regular la información sin parecer un censor.
La Verdad de la Milanesa: El Derecho como Espectador
Después de todo este circo, ¿dónde queda el derecho? Pues donde siempre ha estado en los grandes temas del poder: en un rol secundario. El derecho internacional público no es un código penal universal con un policía en cada esquina. Es, más bien, un conjunto de normas y principios que los Estados aceptan seguir mientras les resulte conveniente. Cuando los intereses vitales están en juego, los tratados se convierten en literatura y los principios en sugerencias.
La interferencia por medios propagandísticos es el ejemplo perfecto de esta realidad. Todos los Estados condenan la práctica en público, mientras muchos la practican en privado o, al menos, se reservan el derecho a hacerlo si la situación lo amerita. La ley provee el guion para el drama: el lenguaje de la acusación, los rituales de la protesta, los argumentos de la defensa. Permite que el conflicto se canalice de una forma previsible y contenida, evitando que una guerra de narrativas escale a una guerra de verdad. En ese sentido, uno podría argumentar, con una buena dosis de cinismo, que el sistema funciona a la perfección.
Desde esta parte del mundo, hemos tenido un asiento de primera fila para observar estos juegos durante siglos. Hemos visto cómo las ‘verdades’ y las ‘narrativas’ eran importadas para justificar intereses económicos y geopolíticos. Quizás por eso, tenemos menos romanticismo sobre la santidad de las fronteras ideológicas. Entendemos que la soberanía, al final del día, es un músculo. Si no se ejercita, se atrofia. Y se ejercita no solo con capacidad militar o económica, sino con cohesión social, con instituciones fuertes y, sobre todo, con una ciudadanía crítica y con la pila suficiente para no comprar el primer buzón que le venden.
Así que, mientras los gigantes se acusan mutuamente de envenenar el pozo digital, el resto de nosotros debe aprender a navegar en estas aguas turbias. El rol del abogado aquí no es tanto el de un litigante que espera ganar un caso, sino el de un estratega que entiende las reglas del juego, visibles e invisibles. La ley es una herramienta más en el tablero, a veces un escudo, a veces una espada, pero casi nunca el árbitro final. La verdadera partida se juega en otro lado.
