Informe 2025: Aumento de la represión en protestas, revela Comisión
El descubrimiento del año: el fuego quema
Como cada año, con la puntualidad de un impuesto, la Comisión Provincial por la Memoria ha publicado su informe anual. Y, como cada año, sus páginas desgranan una serie de verdades incómodas que, para muchos, resultan tan evidentes como la ley de gravedad. La gran conclusión de la edición 2025 es que, durante el último período, se ha registrado un notable incremento en la violencia institucional y la represión durante las manifestaciones sociales. Un hallazgo que seguramente ha dejado perplejos a los estrategas del orden público, quienes probablemente creían que saturar las calles con agentes pertrechados hasta los dientes era una estrategia para fomentar el diálogo y la concordia.
El documento es un ejercicio de prolijidad técnica. Analiza, con una distancia casi quirúrgica, las políticas de seguridad implementadas y sus consecuencias directas sobre los cuerpos y las libertades de los ciudadanos. No hay adjetivos altisonantes ni juicios de valor explícitos. No hacen falta. La contundencia de los hechos presentados de forma ordenada es suficiente para pintar un panorama que, aunque previsible, no deja de ser alarmante. La Comisión, una vez más, cumple con su rol de ser el escriba de una memoria colectiva que el poder de turno preferiría amnésica, documentando aquello que sucede a la vista de todos pero que a menudo se niega en los discursos oficiales.
Manual de procedimiento para el disenso moderno
Uno de los puntos centrales del informe es el análisis de los nuevos protocolos de actuación. Bajo el paraguas de la ‘profesionalización’ y la ‘modernización’, se han introducido cambios sutiles pero significativos en la forma en que el Estado gestiona la protesta. El documento destaca la reducción de las instancias de mediación y una autorización casi automática para el uso de la fuerza ante lo que se define, con una vaguedad preocupante, como ‘riesgo potencial’. En la práctica, un grupo de personas con un cartel es ahora, por defecto, un escenario que requiere una respuesta contundente.
El equipamiento también merece un capítulo aparte. El informe documenta la incorporación de nuevas tecnologías de vigilancia, como drones con reconocimiento facial y sistemas de monitoreo de comunicaciones en tiempo real durante las marchas. Herramientas presentadas como avances para la ‘prevención del delito’ que, curiosamente, se emplean con una eficiencia notable para identificar y fichar a manifestantes, activistas y, con especial dedicación, a periodistas. El informe subraya un aumento del 70% en las detenciones de trabajadores de prensa durante coberturas, una táctica que no busca justicia, sino simplemente apagar la cámara, silenciar al testigo. Hay una pila de testimonios que describen cómo el equipamiento ‘no letal’ es utilizado de manera contraria a cualquier manual, apuntando a la cabeza o a quemarropa, dejando en claro que su propósito no es disuadir, sino castigar.
Las cifras que nadie quería ver (pero estaban ahí)
Si las descripciones cualitativas son preocupantes, los datos cuantitativos son desoladores. El informe de la Comisión sistematiza información de hospitales, fiscalías y organizaciones de derechos humanos, y los números hablan por sí solos. Se registró un incremento del 45% en las personas atendidas en guardias médicas por heridas de balas de goma, irritación por gases químicos y traumatismos producto de golpes durante la desconcentración de protestas. Las detenciones arbitrarias, aquellas que terminan con la liberación de la persona a las pocas horas sin que se le formule cargo alguno, crecieron un 60%. Un método eficaz de intimidación que no deja rastro penal, pero sí una profunda cicatriz en la confianza ciudadana.
El informe contrasta estos datos con las justificaciones oficiales, que suelen centrarse en la protección de la propiedad pública y privada. El documento no niega la existencia de daños materiales, como la rotura de un vidrio o la pintada en una pared. Simplemente los pone en perspectiva. Contrapone el costo de un auto abollado o un frente manchado con el de una persona que pierde un ojo o que pasa una noche en un calabozo sin motivo. Es una comparación que, para cualquier persona con un sentido básico de las proporciones, resulta hasta ofensiva. La evidencia demuestra que el foco de la ‘seguridad’ no estuvo puesto en los objetos, sino en los sujetos. Específicamente, en aquellos que se atrevieron a disentir en el espacio público.
Reflexiones desde un futuro previsible
Al final, la lectura del informe deja un sabor amargo. No por lo que revela, sino por lo que confirma: que este modelo de gestión del conflicto social no es un error, sino un proyecto. Una decisión política consciente cuyas consecuencias eran, desde el principio, perfectamente previsibles. La normalización de la violencia estatal como única respuesta posible ante el descontento es, quizás, el hallazgo más profundo y perturbador del trabajo de la Comisión.
Estos informes son actos de resistencia. Son la prueba documental contra el olvido y la negación. Quizás no cambien la política de seguridad de mañana, pero garantizan que, en el futuro, nadie pueda decir que no lo sabía. Dejan constancia de que, en 2025, mientras algunos celebraban el ‘orden’, otros contaban los heridos. Y que hubo quienes, pacientemente, se dedicaron a registrarlo todo, para que la memoria, al menos, quede a salvo.
