El Juicio de Oscar Wilde: Crónica de una Caída Anunciada
El Esteta Contra el Mundo: Un Error de Cálculo
A principios de 1895, Oscar Wilde era el rey no coronado de Londres. Sus obras, como ‘La importancia de llamarse Ernesto’, llenaban los teatros y su ingenio era la moneda de cambio en los salones más exclusivos. Vivía, o al menos proyectaba, una vida dedicada al arte por el arte mismo, una existencia donde la estética era la única brújula moral. Desde esa cumbre de auto-satisfacción, es fácil creerse invulnerable. Fue entonces cuando el Marqués de Queensberry, un aristócrata conocido más por su temperamento pugilístico que por su fineza intelectual, decidió intervenir en la relación de Wilde con su hijo, Lord Alfred ‘Bosie’ Douglas. El marqués le dejó una tarjeta en su club con la infame y mal escrita frase: “Para Oscar Wilde, quien presume de somdomita (sic)”.
Ante esta ofensa, cualquier persona con un mínimo instinto de supervivencia habría optado por la indiferencia estratégica. Pero Wilde, empujado por Bosie y quizás por su propio ego, decidió que lo más sensato era demandar a Queensberry por difamación. Se le fue el auto. Creía que su intelecto y su fama lo protegerían, que podría desarmar al rústico marqués en la corte con un par de epigramas bien colocados. No entendió que no se enfrentaba a un hombre, sino al sistema de valores que ese hombre, en toda su tosquedad, representaba. El juicio que él mismo inició no sería sobre una calumnia, sino un referéndum sobre su propia vida. Fue el primer paso hacia un abismo que él mismo cavó con una pala de oro.
El Arte en el Banquillo de los Acusados
El primer juicio, Wilde contra Queensberry, comenzó en abril de 1895 y se transformó de inmediato en una farsa trágica. El abogado defensor, Edward Carson, quien curiosamente había sido compañero de Wilde en el Trinity College de Dublín, no se centró en probar que Queensberry tenía motivos para su acusación, sino en demostrar que la acusación era, de hecho, cierta. Para ello, recurrió a una táctica tan previsible como efectiva: usar la obra de Wilde en su contra.
Carson sometió a Wilde a un interrogatorio brutal, citando pasajes de ‘El retrato de Dorian Gray’ y poemas de connotaciones homoeróticas. Le preguntaba, con una seriedad pasmosa, sobre “el amor que no osa decir su nombre”. Wilde, al principio, respondió con su característico ingenio, dando cátedra sobre arte y platonismo. Pero el jurado no estaba compuesto por filósofos ni estetas, sino por doce señores victorianos para quienes el arte que no era edificante era, por defecto, sospechoso. La brillantez de Wilde se percibió como arrogancia y evasión. Cuando Carson comenzó a presentar evidencia de las relaciones de Wilde con jóvenes de clase trabajadora, la defensa de la difamación se hizo insostenible. El equipo legal de Wilde, viendo el desastre inminente, le recomendó abandonar el caso. Fue demasiado tarde. Apenas se retiró la demanda, se emitió una orden de arresto en su contra por el delito de “indecencia grave” bajo la Sección 11 de la Ley de Enmienda Penal de 1885.
La Justicia y su Moral Selectiva
Ahora el cazador era la presa. En el segundo acto de este drama legal, la Corona contra Wilde, el Estado tomó el relevo de Queensberry. Wilde, a quien sus amigos le rogaron que huyera a Francia, decidió quedarse, en otro gesto de fatalismo o soberbia. El juicio se centró en los testimonios de varios jóvenes, muchos de ellos chantajistas y prostitutos, que relataron con lujo de detalles las invitaciones a hoteles de lujo, las cenas opulentas y los regalos caros que Wilde les prodigaba. La fiscalía pintó un cuadro de un hombre mayor corrompiendo a la juventud inocente, una narrativa que la prensa sensacionalista amplificó con devoción.
El primer juicio penal, sin embargo, no fue concluyente. El jurado no pudo llegar a un acuerdo. Por un momento fugaz, pareció que el sistema, con todas sus fallas, podría vacilar. Fue solo una ilusión. La Corona, decidida a obtener un veredicto ejemplarizante, presionó para un segundo juicio. Para la sociedad bienpensante, la culpabilidad de Wilde era un hecho consumado; la ley solo tenía que ponerse al día. Su nombre fue retirado de los carteles de sus propias obras, y la misma multitud que lo aclamaba ahora lo repudiaba. Era un paria antes de ser un convicto.
El Veredicto: Dos Años de Trabajos Forzados
El juicio final, en mayo de 1895, fue la estocada definitiva. Con un nuevo fiscal, más metódico y menos teatral que el anterior, la estrategia de la Corona se afiló. La defensa de Wilde era débil, basada en negar todo y en desacreditar a los testigos, una tarea difícil cuando la opinión pública ya había elegido a quién creer. El jurado, esta vez, no tuvo dudas. El 25 de mayo, Oscar Wilde fue declarado culpable de todos los cargos, salvo uno. Antes de dictar sentencia, el juez Alfred Wills se despachó con un discurso que es una pieza de museo de la indignación moral. Calificó el caso como “el peor que había juzgado” y lamentó no poder imponer una pena mayor que la máxima permitida: dos años de prisión con trabajos forzados.
Esa sentencia fue, en la práctica, una condena a muerte civil. Los trabajos forzados, diseñados para quebrar el cuerpo y el espíritu, destrozaron su salud. Salió de la cárcel de Reading en 1897 como un hombre arruinado, física y económicamente. Se exilió en Francia, donde vivió sus últimos años bajo un seudónimo, dependiendo de la caridad de unos pocos amigos leales. Murió en París en 1900, a los 46 años. La sociedad victoriana había logrado su objetivo: no solo castigó al hombre, sino que lo borró. Convirtió al brillante conversador en un fantasma silencioso. Fue una demostración impecable de poder, un recordatorio de que, para el establishment, no hay nada más peligroso que un individuo que expone, con su sola existencia, la frágil y arbitraria naturaleza de sus códigos morales. Una lección que, por cierto, nunca pierde vigencia.
