El Juicio de Haymarket y la justicia para anarquistas
Una idea tan radical como querer llegar a casa con sol
Hay que situarse en la época. Pleno auge industrial, chimeneas escupiendo el humo del progreso y una clase empresarial que había descubierto la fórmula mágica para acumular fortunas: pagar poco y exigir mucho. En este escenario idílico, a los trabajadores se les ocurrió una ocurrencia bastante disruptiva: la jornada laboral de ocho horas. Parece mentira que algo tan elemental hoy en día fuera entonces una demanda subversiva. La gente pretendía tener tiempo para algo más que no fuera trabajar, dormir y volver a trabajar. Un capricho, a todas luces.
Las jornadas de doce, catorce y hasta dieciséis horas eran la norma. La salud y la seguridad en el trabajo eran conceptos tan abstractos como la física cuántica para un oficinista. Los sindicatos, considerados nidos de revoltosos, intentaban organizar a una masa de obreros que, comprensiblemente, ya no tenían tanta pila. La consigna de «ocho horas para el trabajo, ocho horas para el descanso y ocho horas para lo que nos dé la gana» empezó a sonar con fuerza. Para los dueños de las fábricas, esto era el equivalente a prender fuego un fajo de billetes. La tensión, como es de esperar, se podía cortar con un cuchillo desafilado.
El 1 de mayo de 1886 se convocó a una huelga general masiva para exigir esta jornada. Miles de trabajadores pararon las máquinas. La reacción empresarial y gubernamental fue, digamos, poco entusiasta. La prensa, siempre dispuesta a colaborar con el orden establecido, pintaba a los huelguistas como una horda de vagos y peligrosos extranjeros que venían a corromper la sagrada cultura del esfuerzo ilimitado. Era evidente que la situación no iba a terminar con un apretón de manos y un acuerdo amistoso.
El día que una bomba solucionó un problema de imagen
El 4 de mayo, en la plaza Haymarket, se convocó a una manifestación para protestar por la brutal represión policial del día anterior en la fábrica McCormick, donde habían muerto varios huelguistas. La concurrencia fue menor a la esperada, en parte por una lluvia inoportuna. La reunión transcurría con una calma tediosa, los oradores daban sus discursos y la policía esperaba, probablemente aburrida. Cuando el acto estaba por terminar, alguien, desde el anonimato más absoluto, arrojó una bomba contra las filas policiales. El caos fue instantáneo. Siete policías muertos, un número indeterminado de civiles heridos y muertos por la explosión y los disparos posteriores.
Para las autoridades y la élite económica, esa bomba fue un regalo del cielo. El problema ya no era una legítima demanda laboral, sino una conspiración anarquista para destruir la sociedad. La narrativa cambió en un parpadeo. De repente, todos los líderes obreros y militantes de izquierda eran sospechosos de terrorismo. Se desató una cacería de brujas con un fervor que envidiaría cualquier inquisidor. Se allanaron imprentas, sedes sindicales y domicilios particulares. Ser anarquista, socialista o simplemente tener un acento raro te ponía en la lista negra. Hacía falta encontrar culpables, y rápido. No necesariamente los culpables reales, sino unos que sirvieran para el ejemplo.
La justicia: ese trámite tan flexible
El Estado necesitaba sentar un precedente, y vaya si lo hizo. Ocho hombres, la mayoría inmigrantes alemanes y conocidos activistas anarquistas, fueron llevados a juicio. ¿Las pruebas que los conectaban con la bomba? Prácticamente ninguna. Uno de ellos, Albert Parsons, ni siquiera estaba en la plaza cuando explotó el artefacto; estaba a varias cuadras de distancia. Otro, Louis Lingg, era conocido por fabricar pequeñas bombas, pero no se pudo probar que la de Haymarket fuera suya. Al sistema judicial, estos detalles le parecieron irrelevantes.
El fiscal, Julius Grinnell, lo dejó meridianamente claro en su alegato final: «La ley está en tela de juicio. La anarquía está en tela de juicio. Estos hombres han sido seleccionados porque son líderes. No son más culpables que los miles que los siguen. Señores del jurado: ¡condenen a estos hombres, hagan un ejemplo de ellos, cuélguenlos y salvarán nuestras instituciones, nuestra sociedad!». Más honesto, imposible. No se estaba juzgando un crimen, se estaba juzgando una ideología. El jurado, cuidadosamente seleccionado para asegurar que no hubiera simpatizantes de la causa obrera ni gente con dos dedos de frente, cumplió su parte del libreto a la perfección.
Inmortalidad, el premio consuelo por un error judicial
El veredicto fue el esperado: siete condenas a muerte y una a quince años de prisión. La defensa apeló, pero las instancias superiores, en un acto de sorprendente cohesión corporativa, ratificaron la sentencia. A pesar de las campañas internacionales pidiendo clemencia, el 11 de noviembre de 1887, cuatro de los condenados —Spies, Parsons, Fischer y Engel— fueron ahorcados. Louis Lingg se había suicidado en su celda el día anterior con un explosivo de origen misterioso, un final casi poético. Los otros tres vieron sus sentencias conmutadas a prisión perpetua.
La historia podría terminar ahí, como una victoria aplastante del orden sobre el caos. Pero siempre aparece algún personaje incómodo a aguar la fiesta. En 1893, el gobernador John Peter Altgeld, un hombre con la extraña manía de leer los expedientes judiciales, revisó el caso a fondo. Su conclusión fue demoledora: el juicio había sido una farsa, las pruebas eran inexistentes, el jurado estaba parcializado y los acusados fueron víctimas de la histeria y el prejuicio. En un acto de valentía política que le costó su carrera, Altgeld perdonó a los tres anarquistas que seguían en prisión, declarándolos inocentes. Un pequeño detalle que suele omitirse en las versiones más simplificadas de la historia.
El objetivo del juicio de Haymarket era decapitar al movimiento obrero y anarquista. Y en cierto modo, a corto plazo, lo lograron. Pero el tiro les salió por la culata de una forma espectacular. La ejecución de estos hombres, conocidos desde entonces como los Mártires de Chicago, los convirtió en un símbolo universal de la lucha por los derechos de los trabajadores. En 1889, la Segunda Internacional instituyó el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores en su honor. Así, un acto diseñado para aniquilar una idea, terminó por darle un día propio en el calendario mundial. Una de esas ironías que demuestran que la historia tiene un sentido del humor bastante negro.
