Daño Culposo y Fuga: Estrategias en un Choque de Estacionamiento
El escenario: un toque, una denuncia y una fiscalía con… imaginación
Mire, todos los días uno se levanta, lee los diarios, escucha las noticias y piensa que ya nada puede sorprenderlo. Pero el derecho penal siempre, siempre, encuentra la forma de dejarte con la boca abierta. Nos llega un caso que, a primera vista, es la cosa más mundana del mundo. Un estacionamiento, dos autos. Uno maniobra, calcula mal, y ¡track! Un toque. Un rayón, una óptica rota, vaya uno a saber. El conductor del vehículo en movimiento, en un acto de viveza criolla o de pánico absoluto, decide que es mejor hacerse el distraído y se va. El dueño del auto chocado, con la sangre en el ojo y la ayuda de una cámara de seguridad, lo identifica y lo denuncia. Hasta acá, una historia de todos los días, un asunto para el seguro y, con suerte, una charla acalorada entre partes. Pero no. Acá es donde la realidad se topa con la creatividad de algunos funcionarios. La fiscalía acusa por daño culposo y, agárrese fuerte, por omisión de auxilio.
Omisión de auxilio. Hay que repetirlo para aquilatar la dimensión del disparate. Uno se imagina la escena: el fiscal, con el Código Penal en la mano, buscando la figura que mejor encaje para darle un poco más de volumen a una denuncia que, de otra forma, moriría en una mediación o en un arreglo de palabra. La omisión de auxilio, prevista en el artículo 108 de nuestro código, está pensada para proteger la vida y la salud de las personas. Habla de alguien que encuentra a otro perdido o desamparado, o a una persona amenazada por un peligro cualquiera. Habla de una víctima que necesita ayuda, de un deber de solidaridad humana elemental que se convierte en obligación legal. ¿Y qué tenemos acá? Un paragolpes. Un pedazo de plástico y chapa abollado. Que yo sepa, los autos no sangran, no entran en hipotermia ni necesitan que se les haga RCP. Acusar por omisión de auxilio en este contexto es, siendo generosos, un error conceptual grosero. Es forzar la ley hasta que grite. Es, en el fondo, una muestra de cómo el sistema, a veces, se pierde en sus propios laberintos, intentando aplicar soluciones dramáticas a problemas triviales.
La verdad de la milanesa es que estamos ante dos cosas, y ninguna de las dos debería, en un mundo ideal, mover el pesado engranaje del fuero penal. Por un lado, un posible daño culposo, artículo 183 del Código. Un delito que exige, para su configuración, que el daño sobre la cosa ajena sea producto de una imprudencia o negligencia. Es decir, que el conductor no quería chocar, pero por su actuar descuidado, chocó. Y por otro lado, tenemos una flagrante infracción a la Ley de Tránsito, la 24.449, que en su artículo 65 obliga a todo conductor partícipe de un accidente a detenerse, suministrar sus datos y prestar auxilio si hay víctimas. Ojo, la ley dice ‘víctimas’, personas, no autos. La sanción por irse es administrativa: una multa, quizás la retención de la licencia. Es una falta, una contravención, no un delito penal en sí mismo. Pero claro, en el imaginario popular, y a veces en el de algunos fiscales, ‘fugarse’ tiene un peso simbólico enorme. Suena a culpable. Suena a que hay que castigar con más fuerza. Y así es como un simple choque de estacionamiento se transforma en una pila de papeles, en un expediente, en un ‘auto judicial’ que empieza a rodar, lento y pesado, por los pasillos de tribunales.
El nudo del asunto: ¿Culpa, dolo o una distracción muy cara?
Dejando de lado la fantasiosa omisión de auxilio, que cualquier defensor con dos dedos de frente debería poder desarticular en cinco minutos, el nudo del asunto está en el daño culposo. Y acá la cosa se pone más técnica, más de trinchera. La fiscalía tiene que probar dos cosas: que el conductor efectivamente causó el daño y que lo hizo con culpa. Lo primero, gracias a las cámaras, parece sencillo. El video muestra al auto A golpeando al auto B. Fin de la discusión. Pero lo segundo, la culpa, es un terreno mucho más pantanoso. La defensa, como es lógico, va a decir: ‘Mi cliente no se dio cuenta’. Y es una defensa perfectamente válida, aunque suene a excusa de manual.
¿Cómo se prueba que alguien ‘se dio cuenta’? El dolo, la intención, es un estado mental. No se puede sacar una foto del cerebro del imputado en el momento del hecho. La prueba tiene que ser indirecta, a través de indicios. ¿El impacto fue fuerte? ¿Se ve en el video que el auto se sacude violentamente? ¿El conductor frena, duda, mira por el retrovisor y después decide irse? Si el video muestra eso, la defensa del ‘no me di cuenta’ se cae a pedazos. En ese caso, ya ni siquiera hablamos de culpa, podríamos empezar a coquetear con el dolo eventual. Ese concepto que a los estudiantes de derecho les pone los pelos de punta. No quería chocarlo, pero por la maniobra que estaba haciendo, era tan probable que pasara que, en el fondo, le dio lo mismo. Asumió el resultado. Es difícil de probar, pero un fiscal entusiasta podría intentarlo. Ahora, si el toque fue mínimo, un simple ‘criic’ apenas perceptible, en un auto grande y con la música a todo volumen… la duda es razonable. Y ante la duda, en teoría, los jueces deberían fallar a favor del acusado. En teoría.
El problema es que la carga de la prueba se invierte en la práctica. El fiscal muestra el video del choque y dice: ‘Ahí está’. Y de repente, es el acusado quien tiene que empezar a remar en dulce de leche para demostrar que es el ser más distraído del universo. Tiene que convencer al juez de que su umbral de percepción es anormalmente bajo. Es una batalla cuesta arriba. Porque el acto de irse, aunque legalmente sea solo una infracción de tránsito, contamina todo el análisis. El juez, que es un ser humano, piensa: ‘Si no te diste cuenta, ¿por qué te fuiste tan rápido? Si no tenías nada que ocultar, ¿por qué no dejaste una nota?’. Y esa sospecha, esa valoración moral del comportamiento posterior, se filtra en la valoración jurídica del hecho principal. Es inevitable. Así funciona la justicia real, la que no está en los libros.
La «sensibilidad» de los tribunales: cuando la ley se estira
Y acá entramos en el terreno de la jurisprudencia, que en nuestro país es un universo fascinante, a veces coherente, a veces un festival de interpretaciones creativas. Hay una tendencia, en ciertos fueros, a lo que se llama ‘sensibilidad social’. Un eufemismo para decir que, a veces, los jueces adaptan la ley para llegar a un resultado que consideran ‘justo’ para la víctima, aunque para ello tengan que retorcer un poco los conceptos técnicos. En un caso como este, un juez podría razonar que dejar abandonado un auto dañado, aunque no sea una ‘persona desamparada’, genera una situación de indefensión en el propietario. Y con ese razonamiento, estirar la figura de la omisión de auxilio hasta que abarque al paragolpes. Es una aberración jurídica, sí. Pero las he visto peores.
He visto fallos donde la conducta posterior a un hecho, como borrar mensajes o, en este caso, irse del lugar, se utiliza como un indicio casi concluyente del dolo o la culpa en el momento del hecho. Se construye una presunción de culpabilidad a partir de un acto que, en sí mismo, podría tener mil explicaciones: pánico, ignorancia de la ley, apuro, o la simple y llana estupidez humana. La jurisprudencia mayoritaria y sensata distingue claramente los tantos: una cosa es el accidente (que puede ser culposo) y otra muy distinta es la falta administrativa posterior de no dejar los datos. Pero siempre hay fallos minoritarios, esas ‘joyitas’ que los fiscales guardan bajo la manga, que mezclan todo y crean un cóctel peligroso para el imputado. Se apoyan en una idea de ‘responsabilidad integral’, en que quien causa un daño tiene un deber activo de hacerse cargo, y si no lo hace, su conducta es más reprochable penalmente. Es una visión que tiene su lógica desde lo moral, pero que choca de frente con los principios de legalidad y de tipicidad estricta que deben regir el derecho penal. No se puede castigar a alguien por un delito que no cometió (omisión de auxilio) solo porque su conducta posterior nos parece socialmente reprobable. El derecho penal es la última ratio, la herramienta más violenta del Estado. Usarla para un rayón en un auto es como matar moscas a cañonazos. Y sin embargo, pasa. Pasa todos los días.
Consejos de trinchera: cómo sobrevivir al auto judicial
Muy bien, dejemos la filosofía jurídica y vayamos a los bifes. ¿Qué hacemos si estamos en los zapatos de alguno de los dos protagonistas de esta historia? Acá no hay moral, hay estrategia. Hay cálculo de riesgos y beneficios. Es la cruda realidad de la abogacía de a pie.
Si usted es el conductor que chocó y se fue:
Tiene dos caminos, y ninguno es perfecto. El primero es la negación a ultranza: ‘Yo no fui, y si fui, no me di cuenta’. Su abogado se va a tener que convertir en un experto en física, en acústica y en análisis de video. Va a cuestionar el ángulo de la cámara, la calidad de la imagen, va a pedir una pericia para determinar si el impacto fue audible desde la cabina de su modelo de auto específico. Va a sembrar la duda, la duda y más duda. Es un camino largo, caro y con un resultado incierto. Puede funcionar si la prueba es débil. Si el video es contundente, es un suicidio procesal.
El segundo camino, el que yo suelo recomendar en el 90% de los casos, es el de la realpolitik. Se lo digo así, sin anestesia: pague. Pague rápido. Apenas reciba la cédula de notificación, contacte a un abogado para que llame al abogado de la otra parte y le diga: ‘Doctor, mi cliente es un colgado, no se dio cuenta, pero obviamente se va a hacer cargo de todo. Pasame el presupuesto del chapista y lo arreglamos’. ¿Por qué? Porque el artículo 59, inciso 6, del Código Penal nos da una salida de oro: la reparación integral del perjuicio. Si usted repara el daño, la víctima puede pedir que se extinga la acción penal. Y si la víctima no lo pide, su abogado puede presentarlo como un atenuante potentísimo o incluso solicitar la extinción de oficio. Se saca de encima el problema penal, que es lo que realmente complica la vida. Evita el riesgo de una condena, de antecedentes, de la mancha en el legajo. Se come el orgullo, paga el arreglo y duerme tranquilo. A veces, la mejor victoria en tribunales es no pisar nunca uno.
Si usted es el dueño del auto chocado:
Su objetivo principal es uno solo: que le arreglen el auto. El proceso penal es su herramienta de presión, su palanca. No se enamore de la idea de ver al otro ‘tras las rejas’ por un paragolpes. Eso no va a pasar. Use la denuncia con inteligencia. La acusación de la fiscalía, por más exagerada que sea, es música para sus oídos. Que lo acusen de omisión de auxilio, de genocidio de paragolpes, de lo que sea. Cuanto más grave parezca la imputación, más rápido va a querer arreglar el otro. Su abogado tiene que mostrarse firme: ‘Mire, acá hay una causa penal en trámite, mi cliente está muy afectado, esto es grave… pero quizás, si su cliente muestra buena voluntad y repara el daño de inmediato, podríamos hablar con el fiscal, ver si se puede aplicar un criterio de oportunidad…’. Es un juego. Un juego en el que usted tiene las mejores cartas. La amenaza de un proceso penal, con todo lo que implica en tiempo, dinero y estrés para el imputado, vale mucho más que el costo del arreglo. No sea hostil, sea estratégico. Consiga un presupuesto razonable, preséntelo y espere la llamada. En la mayoría de los casos, llega antes de lo que uno cree. La verdad de la milanesa, para usted, es que esto se arregla con plata, y la denuncia penal es el camino más rápido para conseguirla.
Al final del día, este tipo de casos expone las costuras de un sistema que a menudo se ve obligado a usar sus herramientas más pesadas para resolver problemas que deberían dirimirse en una compañía de seguros. Es un desgaste para todos: para los fiscales, para los jueces, para las partes. Pero mientras las cosas sigan siendo así, el que no conoce las reglas del juego, o se niega a jugarlo por un idealismo mal entendido, termina perdiendo. Siempre.
