Concurso judicial: la meritocracia bajo la lupa de la burocracia
El eco de un silencio administrativo
En el gran teatro de la administración pública, hay obras que se representan con estrépito y otras que destacan por su silencio. La historia de un masivo concurso para ingresar al Poder Judicial de una importante provincia mediterránea pertenece, decididamente, a la segunda categoría. Un silencio que, lejos de ser pacífico, se ha vuelto ensordecedor para miles de aspirantes y para un gremio que observa, con creciente preocupación, cómo los engranajes de la investigación interna parecen haberse oxidado. Todo comenzó como un relato de esperanza: una convocatoria para cubrir cargos de Auxiliar de Defensa Penal, una puerta de entrada a una carrera en el Estado, un bastión de estabilidad en tiempos de zozobra. Miles de ciudadanos invirtieron tiempo, dinero y una pila de expectativas. Estudiaron, se prepararon y rindieron un examen con la fe puesta en un pilar fundamental de cualquier república: la meritocracia.
Sin embargo, poco después de la prueba, la trama dio un giro. Empezaron a circular rumores, luego denuncias formales. Se hablaba de irregularidades, de posibles filtraciones del temario, de situaciones que, de ser ciertas, convertían el mérito en una farsa y el concurso en un decorado. El Sindicato de Empleados Judiciales (AGEPJ), actuando como la voz de la conciencia del sistema, formalizó las denuncias y exigió claridad. Lo que se esperaba era una reacción institucional rápida, contundente y transparente, un mecanismo de auto-preservación para despejar cualquier sombra de duda y reafirmar su autoridad moral. Pero en su lugar, se instaló la demora. El tiempo, ese recurso que en los tribunales se mide con precisión de relojero para los casos de los ciudadanos de a pie, parece adquirir una elasticidad asombrosa cuando el investigado es el propio sistema. El expediente, ese cúmulo de papeles que contiene la verdad potencial, inició un peregrinaje burocrático cuyo destino final es, hasta hoy, un misterio.
La preocupación, entonces, ya no radica únicamente en si hubo o no trampa. La cuestión de fondo, la que carcome la confianza, es la pasividad. Es la sensación de que el aparato judicial, tan celoso de sus formas y procedimientos, se muestra llamativamente lento para mirarse al espejo. Este letargo no es inocuo; es una toma de posición. Cada día que pasa sin una resolución es una capa más de sospecha que se adhiere a la imagen de la Justicia, afectando no solo a los concursantes directamente implicados, sino a la percepción pública de una institución que debe ser, y parecer, intachable. El silencio administrativo se ha transformado en un ruido blanco que distorsiona el principio mismo de igualdad de oportunidades.
La anatomía de la sospecha
Para entender la gravedad del asunto, es necesario desglosar la naturaleza de las denuncias que penden sobre este concurso. No se trata de errores menores o fallas de tipeo. Las acusaciones apuntan al corazón del proceso de selección: la presunta filtración de los temas del examen. En un concurso de esta magnitud, donde la competencia es feroz y cada punto puede significar la diferencia entre un puesto de trabajo y el regreso a la incertidumbre, la igualdad de condiciones es un dogma. La sospecha de que un grupo de aspirantes pudo haber contado con información privilegiada dinamita por completo la legitimidad del resultado. Es el equivalente a que algunos corredores de una maratón conozcan un atajo secreto. No importa cuán rápido corran los demás; la carrera ya está viciada desde el inicio.
Las denuncias, presentadas formalmente, describían un patrón de eventos que encendió todas las alarmas. Se habló de la preparación de ciertos opositores en academias específicas donde, casualmente, se habrían anticipado los ejes temáticos de la evaluación con una precisión quirúrgica. Frente a este escenario, el procedimiento estándar debería haber sido fulminante. La lógica dicta una intervención inmediata: asegurar la prueba documental, secuestrar dispositivos si fuera necesario, tomar testimonios a los responsables de la elaboración y custodia del examen, y realizar un análisis estadístico de los resultados para detectar patrones anómalos. Se esperaba una suerte de operativo de emergencia para sanear el proceso y dar una señal inequívoca de tolerancia cero ante la corrupción. En cambio, lo que se obtuvo fue la apertura de un sumario administrativo que avanza a paso de tortuga y una causa penal que parece sumergida en el mismo letargo.
El laberinto de los expedientes
Aquí es donde la historia se vuelve un clásico del realismo mágico burocrático. El caso se bifurcó en dos caminos paralelos que, hasta ahora, no conducen a ninguna parte visible. Por un lado, la vía administrativa, un sumario interno dentro del propio Poder Judicial. Este es el mecanismo de autocontrol, la herramienta con la que la institución se depura a sí misma. Por otro, la vía penal, en manos de una fiscalía, que debe determinar si las irregularidades constituyen un delito. En teoría, ambos caminos deberían avanzar con celeridad, impulsados por la urgencia de preservar la fe pública. En la práctica, el expediente parece atrapado en un laberinto de escritorios, sellos y pases interminables.
El gremio ha sido persistente, casi como un acreedor que golpea la puerta de un deudor insolvente. Han presentado escritos, solicitado reuniones, emitido comunicados de prensa. Su argumento es simple y contundente: la demora es, en sí misma, una forma de injusticia. Para los miles de aspirantes que actuaron de buena fe, la espera es una tortura psicológica. Sus vidas y proyectos profesionales están en suspenso, pendientes de una resolución que nunca llega. Para aquellos que podrían haber actuado de manera fraudulenta, el paso del tiempo es su mejor aliado, apostando al olvido y al desgaste. Y para el sistema, cada mes de inacción es una confirmación de las peores hipótesis: que hay una falta de voluntad para investigar a fondo, quizás para no encontrar lo que no se quiere ver. El auto de la investigación judicial parece estar con las cuatro ruedas en el barro, acelerando a fondo pero sin moverse un centímetro, salpicando a todos los que están cerca.
Verdades incómodas: el costo de la opacidad
Llegados a este punto, emergen ciertas revelaciones que son tan obvias como incómodas de pronunciar en voz alta. La primera es que este episodio trasciende por mucho el resultado de un simple concurso. Lo que está en juego es el contrato social fundamental entre los ciudadanos y sus instituciones. Si el método de ingreso a uno de los tres poderes del Estado está bajo sospecha de amiguismo o fraude, ¿qué confianza se puede depositar en las decisiones que ese poder tomará después? La credibilidad no empieza en la sentencia de un juez; empieza en la transparencia del portero que le abre la puerta, del administrativo que tipea sus escritos y del sistema que los seleccionó a todos. Cuando esa base se pudre, todo el edificio corre riesgo de derrumbe. Es una verdad tan simple que resulta casi infantil tener que recordarla.
La segunda verdad incómoda es que la lentitud burocrática rara vez es casual. En la política y en las grandes estructuras de poder, la demora es una herramienta estratégica. Sirve para enfriar el debate público, para desmovilizar a los denunciantes y para permitir que nuevos escándalos tapen al anterior. Es una táctica de desgaste, una guerra de trincheras donde se apuesta a que la indignación se agote antes que la paciencia de los responsables de investigar. Es una forma pasiva pero increíblemente efectiva de garantizar la impunidad. No se niega la investigación, simplemente se la dilata hasta que se vuelve irrelevante. Es una jugada maestra de opacidad, presentada bajo el disfraz de la prudencia y el debido proceso.
Finalmente, la última y más dolorosa verdad es el costo humano de esta parálisis. Detrás de los expedientes y los comunicados de prensa hay miles de historias personales. Jóvenes y no tan jóvenes que dedicaron meses, incluso años, a prepararse. Personas que sacrificaron tiempo con sus familias, que invirtieron sus ahorros, que pusieron en pausa otros proyectos con la esperanza de acceder a un trabajo digno basado en su esfuerzo. Para todos ellos, esta demora es un mensaje devastador: el mérito es relativo y el esfuerzo no siempre garantiza un juego limpio. La mayor irregularidad, al final del día, no es la presunta filtración de un examen, sino la indiferencia de un sistema que, al no dar respuestas, le falla a aquellos que todavía se atreven a creer en él. El verdadero concurso ahora es contra el olvido, y el único premio a la vista parece ser una profunda desilusión en las instituciones.
