Baja aplicación de multas por infracciones ambientales en Argentina
El Arte de Contaminar sin Consecuencias: Un Manual No Oficial
Uno podría pensar que el andamiaje legal ambiental de este país, con la Constitución Nacional y su glorioso artículo 41 a la cabeza, seguido por la Ley General del Ambiente N° 25.675, es una fortaleza inexpugnable. Un monumento al derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Y en el papel, lo es. Es una pieza de orfebrería jurídica que habla de principios preventivos, precautorios y, mi favorito personal, el principio de “quien contamina, paga”. Una declaración tan contundente como, a menudo, poética.
La realidad, ese incómodo invitado a la fiesta de la legislación, nos muestra un panorama distinto. La aplicación de sanciones por infracciones ambientales se parece más a una lotería que a un sistema de justicia. Una en la que, curiosamente, casi todos los números salen premiados con la impunidad o, en el peor de los casos, con un tirón de orejas económico que se asemeja más a una propina que a un castigo disuasorio. El famoso “daño ambiental de incidencia colectiva” es el protagonista de esta obra. Es un daño que nos afecta a todos, un perjuicio difuso y democrático en su alcance. Pero a la hora de encontrar un responsable y hacerle pagar la cuenta, la cosa se vuelve… selectiva.
El sistema parece diseñado con una elegancia perversa. Tenemos normas que prohíben, que sancionan, que obligan a recomponer. Pero la maquinaria para hacerlas efectivas se mueve con la agilidad de un glaciar. Las autoridades de aplicación, ya sean nacionales, provinciales o municipales, a menudo carecen de los recursos, la voluntad política o, simplemente, la pila necesaria para llevar adelante un sumario administrativo con la seriedad que amerita. Y así, la advertencia de la ley se convierte en un susurro que pocos se molestan en escuchar.
La Danza Burocrática: Procedimientos y Pruebas
El camino para sancionar a un infractor ambiental es un laberinto digno de Borges. Comienza, por lo general, en la vía administrativa. Un inspector, con suerte bienintencionado y con un auto que funcione, constata una irregularidad: un efluente con un color sospechoso, una chimenea que escupe humo negro, una montaña de residuos donde debería haber un campo. Se labra un acta, se inicia un sumario. Y aquí empieza el baile.
Para el acusado, el consejo es simple: el tiempo es su mayor aliado. Cada escrito, cada pedido de prórroga, cada recusación de un perito es una pequeña victoria. La burocracia es lenta y olvidadiza. Un expediente que duerme en un estante durante años es, en la práctica, una absolución. La clave es transformar el proceso en una guerra de desgaste. Cuestionar la cadena de custodia de una muestra, la calibración de un equipo de medición, la competencia del funcionario que firmó el acta. Los argumentos técnicos, por más endebles que sean, sirven para sembrar la duda y, sobre todo, para demorar. Mientras tanto, la actividad que genera el problema puede, con un poco de suerte, continuar.
Para el acusador, ya sea el Estado o un particular afectado, la tarea es titánica. El desafío principal es probar el “nexo de causalidad”. Hay que demostrar, con certeza científica, que el plomo en la sangre de los chicos del barrio proviene de esa fábrica y no de otra, o del tránsito, o de las cañerías viejas. Esto requiere peritajes, estudios costosos y complejos que el Estado rara vez puede financiar con la celeridad necesaria y que para un ciudadano común son prohibitivos. Hay que armarse de una paciencia franciscana y una billetera abultada. Sin una prueba contundente, la denuncia se diluye en el limbo de las “probabilidades no probadas”. El amparo ambiental (Ley 25.675) es una herramienta poderosa, sí, pero exige una verosimilitud del derecho y un peligro en la demora que también deben ser acreditados, volviendo al mismo punto: la necesidad de prueba sólida desde el inicio.
El Valor Simbólico de una Multa Irrisoria
Supongamos que, contra todo pronóstico, el proceso avanza y se llega a una sanción. Aquí nos encontramos con la segunda gran verdad incómoda: el monto de las multas. Las leyes que fijan las escalas sancionatorias a menudo quedan desactualizadas por la inflación. Una multa que hace diez años podía parecer significativa, hoy apenas alcanza para pagar el catering de una reunión de directorio. En muchos casos, para una empresa de cierta envergadura, pagar la multa es considerablemente más barato que invertir en tecnología limpia, en plantas de tratamiento de efluentes o en una gestión adecuada de residuos peligrosos. La sanción deja de ser un disuasivo para convertirse en un costo operativo más, perfectamente previsible y presupuestable. Es el precio de contaminar, y es un precio de oferta.
Esta lógica se ve reforzada por el sistema federal y los “presupuestos mínimos” establecidos por la Nación. Cada provincia puede (y debe) dictar sus propias normas complementarias. Esto genera un mosaico de 24 realidades distintas en cuanto a controles y sanciones. Algunas jurisdicciones son más rigurosas, otras, digamos, más… flexibles. Esta disparidad crea un incentivo perverso para que ciertas industrias busquen radicarse en los territorios con laxa fiscalización, en una suerte de “dumping ambiental” interno.
Consejos No Solicitados para Navegar el Ecosistema Legal
Para el que se encuentra del lado del mostrador de las infracciones, la estrategia no debería centrarse en la utopía de la “contaminación cero”, sino en la pragmática “gestión del riesgo de sanción”. Esto implica, por supuesto, contar con un buen Estudio de Impacto Ambiental, ese documento técnico que, redactado con la pericia adecuada, puede justificar casi cualquier cosa. Es fundamental también cultivar una buena relación con las autoridades de aplicación y entender que una denuncia puede ser más un problema de relaciones públicas que un problema legal. Una vistosa campaña de responsabilidad social empresaria, con plantación de arbolitos incluida, suele tener un efecto sedante sobre la opinión pública y, a veces, sobre los fiscalizadores.
Para el denunciante —el vecino hastiado, la ONG incansable— el camino es otro. La principal herramienta no siempre es el Código Procesal, sino la exposición mediática. Un informe en el noticiero central puede lograr lo que años de escritos judiciales no consiguen: poner el tema en la agenda, generar presión política y forzar a las autoridades a moverse. Es una estrategia agotadora y que requiere una piel gruesa, porque a menudo vendrá acompañada de la acusación de “frenar el progreso”. Es necesario documentar todo, sacar fotos, tomar muestras si es posible, buscar aliados y, sobre todo, no rendirse. La lucha es desigual, pero la inacción es una garantía de derrota.
Reflexiones Finales: La Ecología de la Impunidad
Finalmente, hay que aceptar una revelación que de tan obvia resulta casi insultante: el sistema no está necesariamente “roto”. Para ciertos intereses, funciona a la perfección. La baja aplicación de sanciones ambientales no es un accidente, una falla o un descuido. Es, en muchos aspectos, una característica estructural que responde a una matriz productiva y a una lógica política donde el costo ambiental es un pasivo que se prefiere transferir al futuro o socializar entre toda la población.
No faltan leyes. Lo que escasea es la voluntad de aplicarlas con el rigor que fueron concebidas. Los organismos de control ambiental suelen ser la cenicienta de los presupuestos estatales, con inspectores mal pagados y sin equipamiento. El Poder Judicial, a menudo, ve los temas ambientales como algo exótico, complejo y de menor urgencia que un embargo o un desalojo. El daño a un ecosistema es abstracto; los puestos de trabajo de una fábrica son concretos y votan. La ecuación es brutalmente simple. Y así, el principio “quien contamina, paga” se transforma en una máxima mucho más pragmática: “quien contamina, negocia, demora, litiga y, si todo sale mal, paga una multa módica en cómodas cuotas”. El verdadero costo, por supuesto, lo pagamos todos los demás.
