Justicia investiga fondos fiduciarios: el arte de la opacidad estatal
El hallazgo: un secreto a voces
Febrero de 2025 nos sorprende con una noticia de esas que sacuden los cimientos de la confianza pública, o lo que queda de ella. La Justicia ha iniciado una investigación formal sobre una serie de fondos fiduciarios administrados por el Estado. Para el ciudadano de a pie, un “fondo fiduciario” suena a algo tan complejo como la física cuántica, pero la idea es simple. Es como si uno separara plata en un sobre con un cartel que dice “Solo para el arreglo del auto”. El Estado hace lo mismo: crea una caja separada del presupuesto general para un fin específico, como construir una ruta o subsidiar una industria. Una herramienta noble, en teoría, diseñada para garantizar que el dinero llegue a su destino sin los vericuetos de la burocracia tradicional.
Sin embargo, la realidad parece haberle añadido algunos capítulos interesantes a esa teoría. Lo que se investiga no es la existencia de estas “cajas”, sino el contenido, los movimientos y, sobre todo, la llamativa ausencia de curiosos mirando adentro. Durante años, estos mecanismos funcionaron como satélites financieros, orbitando alrededor del presupuesto formal pero sin la misma fuerza de gravedad regulatoria. La investigación actual, por lo tanto, no se siente como un descubrimiento, sino como la confirmación de una sospecha colectiva, un secreto a voces que finalmente alguien se animó a pronunciar en un juzgado. Es el momento en que se prende la luz en una fiesta y todos ven con quién estaban bailando realmente.
El laberinto de la discrecionalidad
El principal atractivo de un fondo fiduciario para cualquier gestión es su plasticidad. Al no regirse por las estrictas normas de la Ley de Administración Financiera, que obliga a detallar cada peso en el Presupuesto Nacional, estos fondos ofrecen un margen de maniobra envidiable. Permiten mover recursos con una agilidad que el sistema presupuestario tradicional, con sus controles y debates parlamentarios, simplemente no tiene. Es la diferencia entre planificar las compras del mes con una lista detallada y salir con la tarjeta de crédito a resolver “lo que vaya surgiendo”.
Esta flexibilidad, presentada siempre como una virtud técnica para acelerar soluciones, es también una puerta abierta a la discrecionalidad. ¿Qué es discrecionalidad? Es la capacidad de decidir, con un alto grado de autonomía, a quién se le asigna un contrato, qué proyecto se prioriza o qué empresa recibe un salvataje financiero. Cuando los criterios de asignación no son públicos y el control es laxo, la línea entre una decisión técnica eficiente y un favoritismo liso y llano se vuelve peligrosamente delgada. El expediente judicial apunta precisamente a ese laberinto: un entramado de decisiones rápidas, transferencias millonarias y una notable falta de documentación que justifique el porqué de cada elección. No se trata de un error del sistema, sino, para muchos, de su característica más apreciada.
Los beneficiarios: un club selecto
Toda investigación sobre fondos públicos eventualmente llega a la misma pregunta: ¿quién se quedó con la plata? En el caso de los fondos fiduciarios, la respuesta parece apuntar a un patrón recurrente. La investigación preliminar sugiere que una porción significativa de los recursos fue a parar a un grupo acotado de empresas contratistas, consultoras y entidades amigas. Son los “beneficiarios habituales”, aquellos cuyos nombres aparecen con una frecuencia que desafía las leyes de la probabilidad.
Son empresas que ganan licitaciones con una facilidad asombrosa, proyectos que reciben anticipos millonarios pero cuyo avance es imperceptible, y consultorías por trabajos cuyo impacto real es, siendo generosos, etéreo. Este fenómeno no es exclusivo de un fondo en particular, sino que parece ser una metodología replicada en distintas áreas. Se crea un ecosistema cerrado donde los recursos circulan entre conocidos, alimentando una red de favores y lealtades. La pertenencia a este club no se basa en la eficiencia o en la competitividad, sino en la cercanía con el poder de turno. Es la materialización de una economía paralela donde el mérito es tener el número de teléfono correcto.
Rendición de cuentas: una formalidad poética
Formalmente, los fondos fiduciarios deben rendir cuentas. Existen informes, balances y auditorías. El problema es que estos documentos a menudo se convierten en ejercicios de ficción creativa. Páginas y páginas de números inescrutables, jerga técnica impenetrable y conclusiones genéricas que no aclaran lo fundamental: si el dinero se usó bien y si cumplió su objetivo. La auditoría se transforma en un rito, una formalidad que hay que cumplir para que el expediente no junte polvo, pero que rara vez altera el curso de las cosas.
La investigación judicial se enfrenta ahora al desafío de traducir esa prosa burocrática en hechos concretos. Deberá desentrañar si un sobreprecio fue un “error de cálculo” o un acto deliberado, si un proyecto inconcluso fue por “dificultades imprevistas” o por negligencia planificada. Lo que está en juego es más profundo que un puñado de funcionarios o empresarios deshonestos. Es la credibilidad de un sistema que, en su búsqueda de eficiencia, creó las condiciones perfectas para la opacidad. Al final del día, la gran revelación no es que exista corrupción, sino que hemos diseñado, con esmero y paciencia, las herramientas perfectas para que florezca cómodamente, lejos de las miradas incómodas. Una verdadera obra de ingeniería institucional.
