Regularizar deudas fiscales en concurso: una misión casi imposible.
La bienvenida al laberinto concursal
El concurso preventivo es ese salvavidas legal que una empresa, agobiada por las deudas, lanza con la esperanza de llegar a tierra firme. Es, en esencia, una convocatoria a todos aquellos a quienes se les debe dinero para decirles: “Señores, el auto no arranca, pero si me ayudan a empujar, quizás lleguemos al taller y, eventualmente, les pague el viaje”. La Ley de Concursos y Quiebras establece las reglas de este juego, buscando proteger la empresa como unidad productiva y fuente de empleo. Una idea noble, casi poética.
En este escenario, todos los acreedores se sientan a la mesa para verificar sus créditos y negociar un acuerdo. Todos, excepto uno que se sienta en una silla más alta, con un reglamento propio. Hablamos, por supuesto, del Fisco. Para la Administración Tributaria, el concurso preventivo no es un hospital para empresas enfermas, sino más bien una escena del crimen donde debe asegurarse de recuperar la evidencia, es decir, el dinero, sin importar la salud del paciente.
El primer acto de esta obra es la verificación de créditos. Mientras un proveedor debe presentar facturas y remitos para probar su deuda, el Fisco llega con una determinación de oficio que tiene presunción de legitimidad. Es decir, su palabra vale más porque sí. El deudor, ya de rodillas, debe entonces iniciar un complejo proceso de revisión, el incidente de revisión, para discutir montos, intereses punitorios siderales y multas aplicadas con un entusiasmo digno de mejor causa. Desde el primer minuto, la cancha está inclinada.
Esta posición de poder no es casual; es un diseño deliberado del sistema. Se asume que la deuda fiscal es sagrada, un crédito que no pertenece a un particular, sino a toda la sociedad. Un argumento impecable, si no fuera porque la ejecución implacable de esa deuda a menudo resulta en la destrucción de una porción de esa misma sociedad que se pretende proteger: la empresa y sus empleados. Es una lógica tan perfecta que asusta.
El Fisco y sus «modestas» prerrogativas
La superioridad del Fisco no es solo una cuestión de actitud, está tallada en piedra en la ley. Se materializa en los llamados privilegios. Un privilegio es, básicamente, el derecho a cobrar antes que los demás. Mientras la mayoría de los acreedores son “quirografarios” —es decir, comunes, sin ninguna garantía especial—, el Fisco goza de un estatus VIP que lo coloca al principio de la fila.
Existen dos tipos principales de privilegios fiscales. Primero, el privilegio especial, que recae sobre un bien determinado. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario sobre el inmueble en cuestión. Si se vende esa propiedad, el Fisco cobra su parte antes que nadie de ese dinero. Es como una hipoteca divina. Luego, y mucho más abarcador, está el privilegio general. Este se aplica sobre la totalidad del patrimonio del deudor. Impuestos como el IVA o Ganancias tienen privilegio general. Esto significa que, después de pagar los gastos del concurso y los créditos con privilegio especial, el Fisco con privilegio general cobra antes que los proveedores, los acreedores financieros sin garantía y cualquier otro mortal en la lista. En la práctica, esto deja a los acreedores comunes con las migajas, si es que queda algo.
Esta estructura genera una distorsión fundamental en la negociación del acuerdo preventivo. La ley exige ciertas mayorías para aprobar un plan de pagos (el acuerdo). Sin embargo, al Fisco no le importa mucho la opinión de la mayoría, porque sabe que, si la empresa va a la quiebra, sus privilegios le aseguran el cobro de una porción significativa de su crédito. No tiene incentivos reales para ser flexible. ¿Para qué negociar una quita o una espera generosa si la alternativa de la liquidación le resulta, en muchos casos, más rentable? Es la racionalidad del depredador: es mejor asegurar un trozo de la presa hoy que esperar a que engorde.
Planes de pago: la generosidad tiene un formulario
Aquí es donde la ironía se vuelve arte. Consciente de esta situación, la propia Administración Tributaria “magnánimamente” ofrece planes de facilidades de pago específicos para empresas en concurso. Uno podría pensar que estos planes serían un bálsamo, una herramienta diseñada para viabilizar el salvataje. La realidad es bastante más entretenida.
Estos planes, regulados por resoluciones generales, son un monumento a la rigidez. Suelen exigir un pago a cuenta considerable, a veces de hasta el 10% o 20% de la deuda consolidada, que una empresa en cesación de pagos simplemente no tiene. El número de cuotas es llamativamente bajo, mucho menor al que se le ofrecería a una empresa solvente. Las tasas de interés, aunque a veces se presentan como “preferenciales”, terminan siendo asfixiantes. Y lo más importante: no hay margen de negociación. Es un formulario web. Un “tómalo o déjalo” digital. No se contempla la situación particular del negocio, su flujo de fondos proyectado ni su capacidad de pago real.
El contraste es brutal. Con un proveedor, uno puede sentarse, explicar la situación, proponer una quita del 50% y un pago en 36 cuotas, y quizás llegar a un acuerdo. Con el Fisco, la interacción es similar a la que uno tendría con un cajero automático: solo acepta las operaciones pre-programadas. Esta falta de flexibilidad convierte al plan de pagos fiscal en la principal causa de fracaso de los concursos. La empresa logra un acuerdo con el 99% de sus acreedores, pero no puede cumplir con las condiciones leoninas del 1% restante, que casualmente es el Estado. Y así, con una coherencia pasmosa, el sistema empuja a la quiebra a la misma empresa que intentaba salvar.
Consejos desde la trinchera: cómo sobrevivir al abrazo del Estado
Después de pintar este panorama tan alentador, uno podría pensar que no hay salida. La hay, pero no es un camino de rosas. Requiere estrategia, anticipación y una buena dosis de escepticismo saludable.
Para el deudor (el concursado):
Primero, anticipación. El peor error es llegar al concurso sin tener una radiografía clara y precisa de la deuda fiscal. Hay que auditar cada centavo que el Fisco reclama. Las determinaciones de deuda suelen estar infladas con intereses y multas que, con una defensa técnica sólida, pueden reducirse drásticamente. No espere a que el síndico le traiga la “novedad” del monto fiscal; conózcalo usted antes que nadie.
Segundo, estrategia. No acepte pasivamente el privilegio que el Fisco se auto-adjudica. Cuestiónelo. La ley es compleja y hay zonas grises. Discutir si un crédito es privilegiado o común puede cambiar el destino del concurso. Es una batalla técnica, pero fundamental.
Tercero, no tema al incidente de revisión. Es su derecho y su deber como administrador. Dar por válida la liquidación del Fisco sin chistar es un acto de rendición prematura. Hay que litigar, presentar pruebas, argumentar. Cada peso que se logra reducir de la base de cálculo es un metro cúbico de oxígeno para la empresa.
Cuarto, la amenaza penal tributaria. A veces, el Fisco agita la Ley Penal Tributaria como un instrumento de persuasión. Es crucial tener asesoramiento especializado para entender si existe un riesgo real o si es solo una táctica de presión. Conocer sus derechos y los límites de la ley penal es su principal escudo.
Para el Fisco (el “acusador”):
Estimado organismo recaudador, un humilde consejo. Continúe con su admirable consistencia. Su firmeza es un faro de previsibilidad. ¿Para qué analizar la viabilidad de una empresa y arriesgarse a cobrar el 100% de la deuda en cómodas cuotas a lo largo del tiempo, cuando puede asegurar el 20% ahora mismo, liquidando la compañía y garantizando que nunca más vuelva a pagar un solo impuesto? La lógica es impecable. Es una victoria pírrica, pero victoria al fin.
Siga ignorando las propuestas de acuerdo creativas que proponen los síndicos y los jueces. La uniformidad de un plan de pagos enlatado es mucho más eficiente que la engorrosa tarea de pensar. Después de todo, la ley fue escrita para ser cumplida, no para tener sentido práctico. Preservar empleos y tejido productivo es una externalidad que no figura en sus objetivos de recaudación trimestrales. Y recuerde, cada quiebra que usted provoca es un recordatorio para los demás de que con el Estado no se juega. Un mensaje claro, contundente y maravillosamente contraproducente.
