Rechazo de la ART: Qué hacer ante una enfermedad o accidente laboral

El rechazo de cobertura por parte de la ART ante un accidente o enfermedad laboral obliga al trabajador a iniciar un reclamo en Comisiones Médicas y la justicia.
Un gran iceberg que representa la empresa, con una pequeña figura de un trabajador nadando desesperadamente en el agua helada, agarrándose a un salvavidas minúsculo y frágil. El iceberg tiene una grieta sutil pero evidente en su base. Representa: La negativa de la empresa a reconocer una enfermedad laboral o un accidente de trabajo, atribuyéndolo a causas comunes, lo que impide al trabajador acceder a las prestaciones de la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) y lo obliga a iniciar un reclamo para obtener la cobertura médica y económica correspondiente.

El ‘No’ de la ART: El primer paso de un largo camino

Uno se cansa de verlo. Todos los días, la misma historia. Un trabajador se rompe el lomo, literalmente, y cuando va a golpear la puerta que corresponde, la de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, la famosa ART, la puerta se cierra en su cara. La negativa. El rechazo. Esa carta documento que llega a tu casa con un lenguaje técnico, frío, que en criollo significa: ‘Arréglate solo, esto no es nuestro problema’. Y ahí empieza el verdadero calvario. La premisa de la que muchos parten, que es la empresa la que te niega la cobertura, es una simplificación. La empresa denuncia, o debería denunciar. Quien tiene la lapicera para firmar el ‘no’ y desatar una pila de problemas es la ART. Y lo hace con una frecuencia que asusta, que agota.

La justificación es casi siempre la misma: ‘enfermedad inculpable preexistente’. Una forma elegante de decir que tus dolencias son tuyas y te las trajiste de casa. Que esa tendinitis en el hombro no es por levantar cajas ocho horas al día, sino por tu mala postura al dormir. Que esa hernia de disco no es por el esfuerzo repetitivo, es porque tenés una predisposición genética. Y así, con una liviandad pasmosa, se sacan de encima una responsabilidad que por ley les corresponde. Porque no nos engañemos, el sistema de Riesgos del Trabajo, más que un sistema de protección para el trabajador, es un negocio. Un negocio de seguros donde la prima se cobra siempre, pero la prestación, la cobertura, se paga… bueno, se paga cuando no queda más remedio. El ‘no’ inicial es la regla, no la excepción. Es el primer filtro. Muchos, agotados, enfermos, sin plata y sin entender qué hacer, bajan los brazos ahí mismo. Y esa, para la aseguradora, es la primera victoria.

El trabajador, de repente, se encuentra en un limbo. Su empleador le dice que no puede ir a trabajar así, pero la ART le dice que no le va a pagar un peso ni le va a dar un solo médico porque su problema no es ‘laboral’. ¿Y entonces? Entonces queda a la deriva, consumiendo los días de sueldo que le paga el empleador por enfermedad común, hasta que eso también se acaba. Se queda sin cobertura médica específica, sin tratamiento de rehabilitación y, lo más importante, sin el pago de las prestaciones dinerarias que le permitirían poner un plato de comida en la mesa mientras se recupera. Este es el punto de partida. No es una discusión teórica en un aula de la facultad de derecho. Es la realidad cruda de miles de personas que, además de lidiar con el dolor físico, tienen que empezar a pelear contra un gigante burocrático que está diseñado, precisamente, para desgastar. Para que te canses y abandones. Para que aceptes cualquier miseria con tal de terminar el suplicio. Esa es la verdad de la milanesa.

El laberinto de las Comisiones Médicas: ¿Trámite o filtro?

Cuando la ART te dice que no, el sistema te empuja a un lugar muy particular: las Comisiones Médicas. En los papeles, suenan como algo razonable. Un cuerpo de médicos oficiales que, de forma imparcial, van a determinar si tu dolencia tiene o no relación con el trabajo y, en su caso, qué grado de incapacidad te ha dejado. Suena bien, ¿no? La realidad, como siempre, es bastante más gris. Desde hace unos años, pasar por las Comisiones Médicas es obligatorio antes de poder pensar en un juicio. Es una parada forzosa. Y es un filtro, uno muy eficaz.

El trámite es un mundo en sí mismo. Formularios, turnos que tardan semanas o meses, viajes a la sede de la Comisión. Y una vez ahí, te ve un médico en cinco, diez minutos. Un profesional que tiene que evaluar decenas de casos por día. Revisa tus estudios, te hace dos o tres preguntas, y a otra cosa. La despersonalización es total. Sos un número de expediente. Y ese médico, que tiene que decidir sobre tu futuro, emite un dictamen. Muchas veces, ese dictamen confirma lo que dijo la ART. O te da un porcentaje de incapacidad irrisorio, que no se condice en nada con la realidad de tu cuerpo. ¿Por qué pasa esto? Uno podría pensar mil cosas. Que hay presiones, que los criterios son demasiado estrictos, que el sistema está pensado para bajar la litigiosidad a cualquier costo. Y probablemente haya un poco de todo eso.

El trabajador tiene que ir con todos los papeles bajo el brazo. Estudios médicos, resonancias, electromiogramas, informes de su médico particular. Todo. Porque la ART va a ir con su propio equipo de abogados y médicos auditores a defender su postura. Es una pelea de David contra Goliat desde el minuto cero. Si el dictamen de la Comisión Médica es negativo o te da una incapacidad con la que no estás de acuerdo, tenés la opción de apelar. Primero a una Comisión Médica Central, y después, finalmente, se abre la puerta de la Justicia. Pero mirá todo el camino que tuviste que recorrer. Un camino que puede llevar un año, o más. Un año sin cobrar lo que corresponde, con tratamientos a medias pagados por tu obra social –si tenés la suerte de que te cubra algo– y con una incertidumbre que te come la cabeza. Este sistema de ‘instancia administrativa previa y obligatoria’ se vendió como una solución para agilizar los reclamos. En la práctica, para muchos, es solo una barrera más, un peaje que hay que pagar para poder llegar, algún día, a un juez.

Cuando el expediente llega a Tribunales: La letra chica de la ley

Si sobreviviste a la odisea de las Comisiones Médicas y decidiste seguir, bienvenido al Poder Judicial. Acá las cosas cambian. O, mejor dicho, se vuelven más complejas. El campo de batalla ahora es un expediente y las armas son los escritos, las pruebas y, sobre todo, la paciencia. La ley madre en todo esto es la Ley de Riesgos del Trabajo, la 24.557. Una ley de los noventa, que nació con una filosofía muy clara: abaratar los ‘costos laborales’ para las empresas. Era un sistema cerrado, tarifado. Por tal incapacidad, tanto dinero. Sin importar las consecuencias reales en la vida de la persona. Era una tabla de Excel, básicamente.

Por suerte, la Justicia, a lo largo de los años, fue metiendo la cuchara. Empezó a declarar inconstitucionales varios artículos de esa ley. Fallos de la Corte Suprema, a los que todos los abogados laboralistas peregrinamos, abrieron la puerta a reclamos más justos, a la famosa ‘reparación integral’. Pero la ley se fue emparchando, modificando, y hoy es un monstruo lleno de remiendos. Acá es donde entran a jugar los conceptos clave. Primero, la diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. El accidente es un hecho súbito y violento: te caíste de un andamio, te cortaste con una máquina. Es fácil de probar. El problema son las enfermedades. La ley viene con un listado cerrado de enfermedades que se consideran ‘profesionales’. Si tu patología no está en esa lista, en teoría, no hay cobertura. Pero, ¿qué pasa con todas las dolencias que se producen por movimientos repetitivos, por estar en una mala posición durante años, por el estrés? El lumbago del operario, el síndrome del túnel carpiano de la administrativa, el estrés del bancario… bueno, ahí la jurisprudencia, con una ‘sensibilidad social’ que a veces aparece, nos dio una herramienta: la concausa.

La concausa es fundamental. Significa que el trabajo, si bien quizás no fue la única causa de tu enfermedad (porque podías tener una predisposición), actuó como un factor que la despertó, la agravó o la aceleró. Si lográs probar eso en un juicio, ganaste. Y para probarlo, la figura central es el perito médico de oficio. Un médico sorteado por el juzgado que te va a revisar, va a ver tus estudios, va a analizar tu puesto de trabajo y va a emitir un informe. Ese informe es, en el 90% de los casos, lo que define el juicio. Por eso la pelea se centra ahí. La ART va a poner su propio consultor técnico para intentar convencer al perito de que tu problema es ‘inculpable’. Y tu abogado tendrá que estar encima, aportando todos los elementos para que el perito vea la realidad completa. También está el famoso accidente in itinere, el que ocurre yendo o volviendo del trabajo. Parece simple, pero las discusiones que se arman son de antología. Que si te desviaste para comprar el pan, que si tardaste más de la cuenta, que si fuiste a visitar a tu tía… cada detalle se mira con lupa. Es un universo de tecnicismos donde una coma puede cambiar el destino de un reclamo.

Consejos de trinchera: Estrategia, no moral

Después de tantos años en esto, uno deja de creer en la justicia divina y empieza a creer en la estrategia. Acá no se trata de quién es bueno y quién es malo. Se trata de intereses. Y hay que jugar el partido con la cabeza fría. Así que, van algunos consejos de trinchera, sin adornos morales.

Para el trabajador: Lo primero, y más importante: la prueba médica es todo. Desde el día uno. Andá a un médico particular, guardá cada receta, cada orden de estudio, cada certificado. Hacete resonancias, tomografías, lo que sea necesario. Tu historia clínica privada es tu principal activo. No confíes ciegamente en los médicos de la ART; ellos responden a la ART. Segundo, buscá un abogado especialista. Esto no es para un generalista. Necesitás a alguien que conozca el paño, que sepa cómo funciona la Comisión Médica, que conozca a los peritos de su fuero. Tercero, paciencia. Esto es una maratón, no una carrera de 100 metros. Puede llevar años. Años. Si esperás una solución mágica y rápida, te vas a frustrar y vas a terminar aceptando un mal acuerdo. Y por último, sé honesto con tu abogado sobre tu estado de salud y tus antecedentes. Ocultar información solo sirve para que la otra parte la encuentre y la use en tu contra más adelante. No hay nada peor que una sorpresa en medio de un juicio.

Para la empresa (y por extensión, para la ART): La prevención es el mejor juicio que se gana. Pero como eso a veces es una utopía, lo segundo mejor es la documentación. Registren todo. Cada capacitación de seguridad, cada entrega de un casco, de un par de guantes, de un arnés. Con firma del trabajador. Esos papeles, en un juicio, valen oro. Si ocurre un accidente, hagan la denuncia a la ART inmediatamente. No especulen. Lavarse las manos rápido y pasarle la pelota a la aseguradora es la jugada más inteligente. Y en el juicio, la estrategia es el desgaste. Van a presentar todas las defensas posibles, van a cuestionar cada punto, van a apelar cada decisión. Su negocio es que el tiempo pase. Porque el tiempo licúa el valor del dinero y agota al reclamante. Es una estrategia cruel, sí, pero es la que usan. Es un cálculo de costos. A veces, es más barato pagarle a un estudio de abogados durante cinco años para pelear un caso que pagar la indemnización de entrada.

Al final del día, todo este sistema, con sus leyes, sus comisiones y sus tribunales, se resume en una negociación. Una negociación de poder, de tiempo y de dinero. El trabajador tiene el dolor y el derecho de su lado; la ART tiene el tiempo y los recursos económicos. En el medio, los abogados intentamos equilibrar un poco esa balanza. Pero nadie sale indemne. El trabajador, incluso si gana, se llevó puesto un proceso que lo desgastó física y mentalmente. La justicia que llega tarde, como dicen, no es del todo justicia. Es apenas una reparación, casi siempre incompleta, por un daño que nunca debió ocurrir. Y uno sigue viendo los expedientes apilarse, las mismas historias repetirse, y se pregunta si alguna vez vamos a aprender. La respuesta, me temo, ya la conocemos.