Problemas Legales del Cambio Climático: Migración Forzada
El Refugiado que Nadie Reconoce: Un Fantasma Legal
En el solemne universo del derecho, nos encantan las definiciones claras y las categorías estancas. Nos dan seguridad. El problema es que la realidad, con su pésimo hábito de ser compleja, insiste en presentarnos casos que desbordan nuestras prolijas carpetas. El ‘migrante climático’ es el ejemplo perfecto. Es un fantasma que recorre los pasillos de tribunales y oficinas de migraciones, pero para el cual no tenemos un formulario específico.
Nuestra legislación, principalmente la Ley de Migraciones N° 25.871 y la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165, es bastante explícita. Un refugiado, para que nos entendamos, es una persona que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Como se puede apreciar, la ‘subida del nivel del mar’, la ‘desertificación’ o una ‘temporada de huracanes particularmente inspirada’ no figuran en la lista. No hay un casillero para ‘Perseguido por el Monzón’.
El corazón del estatus de refugiado es la persecución. Un acto deliberado de un Estado, o de agentes que el Estado no puede o no quiere controlar, contra un individuo o grupo. La naturaleza, hasta donde sabemos, carece de intencionalidad política. Un río que se desborda no tiene opiniones sobre tu ideología ni pretende erradicar tu grupo étnico; simplemente, se desborda. Por lo tanto, bajo una interpretación estricta y dolorosamente literal de la ley, quien huye de un desastre natural no es un refugiado. Es, simplemente, alguien con muy mala suerte.
¿Qué es entonces? A falta de una etiqueta mejor, es un ‘migrante’. Y aquí reside la primera verdad incómoda: al clasificarlo así, lo despojamos de un plumazo de todo el andamiaje de protección especial que se construyó para los refugiados. El migrante ingresa en el sistema general, un mecanismo pensado para la migración laboral, familiar o educativa. Un sistema que te pide demostrar solvencia económica, no que muestres fotos de tu casa bajo el agua. Se le aplican los plazos, requisitos y la posibilidad de deportación como a cualquier otro extranjero que no cumple con los papeles, sin importar si el lugar al que se lo devuelve es habitable o un páramo inhabitable.
Algunos colegas con una pila de optimismo intentan forzar el argumento. Postulan que la inacción de un Estado frente a los efectos previsibles del cambio climático podría constituir una forma de ‘persecución’ indirecta. Es una construcción legal elegante, casi artística. Pero llevarla a la práctica y convencer a un juez de que la falta de construcción de una defensa costera equivale a la persecución sistemática de una minoría es, siendo generosos, una batalla cuesta arriba. Una muy, muy empinada.
Derechos en el Aire: La Constitución Frente a la Realidad
Cuando el derecho positivo nos cierra la puerta, siempre nos queda el consuelo de mirar hacia arriba, a la cúpula del sistema: la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Allí, en esas declaraciones de principios, las cosas se ponen más interesantes y, a la vez, más abstractas.
El artículo 14 de nuestra Constitución garantiza a todos los ‘habitantes’ el derecho de ‘entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino’. El Preámbulo, por su parte, asegura los beneficios de la libertad ‘para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino’. Son palabras magníficas. El detalle técnico, por supuesto, está en cómo se pasa de ser un ‘hombre del mundo’ a ser un ‘habitante’ legal. Ese pasaje está regulado por la ley de migraciones que, como vimos, no es particularmente amigable con la catástrofe climática. Se crea así una tensión perfecta: una invitación constitucional de par en par y una puerta legal con una mirilla muy pequeña.
Luego tenemos el artículo 41, que consagra el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Un derecho que, irónicamente, se invoca más para detener la tala de un bosque nativo que para proteger a la persona que huye de un bosque que se convirtió en desierto. La pregunta obvia es: ¿este derecho es solo para quienes ya están aquí? ¿O implica una obligación solidaria con quienes han perdido ese mismo derecho en su lugar de origen? La ley, por ahora, guarda un silencio prudente.
Aquí es donde el asunto se pone serio. El artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a una serie de tratados internacionales de derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, protege el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. Este es el verdadero campo de batalla legal. La discusión deja de ser si la persona es ‘refugiada’ o ‘migrante’ y pasa a ser si devolverla a su país de origen constituye una violación de su derecho a la vida porque, sencillamente, no hay condiciones para la subsistencia. Es el principio de no devolución (non-refoulement), una joya del derecho internacional, que prohíbe retornar a una persona a un lugar donde su vida o libertad corran peligro. Tradicionalmente se aplicaba a perseguidos políticos, pero cada vez más se argumenta que un entorno inhabitable es una amenaza tan real como un pelotón de fusilamiento, aunque considerablemente más lenta.
La Culpa, esa Abstracción tan Conveniente
Una vez que establecemos el drama humano y el vacío legal, surge la pregunta del millón: ¿quién tiene la culpa? Y, más importante para un abogado, ¿a quién se le puede mandar la factura? Aquí es donde el derecho se encuentra con la física, la economía y la política internacional, en una maraña de la que es casi imposible salir con una sentencia clara.
Pensemos en la posición del ‘acusador’, es decir, el migrante climático. Para iniciar una acción de daños, necesitaría probar una cadena de causalidad directa. Debería demostrar, con pericias científicas, que las emisiones de un actor concreto —sea un Estado o una corporación multinacional— contribuyeron de manera significativa y directa a la sequía específica que arruinó su cosecha y lo forzó a abandonar su tierra. Es una tarea titánica, casi una fantasía procesal. ¿Cómo se aísla la responsabilidad de una empresa entre miles de emisores globales a lo largo de un siglo? ¿Cómo se demuestra que fue ‘esa’ tonelada de carbono y no otra la que colmó el vaso? La complejidad es el mejor escudo de los responsables.
Ahora, pongámonos en los zapatos del ‘acusado’, por ejemplo, el Estado argentino que recibe a estas personas. Su defensa es sólida y desalentadora. Primero, puede afirmar que el cambio climático es un fenómeno global y que su contribución al problema es ínfima en comparación con las grandes potencias industriales. Segundo, puede sostener que no existe una obligación jurídica internacional explícita que lo fuerce a aceptar ‘refugiados climáticos’. Tercero, puede invocar su derecho soberano a regular sus fronteras. Y cuarto, como argumento final, puede señalar que cumple con sus compromisos (o al menos, firma los papeles) en los foros internacionales sobre el clima. El Estado no necesita negar el problema; le basta con negar que sea *su* problema legal resolver las consecuencias migratorias de forma individual.
Consejos desde la Trinchera: Estrategias para un Juego sin Reglas
En un escenario sin un manual de instrucciones claro, las estrategias legales deben ser creativas, pragmáticas y, a veces, un poco cínicas. No estamos aquí para hacer poesía, sino para encontrar una rendija en el muro.
Para el ‘acusado’ (el Estado o una empresa demandada): La estrategia es simple: negar la competencia y dilatar. El primer movimiento es argumentar que no es un asunto justiciable. Que la gestión de flujos migratorios por causas climáticas es una cuestión política, no legal, y que debe ser resuelta por el Poder Ejecutivo o el Legislativo, no por un juez. Es la carta clásica de la división de poderes. Si eso falla, se debe atacar la causalidad. Exigir pruebas diabólicas sobre el nexo entre la acción del demandado y el daño del demandante. Finalmente, cualquier ayuda que se brinde debe ser enmarcada como un acto ‘humanitario’ y ‘discrecional’, nunca como el cumplimiento de una obligación legal. Conceder el derecho sentaría un precedente, y un precedente es lo último que un Estado en esta posición desea. Es una defensa de manual: no es mi competencia, no fui yo, y si ayudo es porque soy bueno, no porque deba.
Para el ‘acusador’ (el migrante y su representación legal): El camino es más arduo y requiere astucia. Olvídense de intentar que un juez declare a su cliente ‘refugiado climático’. Es una batalla semántica perdida antes de empezar. La estrategia debe centrarse en los derechos humanos fundamentales. La clave es el principio de no devolución. El argumento central no es ‘mi cliente es un refugiado climático’, sino ‘si deportan a mi cliente, su vida corre peligro inminente’. La causa del peligro —el clima— es secundaria al hecho del peligro en sí. Se debe bombardear al juez con pruebas del desastre en el país de origen: informes de la ONU, estudios científicos, imágenes satelitales. Hay que transformar un caso de migraciones en un caso sobre el derecho a la vida.
La segunda vía, más pragmática, es la solicitud de residencia por ‘razones humanitarias’, una categoría contemplada en nuestra ley migratoria. Es un camino discrecional, depende de la sensibilidad del funcionario de turno, pero es una puerta que existe. Aquí, la narrativa es crucial. No se trata de un argumento legal frío, sino de una historia humana convincente. Finalmente, para los que tienen recursos y tiempo, queda el litigio estratégico. No buscar solo la solución para un caso, sino un fallo que siente jurisprudencia. Demandar al Estado no por el cambio climático, sino por su omisión en crear protocolos para proteger a las víctimas, argumentando que esa inacción viola deberes constitucionales. Es un partido largo, caro y con pocas garantías de éxito. Pero es, quizás, la única forma de obligar al sistema a crear la regla que falta.
Mientras los abogados afilamos estos argumentos, la gente sigue huyendo de tierras que se vuelven hostiles. Y uno no puede evitar pensar que el mayor problema no es la falta de una coma en la ley, sino la abrumadora falta de voluntad política. Se nos pide a los tribunales que pongamos un parche en una herida que la política se niega a suturar. Una tarea noble, sin duda. Y, como casi todo lo noble, probablemente inútil a gran escala.
