Policía, Disparo y Tercero Herido: La Responsabilidad Penal y Estatal
El Teatro de la Legítima Defensa y el Cumplimiento del Deber
Uno se cansa de verlos. Los expedientes llegan a la mesa con el olor a pólvora todavía fresco, aunque el hecho haya ocurrido hace meses. Un agente de policía, una persecución, un disparo que no va donde tenía que ir y un ciudadano común, un transeúnte, que termina pagando los platos rotos con un pedazo de plomo en el cuerpo. Y ahí empieza el verdadero calvario, el que no sale en las noticias de la noche. El calvario judicial. La primera palabra que todos aprenden en este baile es ‘legítima defensa’. La defensa del policía la va a invocar casi por acto reflejo, es el manual de procedimiento del abogado penalista que asiste a un miembro de la fuerza. Pero la legítima defensa, esa figura del artículo 34 de nuestro Código Penal, es un traje que rara vez calza a la perfección en estos casos.
Para que se configure, se necesitan tres cosas que rara vez conviven en armonía en el caos de una persecución. Primero, una agresión ilegítima. ¿El sospechoso estaba agrediendo al policía de una forma que justificara el uso de un arma de fuego? Segundo, la necesidad racional del medio empleado. Y acá es donde todo se pudre. ¿Era racional, era necesario, disparar en una calle concurrida, con el riesgo evidente de herir a un inocente? La racionalidad se mide con la cabeza fría de un juez, meses después, no con la adrenalina de un agente corriendo por la calle. Y tercero, la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Este requisito suele darse por sentado con la policía, pero no siempre es así.
Lo que pasa es que la legítima defensa se entrelaza, se confunde, con otra figura: el cumplimiento de un deber. El policía no es un ciudadano cualquiera defendiéndose de un robo. Es un agente del Estado, con el monopolio de la fuerza y el deber de actuar. El Estado le dio el arma, la capacitación (o la falta de ella) y la orden de perseguir al delincuente. Entonces, el análisis es más complejo. No se trata solo de si se defendía, sino de si actuaba cumpliendo su función. Y acá surge el concepto del ‘exceso’. ¿Actuó dentro de los límites de su deber o se excedió? El exceso puede ser doloso, con intención, o culposo, por imprudencia. Y es en esa fina línea donde se libra la batalla legal más dura.
La jurisprudencia, sobre todo la de la Corte Suprema y las cámaras de casación, ha sido muy clara en esto. Se le exige al personal policial un estándar de conducta superior al del ciudadano común. Se espera que tengan un mayor dominio de sí mismos, que sepan manejar situaciones de estrés. La famosa ‘sensibilidad social’ de los tribunales a veces juega a favor del agente, entendiendo la presión del momento, pero otras veces, sobre todo en casos con víctimas inocentes, se vuelve en su contra. Se activa una presunción de que el Estado y sus agentes deben ser los garantes últimos de la seguridad, no una fuente de peligro. Y cuando una bala del Estado hiere a un ciudadano que pagaba sus impuestos, el sistema entero se siente interpelado. El expediente, entonces, deja de ser la historia de un policía y un ladrón para convertirse en una cuestión de política criminal y responsabilidad estatal.
La Culpa, ese Terreno Pantanoso
Cuando la pericia balística, los testimonios y la reconstrucción del hecho demuestran que el disparo fue ‘imprudente’, como suele pasar, el castillo de naipes de la legítima defensa se derrumba. Ya no discutimos si la acción estaba justificada, sino qué tipo de reproche penal merece. Entramos en el terreno más resbaladizo y fascinante del derecho penal: la distinción entre el dolo y la culpa. Y acá es donde los abogados nos ganamos el sueldo, o lo perdemos.
La fiscalía, casi por sistema, va a intentar calificar el hecho como un homicidio (o lesiones) cometido con dolo eventual. El dolo eventual es esa figura maravillosa, casi poética, que los fiscales sacan de la galera cuando no pueden probar la intención directa, pero el resultado es demasiado grave como para llamarlo un simple accidente. ¿Qué significa? En criollo: el policía, al disparar en esas circunstancias, tuvo que haberse representado como altamente probable que podía herir a un tercero inocente. Y a pesar de esa representación, siguió adelante, aceptando el resultado, como si dijera ‘que pase lo que tenga que pasar’. Le fue indiferente. Probar esa indiferencia, ese elemento volitivo interno, es diabólicamente difícil. Es casi un ejercicio de psicoanálisis sobre una persona a la que nunca le vamos a poder abrir la cabeza para ver qué pensó en esa fracción de segundo.
La defensa, por supuesto, va a pelear con uñas y dientes para que el hecho se encuadre en la culpa con representación. La figura es sutilmente diferente, pero la distancia en años de cárcel es abismal. En la culpa con representación, el sujeto también se representa el resultado como posible, pero a diferencia del dolo eventual, confía en que su habilidad, su pericia o la suerte evitarán que ocurra. No acepta el resultado, no le es indiferente; simplemente, peca de un exceso de confianza, de una imprudencia temeraria. Actúa pensando ‘esto es riesgoso, pero a mí no me va a pasar’. Es la diferencia entre jugar a la ruleta rusa con un solo cartucho (culpa con representación) y jugarla con cinco (dolo eventual). La línea es filosófica, pero las consecuencias son brutalmente concretas.
Todo el juicio penal se convierte en una batalla por definir ese estado mental. Se analizan las directivas policiales, la distancia del disparo, la visibilidad, la cantidad de gente en la calle, la experiencia del agente. Cada detalle sirve para inclinar la balanza. ¿Era un novato asustado o un veterano con exceso de confianza? ¿Disparó hacia el suelo, al aire, o en dirección a una multitud? La doctrina penal ha escrito bibliotecas enteras sobre esto, y los jueces, créame, a menudo resuelven según su propia concepción del mundo, su ‘sana crítica racional’ que a veces es más crítica y menos racional de lo que admite el código. Es una zona gris donde la técnica jurídica se mezcla con la valoración personal, y el resultado es, muchas veces, impredecible.
La Defensa: Estrategias de Supervivencia en el Barro Judicial
Ahora, bajemos al barro. A la trinchera. ¿Qué le decimos al policía y qué le decimos a la víctima? Aquí no hay moral, solo estrategia. Al policía, su abogado le dirá que la mejor defensa no es negar el hecho, que es innegable, sino atacar la culpabilidad desde otro ángulo. La estrategia del ‘yo no fui’ rara vez funciona cuando hay una bala tuya en el cuerpo de alguien. La estrategia inteligente es la de la ‘falla del sistema’.
Se argumenta que el verdadero culpable es el Estado que lo mandó a la guerra con un escarbadientes. Se presentan pericias psicológicas que hablan del ‘estrés agudo’ y del ‘síndrome de la persecución’, tecnicismos que visten de ciencia la simple y llana realidad del miedo. El eje del argumento es: ‘Yo no soy un criminal, soy una víctima más de un sistema que no me capacitó correctamente’. Se traen a colación los manuales de procedimiento, se demuestra que las prácticas de tiro son insuficientes, que la preparación psicológica es nula. Esta defensa es brillante por dos motivos. Primero, humaniza al policía ante el tribunal, lo corre del rol de victimario. Segundo, y más importante, le sirve para mitigar la pena. Un tribunal puede ser más benévolo con alguien que actuó bajo una presión enorme y con herramientas deficientes. Busca llevar el caso de un posible dolo eventual a una culpa, y si es posible, a una pena de ejecución condicional. Es una estrategia de control de daños.
A la víctima, o mejor dicho, a sus abogados (la querella), el consejo es otro. Hay que ser implacable, pero frío. El primer paso es constituirse como querellante y actor civil en la causa penal. Esto es fundamental. Permite proponer prueba, controlar la investigación del fiscal y, sobre todo, asegurar la futura indemnización económica. La querella debe contratar sus propios peritos: un balístico independiente que refute el informe oficial si es necesario, un médico legista que magnifique la gravedad de las lesiones y sus secuelas, un psicólogo que detalle el ‘daño moral’.
La estrategia de la querella es la opuesta a la de la defensa: hay que deshumanizar la acción del policía y presentarla como una muestra de brutalidad o, como mínimo, de una negligencia criminal inexcusable. Se insistirá en el dolo eventual, aunque se sepa que es difícil de probar, porque mantiene la presión alta y abre la puerta a una negociación más favorable. En el fondo, para la víctima, el proceso penal es a menudo el prólogo de lo que realmente importa: el juicio civil. Una condena penal, aunque sea por un delito culposo, deja sellada la responsabilidad del autor del hecho, y eso es oro en polvo para el reclamo económico que vendrá después. El objetivo es claro: conseguir una sentencia condenatoria, por el delito que sea, porque esa sentencia es la llave que abre la caja fuerte del Estado.
La Responsabilidad del Estado: El Pagador Silencioso
Y aquí llegamos al personaje principal que casi nunca se sienta en el banquillo de los acusados en el fuero penal: el Estado. Provincial, generalmente. Mientras el policía se juega su carrera y su libertad, el verdadero poder económico detrás de la tragedia se mueve en un carril paralelo: el del fuero contencioso administrativo. La víctima, a través de sus abogados, iniciará una demanda por daños y perjuicios contra el Estado. Y aquí las reglas del juego son completamente diferentes.
En el juicio civil no se discute el dolo o la culpa con el mismo rigor que en el penal. Rige la responsabilidad objetiva del Estado por ‘falta de servicio’. La teoría es simple: el Estado es responsable por los daños que causan sus agentes en ejercicio de sus funciones. Si el servicio de seguridad ‘funcionó mal’ –y vaya si funcionó mal cuando un agente suyo le dispara a un inocente–, el Estado debe pagar. La condena penal del policía es la prueba más contundente de esa falta de servicio, pero incluso si el policía fuera absuelto en sede penal (por ejemplo, por el beneficio de la duda), el Estado aún podría ser condenado en sede civil, donde el estándar de prueba es menor.
Irónicamente, la propia estrategia de defensa del policía, la de la ‘capacitación deficiente’, se convierte en el mejor argumento de la víctima contra el Estado. Si la defensa prueba que el Estado no capacitó bien a su agente, está confesando la ‘falta de servicio’. El Estado queda atrapado en una pinza. Por un lado, debe defender a su agente para no admitir su propia falla. Por otro, cada argumento que el agente usa para salvarse a sí mismo, hunde más al Estado en el pantano de la responsabilidad civil.
El juicio por daños es un mundo aparte. Aquí se habla de cifras. Se reclama por el daño emergente (gastos médicos, rehabilitación), el lucro cesante (lo que la víctima dejó de ganar por estar incapacitada), la pérdida de chance y, la estrella de todos los reclamos, el daño moral. El daño moral es el precio del sufrimiento, de la angustia, del proyecto de vida que se vio truncado o alterado para siempre por el disparo. Es un rubro que los jueces suelen tasar con bastante generosidad en estos casos, porque entienden que la agresión provino de quien debía proteger.
Claro que este camino es largo, tedioso y caro. Litigar contra el Estado es como pelear contra un gigante somnoliento. Los procesos duran años, a veces una década. Y obtener una sentencia favorable es solo la mitad de la batalla. La otra mitad es cobrarla. El Estado paga cuando quiere y como quiere, a través de sistemas de consolidación de deuda y presupuestos que se estiran como chicle. Pero al final del día, es la única vía para que la víctima obtenga una reparación integral. El policía, con su sueldo modesto, jamás podría afrontar una indemnización de esa magnitud. El verdadero responsable, el que tiene la billetera, es ese ente anónimo y burocrático que le dio el arma y lo mandó a la calle. Y esa es la conclusión más cínica y realista de todo este asunto: la justicia penal busca un culpable, pero la verdadera ‘justicia’ para la víctima, la que se traduce en recursos para reconstruir una vida, se busca en otro lado, y tiene un precio que siempre, siempre, paga el contribuyente.
