Falta de Habilitación Comercial: Consecuencias y Estrategias
El Ecosistema de la No Habilitación: Una Introducción
Parece mentira que, a estas alturas, sigamos hablando de la habilitación comercial como si fuera un arcano secreto custodiado por monjes burócratas. Pero la realidad insiste en superarse. La habilitación no es más que el permiso que otorga la autoridad competente para que un determinado espacio físico pueda ser utilizado con fines comerciales. Es la línea, a veces delgada y siempre tediosa, que separa a un emprendimiento legítimo de una aventura informal con serios riesgos de terminar en un desastre legal y financiero.
Su propósito, más allá de alimentar la maquinaria estatal con tasas y sellados, tiene un anclaje en conceptos que suenan bastante razonables: seguridad, salubridad y zonificación. Seguridad, para que el local no se convierta en una trampa mortal por una instalación eléctrica deficiente. Salubridad, para que lo que se venda o elabore no termine enfermando a media ciudad. Y zonificación, esa maravillosa idea de que una fundidora de acero pesado quizás no sea el mejor vecino para un jardín de infantes.
En este escenario, como en toda buena obra de teatro, tenemos a nuestros personajes principales. Primero, el Titular del Comercio, a menudo un emprendedor con más entusiasmo que conocimiento de la normativa, que cree que con inscribirse en el monotributo y tener buena voluntad ya cumplió con su deber cívico. Segundo, el Denunciante, que puede ser un vecino harto del ruido, un competidor que sí hizo los deberes y no aprecia la competencia desleal, o simplemente un ciudadano con un agudo sentido del orden. Y tercero, la Autoridad de Aplicación, el ente estatal que aparece con su poder de policía, sus inspectores y sus fajas de clausura, para recordarle al primero por qué el segundo tenía razón.
Entender que estos tres actores existen y que sus intereses son, por definición, contrapuestos, es el primer paso para analizar cualquier situación de falta de habilitación. No es un simple olvido. Es un estado de irregularidad que genera derechos y obligaciones para todas las partes, aunque una de ellas preferiría no tener ninguna.
La Perspectiva del Acusado: «Yo Solo Quería Trabajar»
Cuando un inspector toca a la puerta y labra un acta de infracción, el mundo del comerciante sin habilitación tiende a desmoronarse. La primera reacción es la negación, seguida de la indignación. La frase «pero si yo no le hago mal a nadie» se convierte en un mantra inútil. El Estado, a través de su agente, no está ahí para debatir filosofías sobre el bien y el mal, sino para constatar un hecho objetivo: la falta de un papel.
El proceso que se inicia es predecible. El acta de infracción es la notificación formal del incumplimiento. Ignorarla es, posiblemente, la peor decisión que se puede tomar. El procedimiento seguirá su curso en rebeldía, culminando probablemente en la multa más alta posible y una orden de clausura. Es como ver que el auto pierde aceite y decidir que la solución es subir el volumen de la radio para no escuchar el ruido del motor fundiéndose.
La estrategia, si se puede llamar así, comienza por aceptar la realidad. Hay que recibir el acta y leerla con una atención quirúrgica. ¿Están bien los datos del local? ¿La fecha, la hora? ¿El inspector se identificó correctamente? Los vicios de forma son una defensa posible, aunque no nos engañemos: es como buscar un oasis en el desierto. A veces aparece, pero lo más probable es que solo encontremos más arena.
El siguiente paso es el descargo. Este no es un muro de los lamentos. Es un escrito técnico. Llorar, quejarse de la economía o explicar las buenas intenciones no sirve de nada. Se deben presentar argumentos de hecho y de derecho. La defensa más contundente, y la que los jueces administrativos más aprecian, es la acción. Iniciar de inmediato el trámite de habilitación es una muestra de buena fe que puede, y suele, atenuar la sanción. Es llegar al juicio diciendo: «Señoría, reconozco mi falta, pero ya estoy en camino a la redención». Esto tiene mucho más peso que cualquier excusa.
Un error común es confundir habilitación con otras inscripciones. Tener CUIT, pagar impuestos nacionales o provinciales, tener un dominio web… nada de eso reemplaza la habilitación municipal o local. Es el permiso específico sobre el inmueble, y su lógica es independiente del resto de las obligaciones fiscales.
La Perspectiva del Acusador: El Arte de la Denuncia Efectiva
Del otro lado del mostrador, tenemos al denunciante. Lejos de ser siempre un villano, a menudo es una víctima. El vecino que no puede dormir por la música de un bar clandestino o el comerciante que ve cómo su competidor de enfrente vende lo mismo pero ahorrándose una pila de dinero en adecuaciones de seguridad, tiene todo el derecho a exigir que las reglas se cumplan para todos.
Sin embargo, para que esa exigencia sea efectiva, debe canalizarse correctamente. Una queja anónima o un llamado a una línea genérica rara vez conduce a algo. La denuncia debe ser formal, precisa y fundada. No es lo mismo decir «el local de al lado hace ruido» que presentar un escrito detallando: «El comercio sito en la calle Falsa 123, que opera bajo el nombre de fantasía ‘El Ruidoso’, genera vibraciones y música a alto volumen de jueves a sábados, entre las 23:00 y las 06:00 hs, impidiendo el descanso de los vecinos del consorcio».
Aportar pruebas, aunque no sea estrictamente obligatorio, suma una cantidad de peso impresionante. Fotos de mercadería en la vereda, filmaciones discretas de la actividad fuera de horario, la firma de varios vecinos afectados; todo sirve para que la autoridad de aplicación no pueda mirar para otro lado. Se trata de darle al Estado el impulso y la justificación que necesita para actuar.
El denunciante debe entender que el objetivo del sistema no es la venganza, sino el cumplimiento de la ley. El resultado de su denuncia puede no ser la clausura definitiva, sino que el infractor se vea obligado a regularizar su situación. Quizás deba insonorizar el local, o limitar su horario, o instalar medidas de seguridad. El fin último es la convivencia armónica dentro de un marco legal, un concepto que a veces se nos olvida.
Verdades Incómodas y Revelaciones Obvias del Proceso
Después de ver desfilar cientos de estos casos, uno llega a ciertas conclusiones que, aunque evidentes, parecen sorprender a los protagonistas cada vez que se las encuentran de frente. Son las verdades incómodas de la habilitación comercial.
Primera revelación: A la ley no le importan tus intenciones. El derecho administrativo es brutalmente objetivo. La norma exige un permiso, y o se tiene o no se tiene. El hecho de que tuvieras la intención de tramitarlo la semana que viene, o que tu producto sea maravilloso, o que generes empleo, es irrelevante para la constatación de la falta. Son argumentos, en todo caso, para la etapa de graduación de la sanción, pero no para evitarla.
Segunda revelación: El costo de cumplir siempre es menor. El cálculo cortoplacista de «me ahorro el trámite» es una trampa mortal. Los gastos de la habilitación (honorarios de gestores o profesionales, tasas, adecuaciones edilicias) son finitos y previsibles. Los costos de no cumplir son una incógnita que incluye multas, intereses, costas legales, días de clausura con lucro cesante y un daño reputacional difícil de cuantificar. La cuenta, al final, nunca cierra a favor del infractor.
Tercera revelación: El Estado tiene la sartén por el mango. En el derecho administrativo rige el principio de presunción de legitimidad del acto administrativo. Esto significa que lo que dice el inspector en su acta se presume cierto hasta que el acusado demuestre, con pruebas contundentes, lo contrario. La carga de la prueba recae sobre el particular. Es una batalla cuesta arriba, en la que uno empieza perdiendo uno a cero desde el vestuario.
Cuarta revelación: La ignorancia no es una excusa válida. El principio de que la ley se presume conocida por todos no es una frase bonita para los manuales de derecho. Es un pilar del sistema. Alegar «yo no sabía que necesitaba esto» es equivalente a no decir nada. La obligación de informarse sobre los requisitos para ejercer una actividad comercial es del comerciante, no del Estado.
En definitiva, la habilitación comercial no es un enemigo. Es una regla de juego. Es el peaje que hay que pagar para participar de la economía formal de manera segura y previsible. Intentar tomar el atajo es posible, pero es importante saber que no es una avivada, sino una apuesta. Y como en toda apuesta, la casa, casi siempre, gana.
