El Juicio de Manuel Noriega: Crónica de un Aliado Incómodo
Un Activo Estratégico, de Repente, Descartable
Para comprender el juicio a Manuel Antonio Noriega, primero hay que entender que, durante mucho tiempo, fue cualquier cosa menos un enemigo. Desde la década de 1960, Noriega figuraba en la nómina de la Agencia Central de Inteligencia. Era, en la jerga de la época, “nuestro hombre”. Un informante confiable, un colaborador eficaz en la lucha contra el comunismo, esa gran narrativa que todo lo justificaba. Su ascenso en la jerarquía militar y su eventual control del país no fueron vistos como una amenaza, sino como el fortalecimiento de un socio estratégico. Sus métodos, digamos, poco ortodoxos para mantener el orden y sus coqueteos con el bajo mundo eran un secreto a voces, un costo operativo que se asumía con gusto a cambio de inteligencia y estabilidad en una zona vital.
La relación era de una simbiosis casi perfecta. Noriega obtenía poder, legitimidad indirecta y una pila de recursos, mientras que sus patrones obtenían un puesto de avanzada para sus operaciones regionales. El problema es que los activos, a veces, se vuelven pasivos. Con el ocaso de la Guerra Fría, la utilidad de un anticomunista acérrimo comenzó a declinar. Simultáneamente, Noriega se volvió más audaz, sus negocios paralelos más visibles y su lealtad, más ambigua. La revelación pública de su doble juego, que incluía vender información a múltiples postores, y su implicación cada vez más descarada en el narcotráfico lo convirtieron en una vergüenza. La misma figura que había sido protegida y financiada se transformó, casi de la noche a la mañana, en un dictador y un narco-tirano. No porque su naturaleza hubiera cambiado, sino porque su utilidad se había agotado.
La “Causa Justa”: Una Invasión con Ropa de Legalidad
Cuando la diplomacia y las sanciones económicas no lograron convencer a Noriega de que su tiempo había terminado, se optó por una solución más directa. La invasión de diciembre de 1989, bautizada con el nombre de “Operación Causa Justa” —un título que ya delata cierta necesidad de auto-convencimiento—, fue una demostración de fuerza abrumadora. Oficialmente, los objetivos eran salvaguardar la vida de ciudadanos estadounidenses, restaurar la democracia, proteger la integridad del Canal y llevar a Noriega ante la justicia. Argumentos loables, sin duda.
Sin embargo, la operación se parecía más a la liquidación de una sucursal rebelde que a una cruzada por la libertad. Fue un acto unilateral, justificado bajo una interpretación muy laxa del derecho internacional. La captura de Noriega fue el clímax de este espectáculo. Tras refugiarse en la Nunciatura Apostólica, fue sometido a una guerra psicológica que incluía el uso de altavoces a todo volumen con música rock, una táctica que roza lo cinematográfico. Finalmente, se entregó. Fue subido a un avión y trasladado a Miami para enfrentar un juicio que ya parecía tener un guion escrito. El general, el jefe de Estado de facto, se convertía en un simple prisionero en un país extranjero, un detalle legal que requeriría una notable creatividad por parte de los fiscales.
El Espectáculo Judicial: Un Guion Previsible
El juicio de Manuel Noriega en Miami fue un hito. Por primera vez, un líder extranjero capturado en una acción militar era juzgado en un tribunal civil estadounidense. La defensa, como era de esperar, se centró en un argumento de peso: la inmunidad soberana. Noriega, como jefe de Estado, no podía ser juzgado por las leyes de otra nación. El tribunal, con una lógica impecable para sus propios fines, determinó que como su gobierno no era reconocido por los Estados Unidos en el momento de la invasión (a pesar de años de tratos cordiales), no gozaba de tal inmunidad. Un tecnicismo brillante.
Las acusaciones fueron cuidadosamente seleccionadas: narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. Se evitó cualquier cargo relacionado con violaciones a los derechos humanos o asesinatos políticos, terrenos pantanosos que podrían haber salpicado a sus antiguos empleadores de la CIA. El desfile de testigos de la fiscalía fue notable: en su mayoría, narcotraficantes convictos que, a cambio de sus testimonios contra Noriega, recibieron sentencias reducidas o inmunidad. El sistema judicial demostraba, una vez más, su asombrosa flexibilidad cuando el objetivo es claro. Se pintó el retrato de un capo de la droga, omitiendo deliberadamente las pinceladas que mostraban al espía y al aliado.
El Veredicto y la Moraleja que Nadie Quería Escuchar
En abril de 1992, Manuel Noriega fue declarado culpable de ocho de los diez cargos. Sentenciado a 40 años de prisión, que luego se reducirían, su destino quedó sellado. La “guerra contra las drogas” se anotaba una victoria resonante y el sistema judicial estadounidense reafirmaba su alcance global. Se había hecho justicia, o al menos, una versión de ella que resultaba conveniente para la narrativa oficial. El hombre fuerte, el dictador que desafió a una superpotencia, estaba tras las rejas.
Pero la verdadera moraleja del caso Noriega es menos heroica y bastante más incómoda. Es una lección sobre la naturaleza del poder y la relatividad de las alianzas. Demuestra que la línea que separa a un “luchador por la libertad” de un “tirano brutal” no siempre está definida por la moral, sino por la conveniencia geopolítica. Noriega no fue juzgado por todos sus crímenes, sino solo por aquellos que afectaban los intereses de sus antiguos socios y que no los implicaban a ellos. Su caída no fue el triunfo del bien sobre el mal, sino el resultado de una relación laboral que terminó de la peor manera. Es la historia de un instrumento que, una vez que dejó de ser útil y se convirtió en un problema, fue fríamente desmantelado y archivado por sus propios creadores. Una verdad tan obvia como persistentemente ignorada.
